El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid volvió a insistir en que un jurado popular asuma el procedimiento contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulase su decisión anterior por falta de motivación.
El juez ha citado por tercera vez a los tres acusados para comunicarles el envío del procedimiento a un jurado, pues ya lo hizo con una pieza separada de malversación y con la principal sobre tráfico de influencias, dos investigaciones que el magistrado tuvo que acumular en un solo procedimiento siguiendo también las instrucciones de la Audiencia Provincial.
La vista de este miércoles para concretar la imputación se exige en la ley del jurado.
En su auto, Peinado repasa los motivos por los que ve indicios de delito en que Gómez "desde su prevalente posición de esposa del Presidente del Gobierno" citase a personas en Moncloa para impulsar una cátedra universitaria o escribiese "cartas sugiriendo, directa o indirectamente, la adjudicación de concursos públicos".
En las conductas de Gómez para impulsar y financiar una cátedra universitaria en la Universidad Complutense, en sus relaciones con Barrabés y en el empleo que hizo de su asesora el magistrado detecta presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.
LA FISCALÍA PIDE EL ARCHIVO
La Fiscalía y las defensas de los tres investigados en la causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han vuelto a pedir este miércoles al magistrado Juan Carlos Peinado que archive el caso, al tiempo que Vox, que ejerce la acusación popular, ha denunciado "ataques furibundos" de los abogados defensores al juez instructor.
Según fuentes jurídicas, los letrados de Gómez, de su asistenta, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés han insistido en que Peinado dé carpetazo a la causa durante la sesión que se ha celebrado, en la que el juez ha trasladado a las partes su decisión de dirigir el caso hacia un jurado popular.
Por su parte, otras fuentes jurídicas han señalado que las acusaciones han solicitado que se practiquen nuevas diligencias con el fin de ahondar en la investigación, tales como el salario de Álvarez y la vida laboral de la esposa del presidente.
A las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, el abogado que representa a Hazte Oír --que también ejerce la acusación popular--, Javier Pérez Roldán, ha declarado que Gómez "está pasando de la justicia, pero la justicia no pasará de ella", y ha señalado que desde la asociación vienen "con los deberes hechos, con todo bien atado".
Por su parte, Vox ha denunciado "los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación", después de la sesión, que ha durado casi tres horas.
Además, ha recordado algunas de las acusaciones a Begoña Gómez, como las supuestas "intervenciones de empresas patrocinadas con una financiación de un software valorado en más de 300.000 euros", así como los presuntos "correos y la constatación de la intervención de Cristina Álvarez, pagada por Presidencia del Gobierno, como asistencia de asuntos personales".
También ha enfatizado el supuesto "incremento de Juan Carlos Barrabés y de su grupo empresarial en más de un 400% en los contratos públicos recibidos en Red.es y otras administraciones".
INDICIOS "MÁS QUE SÓLIDOS"
Para la letrada de la formación, Marta Castro, "los indicios son más que sólidos" y considera que "hay pruebas suficientes como para pasar a la siguiente fase", una decisión que tendrá que tomar el juez en los próximos días, según han señalado.
Vox ha recriminado "la obstinación total también de la Fiscalía en seguir manteniendo un archivo porque no existe ningún indicio, como sí más de 10.000 folios y 25 tomos, así como más de 40 personas que han declarado no fuesen suficientes".
El magistrado, que investiga a la mujer de Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, presentó un auto el pasado 20 de marzo en el que manifestó que "se ha podido comprobar hasta el presente momento de la investigación la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado".
Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid frenó en febrero la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, al estimar recursos de las defensas contra esa decisión. Los magistrados de la Audiencia Provincial argumentaron que no había "indicios racionales de criminalidad" que justificaran esa decisión.
PEINADO CONSIDERA QUE GÓMEZ APROVECHÓ "SU PROXIMIDAD" A SÁNCHEZ
En su nuevo auto, Peinado argumentaba que Gómez "habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno" para "impulsar su proyección profesional" en la Universidad Complutense de Madrid, "obteniendo para ello una interlocución singular con responsables" del centro, "empresas patrocinadoras" y "entidades del sector tecnológico".
Así, señala que su condición de pareja de Sánchez "influye en la conducta de cualquier ciudadano" por el "poder que su esposo tiene para determinar la toma de decisiones".
Al mismo tiempo, incide, Gómez "recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial" para "la creación, desarrollo y expansión" de una cátedra universitaria de la que, según el magistrado, se habría apropiado indebidamente.
"Se pide y consigue que se cree específicamente, para su dirección, una cátedra extraordinaria, y al amparo de esta situación de capacidad de decisión de su esposo, contrata a su amiga e investigada, Cristina Álvarez, a la que utiliza no sólo para cuestiones protocolarias o institucionales, sino para sus actividades privadas", agrega.
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