Alega que exigiría 400 funcionarios, con un sobrecoste de 16 millones

El Gobierno veta la enmienda del PP que limita la regularización de inmigrantes

El Gobierno ha vetado la tramitación en el Congreso de la enmienda que PP, Vox y Junts introdujeron en el Senado en la ley contra la multirreincidencia para limitar el actual proceso de regularización de inmigrantes reforzando el control de los antecedentes penales. Según el Ejecutivo, esa tarea exigiría contar con 400 funcionarios más de Extranjería y eso implicaría un sobrecoste de 16,8 millones de euros.

 

La proposición de ley orgánica en materia de multirreincidencia, impulsada por Junts y desbloqueada por el PSOE tras el anuncio de ruptura de los independentistas, se someterá este jueves a su aprobación definitiva en el Pleno del Congreso, donde habrá que ratificar las enmiendas introducidas en el Senado.

 

Pero no todas esas enmiendas de la Cámara Alta se llegarán a votar porque el Gobierno, a través de su secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha informado ya a la Mesa del Congreso de su veto a dos enmiendas que, a la vista de las posiciones esgrimidas en el Senado, el PSOE iba a perder este jueves.

 

ENMIENDAS QUE EL GOBIERNO PODRÍA PERDER

 

Una de ellas, promovida por el PP, exige al Gobierno ampliar en dos años las plazas de Fiscalía de área, provinciales y de comunidad autónoma a razón de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a los 50.000. Pero Moncloa veta su tramitación alegando que eso implicaría convocar 491 plazas de fiscales y eso tendría un coste extra estimado de 53,79 millones de euros.

 

Y la otra, pactada por PP, Vox y Junts, pretendía introducir cambios en la Ley de Extranjería para que en los proceso de regularización de inmigrantes, como el que tiene en curso el Gobierno, se asegure que el solicitante no tenga antecedentes penales ni procedimientos abiertos y que no esté sujeto a una causa penal suficiente en España o en otros países anteriores.

 

Mientras que el proceso de regulación emprendido por el Gobierno permite una declaración jurada del solicitante, la enmienda del PP exige que la carencia de antecedentes esté certificada oficialmente por las autoridades competentes.

 

AVAL DE LA MESA CON LOS VOTOS DE PSOE Y SUMAR

 

Y el Gobierno quiere impedir que se vote esta enmienda asegurando que esa certificación exigiría desplegar 400 plazas más de funcionarios en las comisarías de extranjería con un coste medio de 42.000 euros, lo que supondría un incremento presupuestario de 16,78 millones, según los escritos recogidos por Europa Press.

 

La Constitución otorga al Gobierno capacidad de veto en aquellas iniciativas legislativas que supongan un incremento de gasto presupuestario o una merma de ingresos, pero los escritos han de estar debidamente justificados y avalados por la Mesa del Congreso, en la que el PSOE y Sumar cuentan con mayoría absoluta.