Luzón presenta el informe final del juicio del 'caso mascarillas'

Anticorrupción rechaza que Sánchez fuera el número 1 de la "verdadera organización criminal"

Considera que la "prueba de cargo" contra Ábalos, Koldo y Aldama es "abundante y demoledora" - Advierte que la corrupción "está carcomiendo el sistema democrático"

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no era el número uno" en la "verdadera organización criminal" que, ha recalcado, conformaron el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama.

 

Así lo ha expresado el jefe de la Fiscalía Anticorrupción en su informe final del juicio en el Tribunal Supremo contra los tres acusados por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas.

 

"No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Aldama", ha pronunciado.

 

Luzón ha incidido en que Ábalos era "denominado jefe por unos y por otros, desde luego por los otros dos acusados, y también por todo el entorno de Aldama".

 

Y ha hecho hincapié en el "matiz" del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, que aseguró en esta sala, de que "quien paga manda y quien paga y exige es Aldama".

 

"Pero habría que hacer también una segunda precisión a esta consideración, y es que  Aldama no interviene en algunos de los delitos de que vienen acusados Ábalos y Koldo", ha puntualizado.

 

Luzón ha querido dejar "claro" que hay que tener eso en cuenta cuando se comparan las peticiones de penas para el empresario con las de Ábalos y Koldo, que "no han necesitado contar con Aldama para la comisión de esas conductas".

 

El fiscal ha asegurado que la presunta trama nace en el seno del Ministerio de Fomento --después denominado de Transportes-- a raíz de la llegada de Ábalos en junio de 2018 y de unas "relaciones personales" que surgieron y que "pronto" convinieron en el "común lucro", lo que dio pie a una "verdadera organización criminal".

 

"Todo acabó en un pacto corruptor que a todas las partes acababa interesando", ha subrayado, para destacar que la "prueba de cargo" contra los tres acusados es "abundante" y "demoledora".

 

'¿DE DÓNDE SACA PA' TANTO COMO DESTACA?'

 

Entre ellas, sobre los pagos mensuales de 10.000 euros ha recordado que Aldama "reconoce" haber hecho. "Los acusados no han conseguido una respuesta válida a esa pregunta que se hacían en el viejo cuplé: '¿De dónde saca pa' tanto como destaca?'", ha dicho.

 

Luzón ha indicado que esa pregunta se la deberían "hacer todos los españoles respecto a los funcionarios públicos" y también "los directores de las sucursales bancarias donde se ingresaron ingentes cantidades de dinero en efectivo" por parte de Ábalos y Koldo.

 

Respecto a las mascarillas, el fiscal ha denunciado la existencia de un "acuerdo previo y privilegiado" con Aldama, dado que "la orden ministerial" para la compra de material sanitario "se emite mucho después" o que "el número de mascarillas lo decide la empresa" elegida, Soluciones de Gestión, vinculada al presunto conseguidor.

 

EL COMIENZO DE LA CORRUPCIÓN EN 2019

 

También ha mencionado que el pago del piso de Plaza de España en el que vivió Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, durante casi tres años es "el comienzo de la corrupción, ya en marzo de 2019".

 

Y sobre su contratación en empresas públicas como Ineco y Tragsatec, está "plenamente acreditado" que Koldo, "por cuenta de Ábalos", ejerció una "presión moral eficiente" sobre la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que reconoció como testigo haber pasado el currículum de Jéssica a la presidenta de Ineco.

 

"Es curioso, Pardo de Vera dice que ella se limitó a remitir el currículum y dijo que enviar un currículum no significa nada. Y discrepo profundamente de esa afirmación: enviar un currículum no significa nada depende de quién lo envíe", ha remachado.

 

LA ATENUANTE MUY CUALIFICADA POR CONFESIÓN, "POSIBLE"

 

Por otro lado, Luzón ha salido en defensa de incentivar "la colaboración de personas que han tomado parte en el delito mediante la rebaja sustancial o la exención de la pena", como Aldama.

 

Ha afirmado que, "si no, es imposible acreditar la existencia de esa organización". "Si de verdad queremos combatir las organizaciones criminales y la corrupción debemos recompensar a quienes salen de ese entorno criminal y lo denuncian", ha defendido.

 

El fiscal ha señalado que "eso no quiere decir que la declaración deba ser asumida acríticamente y elevada al rango de prueba", añadiendo que "todo lo que da por probado en cuanto a la declaración de Aldama está corroborado por otros elementos probatorios".

 

Por ello, ve "posible, como hace la acusación popular" que lidera el PP, "apreciar la atenuante como muy cualificada" de confesión, aunque Anticorrupción no la contempla, o "admisible", como hizo la defensa de Aldama, "apreciar o valorar la atenuante privilegiada", que dejaría al empresario con opciones de evitar entrar en la cárcel.

 

"Frente a la cansina letanía del pacto con el fiscal, lo único que hay por parte de la Fiscalía es la estricta aplicación de la ley", ha reivindicado.

 

PIDE UNA REACCIÓN "CONTUNDENTE" CONTRA LA CORRUPCIÓN

 

El fiscal ha remarcado que Ábalos, Koldo y Aldama se enfrentan "a penas graves" porque "graves son las conductas que se les imputan": "Nos encontramos con una corrupción orgánica, organizada, nada menos que desde un ministerio del Gobierno", lo que "está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que estos delincuentes pervierten poniéndolas a su servicio".

 

Para Luzón, así se "deslegitima el Estado de derecho" y ha criticado "las actuaciones de poderes públicos que normalizan o minimizan las conductas de corrupción o descalifican a quienes tienen la responsabilidad de perseguirlas".

 

"La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y sólo una reacción contundente contra ella puede frenarlas", ha proclamado.

 

Además, ha incidido en la "función preventiva" de las sanciones penales para reclamar que se impongan las penas solicitadas por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

 

Anticorrupción elevó este lunes a definitivas sus peticiones de penas de 24 años de cárcel para el exministro, 19 años y medio para su exasesor y 7 años para el presunto conseguidor.