La FMM alerta del "colapso" en los servicios municipales por la regularización de inmigrantes

 

Así lo ha trasladado este lunes en una misiva remitida a la Delegación del Gobierno, en la que ha mostrado su "preocupación" por la "situación límite" que las políticas migratorias del Ejecutivo central "están llevando a muchos ayuntamientos".

 

Piquet ha rechazado valorar la "oportunidad" de dicha medida o la "intención" a largo plazo con que se realiza, así como "el hecho de que la cifra estimada de regularizaciones por parte de su propio Gobierno no haga más que crecer dando la sensación de que existe poca previsión en una medida de tal calado".

 

En este sentido, ha advertido que con la publicación del Real Decreto 316/2026 de regularización migratoria extraordinaria "se están colapsando los servicios municipales". Ha criticado que se haya aprobado de forma "unilateral" sin contar con los ayuntamientos y comunidades autónomas ni información de Delegación o del Ministerio de Migraciones.

 

"Una nula comunicación que se extiende a otros ámbitos pero que resulta aún más sangrante en las circunstancias actuales. En el texto aprobado no se contempla ningún apoyo económico, de personal ni ningún tipo de dotación adicional para los ayuntamientos a pesar de la gran carga de trabajo que supone para nosotros hacerle el trabajo al gobierno de España, tramitando a estas personas la documentación que ustedes les exigen para la regularización", ha lamentado.

 

Por ello, ha solicitado formalmente una reunión "urgente" para tratar este asunto y encontrar "la solución que más beneficie no a los intereses políticos o partidistas de ningún gobierno, sino a los ayuntamientos y a los ciudadanos de toda la región".

 

AUMENTO "EXPONENCIAL" DE LAS CITAS

 

Por su parte, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha asegurado que el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de España ha provocado un aumento "exponencial" de solicitudes, pasando de 1.500 citas diarias hace una semana a 4.000 tras la entrada en vigor del decreto y hasta 5.500 al día siguiente.

 

"Hace una semana teníamos 1.500 peticiones de citas a lo largo del día. Una semana después, cuando el decreto entra en vigor, pasamos a 4.000 y al día siguiente 5.500. Esta es la realidad", ha señalado en declaraciones a los medios tras concluir la comisión del ramo.

 

El delegado ha criticado que se trata de "un proceso de regularización que se ha hecho sin escuchar a las otras administraciones públicas implicadas", como comunidades autónomas y ayuntamientos, y ha calificado la decisión de "precipitada y quizá buscando el colapso".

 

Asimismo, ha denunciado que el certificado de vulnerabilidad se remitió a los ayuntamientos el mismo día en que ya se estaban acumulando solicitudes. "El certificado de vulnerabilidad lo recibimos el mismo jueves, cuando ya se estaban produciendo esta acumulación de citas", ha indicado, subrayando que dicho documento "no ha sido consensuado".

 

EL CERTIFICADO SOLO EN CASOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL

 

"Ese certificado de vulnerabilidad certifica la irregularidad y después certifica una situación de vulnerabilidad que puede o no conocerla el ayuntamiento correspondiente o la entidad correspondiente", ha indicado a los medios.

 

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento de Madrid cumplirá "la legalidad", pero limitará la emisión de certificados de vulnerabilidad a los casos en los que exista intervención social previa. "Emitiremos el certificado cuando existan antecedentes y tengamos una intervención social, porque vamos a certificar sobre aquello que tenemos la información correspondiente", ha remarcado.

 

El delegado ha advertido de las consecuencias de emitir certificados sin información suficiente: "¿Cómo vamos a hacer que un funcionario, un trabajador social, certifique la vulnerabilidad si no tenemos información sobre esa vulnerabilidad?". Además, ha alertado de posibles efectos como que personas sin situación acreditada puedan beneficiarse del sistema. "Lo que yo no voy a hacer (...) es certificar aquello que no podamos acreditar", ha asegurado.

 

En relación con las solicitudes ya presentadas, ha detallado que se tramitarán mediante registro y se resolverán en función de la existencia de historial social. "Aquellos que no nos conste historial (...) tendrá todo el derecho a entrar, pero lógicamente como cualquier otro usuario de servicios sociales", ha explicado, confirmando que se puede dar la circunstancia de que hayan pedido la cita y que al final no tengan ese certificado de vulnerabilidad.

 

"Si tendrían derecho a ese certificado, pero lógicamente cuando haya un trabajo previo, una historia social, una intervención social y con lo que vamos verdaderamente en la situación", ha reiterado.

 

UN "GOLPE" A OTROS SERVICIOS "ESENCIALES" EN LA CIUDAD

 

En otro orden de cosas, el delegado ha insistido en que la medida puede afectar a otros servicios sociales esenciales, citando prestaciones como teleasistencia, ayuda a domicilio, absentismo escolar o ayudas como la Tarjeta Familia.

 

"Estamos intentando parar el golpe y quiero agradecer aquí el trabajo extraordinario que se está haciendo para evitar ese golpe. Y en esa línea vamos a seguir trabajando desde el Ayuntamiento de Madrid", ha explicado el delegado.

 

También ha criticado la falta de financiación estatal para afrontar el aumento de la demanda. "Se ha aplicado este decreto sin ofrecernos financiación para reforzar las plantillas del Ayuntamiento de Madrid", ha señalado, reclamando coordinación entre administraciones.

 

CRÍTICA AL GOBIERNO Y MENSAJE DIRECTO AL DELEGADO EN MADRID

 

En el plano político, ha cargado contra el Ejecutivo central, asegurando que la regularización responde a intereses parlamentarios. "Esta regularización unilateral hecha por el Gobierno de España por cuatro votos de Podemos tiene graves consecuencias", ha afirmado.

 

Asimismo, ha lanzado un mensaje directo al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien "no se ha dirigido" al Ayuntamiento "para decir cómo y de qué manera aplicar mejor ese decreto de regularización".

 

"Porque le importa muy poco al delegado del Gobierno sanchista y al Gobierno de Pedro Sánchez las personas. Lo único que les importa es la permanencia en Moncloa", ha asegurado.

 

CUESTIONA LOS ANTECEDENTES Y ADVIERTE DE "EFECTO LLAMADA"

 

Al hilo, ha cuestionado aspectos del proceso, como la validez de documentos. "No sabemos bien el tema de los antecedentes penales. Pueden valer documentos caducados", ha advertido.

 

El delegado de Políticas Sociales también ha señalado también posibles "efectos llamada" derivados de la medida. "Tiene un efecto llamada que puede tener como consecuencia que más personas mueran en pateras", ha indicado, calificando la situación de "gravísima" y "absolutamente frívola".

 

Finalmente, ha pedido la retirada del decreto y su replanteamiento de forma consensuada con el resto de administraciones. "La mejor decisión sería retirar ese decreto de regularización y llevarlo a cabo de forma consensuada", ha concluido, insistiendo en que el Ayuntamiento seguirá trabajando para "intentar buscar la mejor solución y atender de la mejor manera posible".