En un escrito, su letrado sostiene que "resulta materialmente imposible preparar un juicio oral de la complejidad del presente con el escaso tiempo que media para preparar con solvencia cualquier defensa". Cabe recordar que Marino Turiel asumió la defensa de Ábalos el pasado mes de enero.
El alto tribunal fijó esta misma semana la fecha de inicio de la vista oral: será el próximo 7 de abril. En el banquillo de los acusados se sentará Ábalos junto a su exasesor Koldo García y el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama.
"La celebración del juicio en la fecha actualmente señalada impediría a esta parte preparar la defensa con las mínimas y debidas garantías por lo que interesamos un aplazamiento por espacio un mes para el inicio de las sesiones de juicio oral", aduce, asegurando que "el tiempo transcurrido desde la designación ha sido absolutamente infructuoso para tomar conocimiento de la causa".
OTROS JUICIOS YA FIJADOS
El letrado del exministro afirma, además, que su ordenador "se queda pensando de forma indefinida en un bucle continuado" cuando se dispone a consultar la documentación de la causa. "Esta circunstancia ya ha sido puesta de manifiesto por otras defensas personadas y ha impedido hasta la fecha el acceso efectivo a la causa, el conocimiento íntegro de las actuaciones y, por ende, siquiera un somero estudio del procedimiento", lamenta.
Por último, el abogado critica que el Supremo haya "obviado incomprensiblemente" los señalamientos anteriores que tiene en agenda, y que fueron comunicados al alto tribunal. Todos ellos habrían sido fijados antes de que asumiera la defensa de Ábalos.
Es por eso por lo que pide al Supremo que "acuerde un aplazamiento por espacio de un mes para el inicio de las sesiones de juicio oral, por todas las razones esgrimidas que se resumen en la necesidad de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa".
La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete para Aldama, que ha reconocido la acusación. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el fiscal.
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