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¿Habrá reforma del despido improcedente en 2026? El debate laboral que marcará el año

La indemnización por despido improcedente vuelve al centro del debate político y jurídico en España. Tras años de estabilidad normativa —33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades—, el sistema podría enfrentarse en 2026 a una reforma de calado impulsada por la presión europea, el diálogo social y la propia agenda del Ministerio de Trabajo.

 

La pregunta ya no es si el modelo actual genera controversia. La cuestión es si el Gobierno logrará transformar esa controversia en una modificación legal efectiva durante este año.

 

El origen del debate: Europa cuestiona el sistema español

 

El detonante del actual escenario fue el pronunciamiento del Comité Europeo de Derechos Sociales, que concluyó que el sistema español podría no garantizar una reparación suficientemente “adecuada y disuasoria” en casos de despido improcedente. El foco de la crítica se sitúa en el tope máximo de 24 mensualidades, que en determinados supuestos puede limitar la compensación aunque el perjuicio real sea mayor.

 

Este señalamiento no implica automáticamente una reforma, pero sí introduce un elemento político y jurídico de peso: la necesidad de adaptar el ordenamiento interno a compromisos internacionales.

 

Desde entonces, sindicatos y representantes del Gobierno han manifestado su intención de estudiar modificaciones que refuercen la protección del trabajador frente al despido sin causa justificada.

 

El freno judicial: el Tribunal Supremo cierra la puerta
a incrementos automáticos

 

Mientras el debate político avanza, el Tribunal Supremo ha fijado una línea clara: los jueces no pueden incrementar la indemnización legalmente prevista basándose directamente en la Carta Social Europea ni en criterios de “equidad ampliada”. En otras palabras, si hay cambio, deberá venir del legislador.

 

Esta postura refuerza la idea de que 2026 podría convertirse en un año decisivo. Con la vía judicial limitada, el escenario se desplaza al Parlamento y a la mesa de diálogo social.

 

Qué se está negociando realmente

 

Aunque todavía no existe un anteproyecto cerrado, las líneas que se barajan en el debate público giran en torno a varias posibilidades:

 

• Revisar o flexibilizar el tope de 24 mensualidades.
• Introducir indemnizaciones complementarias en supuestos especialmente graves.
• Ajustar los mecanismos de protección frente a despidos sin causa sólida.
• Reforzar el carácter disuasorio de la indemnización.

 

El alcance final dependerá del equilibrio político y de la negociación con patronal y sindicatos. No es descartable que la reforma, si llega, sea gradual y no una transformación radical del sistema.

 

¿Qué implicaría para empresas y trabajadores?

 

Una eventual modificación podría alterar la previsibilidad de los costes de despido para las empresas y, al mismo tiempo, ampliar la capacidad de reparación para el trabajador.

 

En la práctica, el impacto dependerá de cómo se diseñe la norma. Si se elimina el tope sin introducir criterios claros, podrían generarse mayores márgenes de litigio. Si se opta por un sistema complementario tasado, el cambio podría ser más controlado.

 

Lo que sí parece claro es que el debate ha devuelto protagonismo al despido improcedente como uno de los ejes centrales del Derecho Laboral en España.

 

El contexto económico también influye

 

La reforma no se analiza en el vacío. Se produce en un momento de desaceleración económica en Europa, con sectores sensibles a los costes laborales y con empresas que reclaman estabilidad normativa.

 

Cualquier modificación deberá equilibrar protección del trabajador y seguridad jurídica empresarial. De lo contrario, podría generar efectos no deseados en contratación o inversión.

 

Qué deben hacer los trabajadores ante la incertidumbre

 

Mientras el legislador decide, la normativa vigente sigue plenamente aplicable. El plazo para impugnar un despido continúa siendo de 20 días hábiles desde la fecha de efectos, y la estrategia procesal sigue siendo determinante.

 

En este contexto de posible cambio normativo, contar con asesoramiento especializado resulta especialmente relevante. El análisis no debe centrarse únicamente en la indemnización, sino en valorar si el despido puede ser declarado improcedente o incluso nulo, con las consecuencias que ello implica.

 

Por ello, acudir a abogados de despidos en Madrid con experiencia real en litigación laboral puede marcar la diferencia desde el primer momento. La forma en que se plantea la papeleta de conciliación y la demanda condiciona el recorrido posterior del procedimiento.

 

Asimismo, el acompañamiento de abogados laboralistas especializados permite evaluar no solo el escenario actual, sino también cómo podría afectar una eventual reforma si el proceso se prolonga en el tiempo.

 

La visión estratégica de Javaloyes Legal

 

En este panorama de incertidumbre normativa, despachos como Javaloyes Legal insisten en la importancia de abordar el despido no como un trámite aislado, sino como un impacto integral en la vida de la persona.

 

Bajo su filosofía de Bienestar Legal 360º, el despido no se analiza únicamente desde la indemnización inmediata, sino desde sus efectos en la estabilidad profesional, económica y familiar del trabajador.

 

Perder el empleo no es solo una cuestión salarial. Puede afectar a la cotización futura, a la planificación financiera, a la salud emocional y a la estabilidad del entorno familiar. Por ello, la estrategia jurídica debe contemplar todos esos factores.

 

Desde esta perspectiva, el eventual cambio legislativo no altera una premisa fundamental: cada caso requiere un estudio individualizado, con análisis probatorio sólido y una planificación procesal que contemple todas las alternativas.

 

¿Reforma en 2026? Un escenario abierto

 

A día de hoy, no existe una ley aprobada que modifique el régimen del despido improcedente. Sin embargo, el debate político está activo y la presión europea continúa presente.

 

La experiencia reciente demuestra que las reformas laborales requieren consensos amplios y negociación intensa. No es descartable que 2026 vea avances significativos, pero tampoco puede asegurarse que el resultado final suponga una transformación estructural.

 

Lo que sí parece claro es que el despido improcedente seguirá siendo uno de los temas centrales del Derecho Laboral español en los próximos meses.

 

Para trabajadores y empresas, la clave seguirá siendo la misma: actuar con información, dentro de plazo y con asesoramiento técnico especializado.

 

Porque más allá de la reforma que pueda aprobarse, la protección efectiva frente a un despido injustificado comienza siempre en el primer paso procesal.