Desalojadas un centenar de personas en un edificio okupado en Villalba

 

Un amplio dispositivo policial formado por efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil custodiaba el inmueble, donde los congregados han dispuesto colchones y enseres a modo de muro en la zona de entrada para intentar evitar el acceso.

 

Se trata de un edificio de la Sareb ocupado desde hace años en el que residen actualmente unas 43 familias, entre ellas menores y personas con discapacidad. Según ha explicado a Europa Press Guillermo Di-Marco, miembros de la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba, 15 de ellas tenían compromiso de reubicación.

 

El desalojo del inmueble se produce a petición del Ayuntamiento de la localidad tras constatarse que el inmueble no reunía las condiciones mínimas exigibles para su uso como vivienda. Responde exclusivamente, según el Consistorio, "a criterios técnicos, de seguridad y de salubridad" y se ha realizado con "pleno respeto a la legalidad vigente" y siguiendo "criterios técnicos objetivos".

 

Desde la Asamblea de Vivienda, en cambio, han asegurado que no hay justificación legal para llevar a cabo este desalojo masivo, ante el que hay cursada una petición de cautelarísimas en un juzgado, ha explicado el portavoz.

 

"No han pedido una autorización judicial de entrada al domicilio; no hay declaración de ruina del edificio ni situación de emergencia que justifique un desalojo sin autorización judicial", recalcan desde la Asamblea, que aporta un informe técnico de un arquitecto independiente, fechado el pasado 30 de octubre.

 

Según este informe, consultado por Europa Press, el edificio presenta "un estado estructural sólido y estable, sin patologías graves ni riesgos aparentes para la seguridad de sus ocupantes".

 

En cambio, desde el equipo de Gobierno de Mariola Vargas se ha recalcado que los informes técnicos municipales "acreditan de forma concluyente la existencia de deficiencias estructurales, así como graves carencias en materia de seguridad y condiciones higiénico-sanitarias, incompatibles con la permanencia de personas en el interior del edificio y que suponían un riesgo real para la integridad física y la salud de sus ocupantes".

 

Un informe técnico del arquitecto municipal con fecha de 13 de noviembre sobre este edificio, donde el pasado 26 de octubre se registró un pequeño incendio, concluyó que el edificio carecía de licencia de primera ocupación, según apuntan desde el Consistorio.

 

El Consistorio ha explicado además que, "actuando con responsabilidad y proporcionalidad", se instó a los propietarios a adoptar las medidas necesarias para resolver la situación. Así, se le comunicó la necesidad de regularizar una serie de actuaciones con el fin de garantizar la seguridad en el edificio y adecuarlo a la normativa vigente.

 

Un día después, el 14 de noviembre, desde el Ayuntamiento se emitió otro informe técnico por parte del Área de Sanidad donde se detalla la situación del inmueble con una serie de deficiencias higiénico-sanitarias y de seguridad. "Las condiciones higiénico-sanitarias en las zonas inspeccionadas son deficientes, por lo que dichas zonas en concreto no reúnen los requisitos mínimos de salubridad", se indicaba en el mismo, según la versión del equipo de Gobierno.

 

En este contexto, desde el Consistorio se concedió a los propietarios del edificio un "plazo prudencial" con el objetivo de que pudiera ofrecer alternativas habitacionales, especialmente para aquellas personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad que se encontraban en el edificio.

 

Según el portavoz de la Asamblea de Vivienda, en cambio, no se ha ofrecido a estas familias una alternativa habitacional. En este sentido, ha denunciado que Collado Villalba es el municipio que menos presupuesto destina a Servicios Sociales por habitante, 39,33 euros (2023), frente a los 323,36 euros de la Comunidad o 372,23 euros de media española.

 

Este desalojo se produce tras el registrado, a menor escala, en otro bloque okupado de la Sareb en Villalba, en el número 19 de la calle Trinidad el 30 de septiembre. "En ese caso, como en este, el Consistorio también recurrió a fórmulas que no son legales", han denunciado desde el colectivo.