Según ha señalado el líder de Vox, Santiago Abascal, "cada nuevo detalle de la regularización masiva es más inquietante y sórdido que el anterior". "Quien crea que se puede combatir a esta banda con tibieza y complejos, ya ha perdido", ha escrito en un comentario en X, recogido por Europa Press.
Por su parte, el eurodiputado y jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha exigido una condena formal de la Comisión Europea y recuerda que el Tribunal Supremo ya ha admitido a trámite el recurso de Vox contra el decreto de regularización en menos de 48 horas.
En un comunicado, Vox rechaza que "en las mismas semanas en que Alemania refuerza los controles en sus fronteras interiores, Francia debate la expulsión acelerada de extranjeros con antecedentes penales, Italia intensifica los acuerdos de retorno con terceros países y el Parlamento Europeo aprueba el Reglamento de Retornos más duro de su historia gracias a Patriots y a Vox", el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la regularización extraordinaria.
"La medida, que ya ha colapsado oficinas de extranjería en toda España, da ahora un paso más", ha manifestado, para después añadir que el Ministerio del Interior ha ordenado a los centros penitenciarios que "faciliten activamente el proceso de regularización a los presos extranjeros, más del 30% de la población reclusa, es decir, más de 15.000 personas".
Según ha detallado la formación, la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social ha remitido a todos los centros penitenciarios una instrucción que les obliga a "informar a los internos extranjeros de la existencia del decreto mediante tablones, bibliotecas y escuelas del centro".
También deben "designar un profesional de referencia para acompañar a cada interno en el trámite; elaborar un registro estadístico de solicitantes y anotar cada solicitud en el expediente personal del recluso; y facilitar la documentación "a la mayor brevedad" y ofrecer apoyo lingüístico, admitiendo solicitudes aunque la documentación esté incompleta.
PROBLEMA JURÍDICO Y DE SEGURIDAD
Para Buxadé, el problema central no es solo político sino jurídico y de seguridad para el conjunto del espacio Schengen. Vox ha indicado que "el decreto elude el Reglamento Eurodac -que obliga a cruzar las bases de datos criminales de todos los Estados miembros antes de conceder cualquier estatus legal- al entrar en vigor de forma inmediata, sin dar tiempo a ese cribado".
El partido político advierte de que "el resultado es que un recluso sin antecedentes en España pero con condenas en Alemania, Francia o Italia puede obtener documentación legal española y circular libremente por el espacio Schengen".
"El filtro es inexistente. Estamos poniendo en riesgo la seguridad de toda la Unión Europea", ha advertido Buxadé.
Desde el Grupo Patriotas por Europa, Buxadé ha anunciado acciones ante el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y Europol para que Bruselas se pronuncie de forma "explícita y urgente".
"No vale con decir que estoy profundamente preocupado. Exigimos una condena que anime al Tribunal Supremo a proceder a la suspensión inmediata de este real decreto, que constituye el mayor riesgo existencial para España y para la propia Unión Europea", ha declarado.
Por su parte, la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha dicho que "el Gobierno está más preocupado por concederle beneficios a los que han entrado aquí ilegalmente y no solamente eso, sino que están en una cárcel por haber cometido una ilegalidad, en lugar de preocuparse por todos los españoles jóvenes a los que les han robado el futuro".
"Y esto merece una respuesta rápida por parte de los partidos que decimos ser la alternativa", ha manifestado Millán en rueda de prensa en el Congreso.
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