Fue la semana pasada cuando Aldama acudió a la Audiencia Nacional para entregar ese sobre y declaró sobre el mismo, según ha avanzado 'El País' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, en el marco de la pieza secreta en la que el juez Ismael Moreno investiga los pagos en metálico del PSOE para reembolsar gastos anticipados.
Moreno pidió a Aldama que hiciera entrega del sobre que, según el empresario, le habría entregado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
El empresario se refirió al contenido del mismo por primera vez en su declaración del pasado 29 de enero ante el juez que instruye el conocido 'caso hidrocarburos', también en la Audiencia Nacional.
Tras escuchar a Aldama, la Fiscalía Anticorrupción se interesó por el contenido del sobre y el empresario emplazó al Ministerio Público a alcanzar un acuerdo antes de profundizar en ese extremo.
Aldama explicó como investigado ante el magistrado Santiago Pedraz que la información de ese sobre guarda relación con el sector de los hidrocarburos pero no con Villafuel, la empresa en torno a la que gira esa causa.
Cabe recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya reveló en uno de sus informes que Aldama dejó en custodia de Luis Alberto Escolano, su hombre de confianza, "documentación sensible" relativa a la petrolera venezolana PDVSA.
Los investigadores señalaban que en una fotografía reenviada por parte de Escolano a Aldama se aprecia en la parte inferior del sobre el sellado de la recepción del mismo. "Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020", reseñaban.
JUICIO DE LAS MASCARILLAS
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que lidera el PP han pedido al Tribunal Supremo que mantenga en prisión provisional al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García de cara al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, al entender que persiste el riesgo de fuga.
En sendos escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, tanto el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, como los 'populares' se muestran partidarios de que el Supremo rechace las peticiones de libertad presentadas por los dos acusados.
Ábalos y Koldo se encuentran en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 27 de noviembre, cuando el magistrado instructor del caso en el Supremo, Leopoldo Puente, acordó esa medida ante el riesgo "extremo" de fuga, "los consistentes indicios", las elevadas peticiones de cárcel y la proximidad del juicio.
El fiscal considera que en este momento "procede rechazar la petición de libertad solicitada, toda vez que la prisión provisional comunicada y sin fianza acordada se presenta hoy como la racionalmente más adecuada para conjurar un alto riesgo" de que puedan "sustraerse a la acción de la justicia".
"Que se deriva de la gravedad de las penas solicitadas, la solidez de los indicios que las sustentan, la inminencia de la celebración del juicio oral y la existencia, todavía, de otras graves conductas que se le imputan en otro procedimiento", apostilla.
Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos y 19 y medio para el exasesor por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación y uso de información privilegiada. Mientras que solicita 7 para Aldama, que ha reconocido la acusación.
RIESGO "CLARAMENTE INTENSIFICADO"
Del mismo modo, el PP se opone, en un escrito al que ha accedido esta agencia de noticias, a que Ábalos y Koldo salgan en libertad, al coincidir con la tesis del riesgo "extremo" de fuga que percibió el magistrado instructor.
"El pretendido arraigo familiar y social alegado entonces por los acusados, y reiterado ahora en sus solicitudes de puesta en libertad, en ningún caso permite conjurar dicho riesgo, habida cuenta de la inminencia del juicio oral y de la gravedad de las penas solicitadas por las acusaciones", explica.
De hecho, a su juicio el riesgo de fuga en el que se fundó la adopción de la medida "se ha visto claramente intensificado a resultas de los más recientes acontecimientos procesales", en tanto que la Sala ha rechazado "todas y cada una" de las cuestiones previas formuladas por el exministro y su exasesor, recuerda.
Las acusaciones populares que lidera el PP elevan la petición para el exministro y su exasesor hasta los 30 años de cárcel, si bien para Aldama solicitan la misma pena que el fiscal.
El Supremo ha fijado el arranque del juicio el próximo 7 de abril. La vista oral está previsto que se extienda durante 13 sesiones que se celebrarán en sesiones de mañana y tarde.
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