Deja fuera a cientos de presos políticos

Venezuela aprueba una ley de amnistía limitada y excluyente

El Parlamento venezolano, dominado por el chavismo, ha aprobado un proyecto de ley de amnistía limitada, que, según oenegés, excluye a cientos de los considerados presos políticos en el país. La aprobación tiene lugar en medio de una huelga de hambre de familiares que exigen las liberaciones. La presidenta encargada Delcy Rodríguez firmó el instrumento y pidió "máxima celeridad" para estudiar casos que quedaron excluidos.

 

La Ley de Amnistía de 13 artículos, de los cuales siete fueron discutidos y aprobados este jueves en segunda discusión, ha sido criticadoa por organizaciones de defensa de los considerados presos políticos, que advierten que se trata de una amnistía limitada y excluyente.

 

El debate final incorporó pocas de las objeciones que oenegés, políticos de oposición, activistas de derechos humanos y familiares de detenidos formularon durante una breve consulta.

 

Una de las concesiones fue admitida en el artículo 7, el que provocó la suspensión del debate el 12 de febrero y retrasó por una semana la aprobación, desatando una huelga de hambre entre algunos detenidos y sus familiares.

 

Defensores de derechos humanos habían cuestionado que ese artículo limitara la aplicación de la Ley de Amnistía a los que ya estaban siendo procesados, pues argumentaban que había detenidos que ni siquiera habían sido presentados ante los tribunales y se encontraban en desaparición forzada.

 

Además, criticaban que la norma no ofrecía garantías para personas que se encontraban fuera del país.

 

En la segunda discusión se amplió el alcance de la ley a "toda persona que se encuentre o pueda ser procesada" y se admitió de forma excepcional que la presentación en tribunales se haga "mediante poder otorgado a un abogado de su elección o confianza".

 

Sin embargo, el texto limita el beneficio a "personas que hayan dejado de ejecutar los actos que constituyan delitos", con lo que muchos de los que se mantienen ejerciendo activismo fuera del país, como la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, no serían amparados por la amnistía.

 

El artículo 8, uno de los más polémicos porque limita el beneficio a una serie de eventos específicos, se aprobó sin modificaciones, pero la presidenta Delcy Rodríguez comisionó al ministro del Interior, Diosdado Cabello, para que revise con "máxima celeridad" los casos que hayan quedado excluidos. 

 

"Están ustedes portando el día de hoy esperanza para Venezuela", dijo Rodríguez a la comisión de la Asamblea Nacional (encabezada por el presidente, su hermano Jorge), que se dirigió al Palacio de Miraflores a llevarle la Ley de Amnistía para su firma. "Estamos garantizando un futuro de paz, un futuro de convivencia, de encuentro", agregó.

 

La presidenta Rodríguez calificó la aprobación de la ley como "un acto de grandeza, de desprendimiento de cada uno de los que hemos tenido actuación política en estos últimos 25 años".

 

La Ley de Amnistía no indultará acciones armadas, con lo que quedan fuera de su alcance centenares de procesados, la mayoría de ellos militares, por supuestas conspiraciones contra el gobierno del depuesto Nicolás Maduro, que defensores de derechos humanos consideran que no han sido suficientemente probadas.

 

"Esto es un perdón"

 

El Gobierno chavista siempre ha negado que haya presos políticos y dice que los encarcelados han cometido delitos. En esos términos se pronunció Jorge Rodríguez durante la sesión parlamentaria, en la que insistió en que se estaba otorgando "un perdón a cierto tipo de delitos".

 

"Uno no perdona a quien no haya cometido una falta", afirmó el presidente de la Asamblea Nacional. "Que nadie entienda que estamos aquí amparando la impunidad. No, es un perdón que está decidiendo el país político de Venezuela, a instancia y solicitud de la presidenta encargada".

 

Juristas y defensores de derechos humanos han criticado este enfoque, por considerar que los sujetos de la ley han sido "arbitrariamente encarcelados por ejercer derechos amparados en instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución nacional y en las leyes venezolanas", como advirtió en su momento la organización Provea.

 

Gonzalo Himiob, de la oenegé de defensa de los "presos políticos" Foro Penal, había advertido que la amnistía no podía ser considerada un perdón porque "no implica que se acepte la responsabilidad en ningún ilícito".

 

Expertos y activistas que abogan por los detenidos consideraban que la medida que procedía era un sobreseimiento de las causas o extinción de los procesos legales. 

 

Un mea culpa incompleto

 

Otro de los cuestionamientos que se hicieron a la Ley de Amnistía fue que no incluía la derogación de legislaciones que fueron usadas como instrumentos de represión, según la opinión de activistas y defensores de derechos humanos.

 

Entre estos citaban a la Ley contra el Odio, que prevé cuantiosas multas y penas de 10 a 20 años de prisión por delitos que no figuran en el Código Penal venezolano, o la Ley Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista, que persigue y castiga con hasta 30 años de cárcel a los que hayan instigado, apoyado o favorecido las sanciones internacionales.

 

El oficialismo dominante en la Asamblea Nacional hizo una revisión parcial de estos instrumentos, y el presidente Jorge Rodríguez reconoció que "hubo situaciones de mala utilización" de la Ley contra el Odio.

 

Rodríguez propuso una reforma parcial del instrumento, que informó que estará a cargo del "Programa por la convivencia democrática, y también la comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía".

 

La Ley Simón Bolívar, sin embargo, parece quedar vigente y sin cambios, a juzgar por el hecho de que la recién aprobada amnistía no amparará a quien "promueva, apoye o cometa 'acciones armadas' contra Venezuela y su pueblo por parte de Estados o entidades extranjeras".

 

Esta suele ser una acusación frecuente para la detención de personas por razones políticas, por lo que oenegés y activistas han coincidido en que se “mantiene intacto el entorno legal represivo”, como estimó Espacio Público en un informe.

 

Los familiares de detenidos en la llamada Zona 7 (sede de la Policía Nacional Bolivariana) levantaron la huelga de hambre, luego de la aprobación de la ley.