Dispararon a un joven por represalia tras un concierto en Fuenlabrada

Piden prisión permanente para dos chicos de una banda latina por matar a un joven

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del lunes a cuatro presuntos miembros de la banda latina de los Dominican Don't Play (DDP) por el asesinato en octubre de 2022 a tiros de un joven de 21 años tras un concierto en una discoteca de Fuenlabrada, hechos por los que dos de los procesados afrontan una petición fiscal de prisión permanente revisable.

 

Los hechos se remontan a la madrugada del 3 de octubre de 2022, en las inmediaciones de la discoteca Caña Brava tras un concierto vinculado al entorno de bandas juveniles enfrentadas. Según el fiscal, el ataque habría sido planificado como represalia por un tiroteo previo ocurrido semanas antes a manos de trinitarios tras otra actuación del mismo cantante en la discoteca Shoko en Madrid.

 

La Fiscalía sostiene que varios de los acusados planificaron el asalto y facilitaron la logística, incluyendo una furgoneta con placas falsas para la huida. Dos menores -ya juzgados en la jurisdicción de menores- habrían ejecutado materialmente el ataque.

 

Según la acusación, los agresores dispararon y atacaron con un machete de forma sorpresiva a varias personas que se encontraban en el exterior del local tras finalizar el evento. Un joven murió en el acto por un disparo en la cabeza y heridas de arma blanca.

 

Otras tres víctimas resultaron gravemente heridas por disparos y cortes, con lesiones que requirieron hospitalización, intervenciones quirúrgicas y largos periodos de recuperación, además de secuelas permanentes.

 

La Fiscalía atribuye a dos de los principales acusados un delito de asesinato agravado por su vinculación con organización criminal, tres asesinatos en grado de tentativa y delitos relacionados con la tenencia de armas. Para ellos solicita prisión permanente revisable por el homicidio consumado y hasta 78 años de prisión por los intentos de asesinato y otros delitos.

 

Otro acusado se enfrenta a una petición de cinco años de prisión por pertenencia a organización criminal, mientras que un cuarto está procesado como cooperador necesario en el asesinato y los intentos de homicidio, con penas que superan los 20 años de cárcel.