Marlaska, una dimisión necesaria

Lo que a primera vista pudiera parecer un suceso inevitable es algo más que eso. Es sabido que los policías y guardias civiles que luchan contra el narcotráfico, especialmente en la zona del Estrecho, carecen de los medios necesarios para realizar su labor con éxito. Ello, sin embargo, no les impide darlo todo en esa lucha desigual. La asociación Nuestro Corazón Por Bandera, formada por familiares de guardias civiles, viene advirtiendo públicamente sobre la situación insostenible en que viven muchos agentes en determinadas zonas de nuestro país, con el temor de que episodios dramáticos como el de Barbate se podrían volver a repetir. Y se han repetido.

 

Es al Gobierno a quien corresponde dotar de medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y es aquí donde se falla. La misma reclamación se hizo tras el doble crimen de Barbate y según lo visto, cayó en saco roto. Muy probablemente asistiremos a las vacuas y falsas condolencias del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pero él es el principal responsable del desmantelamiento de OCON-Sur, la unidad especial de la Guardia Civil creada para combatir el narcotráfico en la zona del Estrecho de Gibraltar. Desde su creación en 2018, esa unidad desmanteló numerosas bandas dedicadas al narcotráfico e incrementó las incautaciones de droga y dinero. Sin embargo, su tarea duró poco porque en 2024 fue desmantelada por el Gobierno, posiblemente plegado a los intereses de Marruecos. Esa decisión generó críticas de asociaciones policiales, jueces y autoridades, que consideraban que la unidad había sido eficaz y que su eliminación podía debilitar la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho. Como así ha sido. 

 

La desaparición de OCON-Sur fue una mala decisión política que venía a abrir la puerta de la Península al tráfico de droga, no sólo del procedente de Marruecos, sino ya incluso al que llega desde países tan lejanos como Colombia y Venezuela, que han visto una oportunidad para inundar Europa de su polvo blanco. La situación actual es insostenible y si de verdad el Gobierno tuviera interés en luchar contra el narco tendría que dar un giro de 180 grados a sus políticas y dotar de más medios, más respaldo y más autoridad a quienes defienden el Estado y la ley. Y no por último es menos exigible la dimisión inmediata de Marlaska, un ministro indigno porque no es capaz de garantizar los medios y la seguridad de unos servidores públicos que entregan lo más valioso: sus vidas.