PP y Vox rechazan la comisión sobre la acusación de acoso contra el alcalde

 

Esta iniciativa fue propuesta por el Grupo Municipal Socialista y pedía también "adoptar, en su caso, las medidas necesarias para reforzar los mecanismos de prevención, control y garantía".

 

'El País' publicó a principios de mes una información sobre un presunto acoso cometido por el regidor, quien defendió su presunción de inocencia y aseguró que se había construido un relato "que no se corresponde con la realidad".

 

La petición de comisión ha sido respaldada por el Grupo Mixto (Podemos) y Más Madrid. Desde Vox han defendido su negativa apelando a la separación de poderes. Consideran que el asunto debe dirimirse exclusivamente en los tribunales, sin "interferencias políticas".

 

"Existe una denuncia formal y este asunto ya está donde tiene que estar, que es en los tribunales. Desde Vox, desde luego, lo que no vamos a hacer es invadir el ámbito judicial. Respetamos sin duda a la denunciante, pero también defendemos sin matices el Estado de Derecho", ha manifestado la portavoz, Nieva Machín.

 

En la misma línea, el portavoz del PP, Alberto Rodríguez de Rivera, ha subrayado que el asunto está judicializado y que no procede "en ningún caso" constituir una comisión de investigación. A su juicio, la propuesta persigue generar "ruido" y promover un "juicio paralelo" al margen de la justicia.

 

"La maniobra pretendida no es burda, sino también una burla al sistema judicial. Y ahí nosotros no vamos a entrar. A diferencia de ustedes, creemos en la justicia, en su profesionalidad, en su independencia e imparcialidad", ha enfatizado.

 

El dirigente popular también ha cuestionado que el PSOE anuncie este jueves su intención de personarse como acusación popular en la querella presentada por la exconcejala y, al mismo tiempo, reclame una comisión de investigación "para hacer lo mismo en un sitio que en el otro".

 

Frente a ello, los socialistas sostienen que la presunción de inocencia es compatible con la transparencia institucional y han recordado que "respetar a las personas es compatible con proteger a la institución.".

 

"No estamos planteando un juicio paralelo. No estamos cuestionando la labor de los tribunales. Estamos ejerciendo una competencia legítima de control y supervisión política que corresponde al Pleno, especialmente cuando está en juego la credibilidad y la reputación de nuestra ciudad, Móstoles", ha defendido el edil socialista Carlos Rodríguez.

 

A su juicio, una comisión con reglas claras, garantías para los comparecientes y respeto "absoluto" cuando proceda, delimitando su objeto para no interferir en las actuaciones judiciales, "puede y debe ser" un instrumento útil. "No pedimos una condena anticipada. Pedimos transparencia", ha dicho.

 

MM DEFIENDE LA "VERTIENTE POLÍTICA"

 

El portavoz de Más Madrid, Jesús Arrabé, ha reconocido la dimensión judicial del caso, pero ha reivindicado también su vertiente política. "Creemos que esta comisión, en todo caso, sería una herramienta más política para esclarecer lo sucedido. Entonces, en ese sentido, desde Más Madrid Móstoles vamos a votar a favor", ha indicado.

 

Desde el Grupo Mixto, su portavoz, Mónica Monterreal (Podemos), ha defendido el apoyo a la propuesta al entender que "no es una cuestión de partidismo, ni de titulares, sino de transparencia, responsabilidad y ejemplaridad institucional".

 

"La presunción de inocencia se mantiene intacta, pero la responsabilidad política exige que se adopten medidas de transparencia y control mientras se esclarecen los hechos. Se trata de un paso firme hacia la rendición de cuentas y la integridad institucional, valores que debemos preservar por encima de cualquier cálculo político", ha zanjado.

 

TRAS EL PLENO EXTRAORDINARIO

 

Este debate llega la misma semana en la que Móstoles celebró un Pleno extraordinario sobre estas acusaciones en el que la oposición en bloque reclamó a Bautista su dimisión por crear una "crisis institucional", mientras que el regidor negó el acoso y pidió que se respetara su presunción de inocencia.

 

Tras publicarse la información en 'El País' a principio de mes, el PP de Madrid defendía que había actuado de forma correcta y que la instrucción de la acusación no había revelado pruebas del acoso. Por su parte, el partido a nivel nacional sostuvo que instruyó un expediente en 2024 y que el mismo se acabó archivando en abril de 2025 al no considerar probada la conducta de acoso sexual.

 

La oposición también señalaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien no recibió a la exedil. Por contra, desde el Ejecutivo regional difundieron nueve correos electrónicos que la concejala de Móstoles envió a la mandataria autonómica en los que se recoge que la edil habla de "discriminación laboral" pero no menciona el "acoso sexual" hasta meses más tarde, ya a través de su abogado.

 

Fue la semana pasada cuando el abogado de la exedil formalizó ante el Tribunal de Instancia del municipio una querella contra el alcalde y el PP nacional por la presunta comisión de delitos de acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

 

Denunció, además, "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular".