Genera críticas por sus exclusiones y condiciones

Incertidumbre en Venezuela ante una ley de amnistía para presos políticos estancada

Miles de familiares de presos políticos en Venezuela viven con incertidumbre mientras se debate en la Asamblea Nacional una ley de amnistía que, según sectores del oficialismo, abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999, pero que activistas y ONG ven con preocupación ante un texto que, por el momento, excluye a decenas de reos y obliga a los beneficiarios a reconocer hechos que niegan haber cometido.

 

Esta semana, los diputados aprobaron por unanimidad y en segunda discusión seis artículos de la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Sin embargo, el debate se detuvo en el séptimo artículo por las fuertes diferencias entre el bloque oficialista y la oposición acerca de la exigencia de que los beneficiarios se pongan “a derecho”, es decir, que se presenten ante las autoridades competentes.

 

En la práctica, este requisito obligaría a quienes se marcharon al exilio huyendo de la persecución a regresar al país y comparecer ante los tribunales para admitir los presuntos delitos. La Asamblea prevé retomar el examen de la norma el próximo martes 17 de febrero, aunque para las organizaciones de derechos humanos esta condición desvirtúa el concepto mismo de amnistía.

 

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha advertido que la propuesta, tal y como está redactada, traslada sobre las familias y las propias víctimas “la carga de explicar detenciones arbitrarias que fueron ejecutadas por un sistema de justicia que conoce, o debería conocer, las razones políticas que motivaron dichos encarcelamientos”.

 

“Estas prácticas no hacen sino incrementar expectativas y prolongar la incertidumbre, en un contexto marcado desde el inicio por irregularidades y denuncias reiteradas”, añade la organización, subrayando que desde que el borrador se difundió de forma “informal” han proliferado interrogantes sobre sus “exclusiones, riesgos e insuficiencias”.

 

Las ONG también han cuestionado con dureza la exposición de motivos, que la Asamblea publicó de forma oficial dos días después de la aprobación en primera lectura y que ya circulaba en redes sociales por iniciativa de activistas, periodistas y juristas.

 

Al igual que ocurre con el articulado de 13 puntos, la exposición de motivos contiene contradicciones que, según denuncian, contribuyen a revictimizar a los presos políticos. La Asociación Acceso a la Justicia critica que se recurra a la noción de “clemencia soberana” --que “implica la existencia previa de responsabilidad o culpa”-- y, en consecuencia, “desnaturaliza” la figura de la amnistía.

 

El documento justifica la iniciativa afirmando que “la confrontación política desde el extremismo ha dejado heridas profundas en la sociedad venezolana y es deber del Poder Legislativo, en uso de su competencia constitucional (Artículo 187, numeral 5), dictar medidas que sirvan para reparar dichas heridas”, si bien menciona el término “extremismo” sin precisar a qué actores o conductas se refiere.

 

SOBRE EL ALCANCE DE LA LEY

 

Pese a la opacidad con la que las autoridades han manejado el contenido, las ONG han valorado positivamente que el presidente de la comisión parlamentaria encargada de la supervisión de la ley, el diputado Jorge Arreaza, haya sostenido reuniones con organizaciones de la sociedad civil para recoger propuestas y observaciones.

 

Fruto de estas conversaciones, una de las sugerencias de una ONG propició que los diputados introdujeran cambios en el artículo 5, que establece que, en caso de dudas interpretativas, “se adoptará aquello que más favorezca el respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos”. A este apartado se incorporó además el principio de “in dubio pro reo”, es decir, lo “más favorable al imputado”.

 

No obstante, persisten las críticas por el alcance real de la amnistía, ya que el proyecto excluye a quienes hayan incurrido en “violaciones graves a los Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, así como en “delitos contra el patrimonio público”.

 

De este modo, la norma deja fuera el homicidio, categoría en la que se incluye el magnicidio como modalidad calificada. Esto podría impedir que se beneficien militares encarcelados o en el exilio vinculados al intento de asesinato de Nicolás Maduro en 2018 durante un acto oficial en Caracas, o a la denominada 'Operación Gedeón', que buscaba derrocar al Gobierno chavista.

 

La ley fija que los hechos susceptibles de amnistía abarcan desde el 1 de enero de 1999 hasta la fecha de entrada en vigor de la norma. La versión anterior del texto acotaba el periodo a episodios y años concretos, desde el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez hasta las protestas desencadenadas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

 

DESMANTELAR EL MARCO LEGAL VENEZOLANO

 

Aunque el proyecto se presenta como un instrumento para favorecer la reconciliación nacional, no aborda de forma explícita otros elementos clave como la reparación integral de las víctimas. En la última revisión se añadió, eso sí, una disposición que promete “la reintegración a la actividad pública” de las personas beneficiadas y garantiza la no repetición de los hechos objeto de amnistía.

 

María Eloísa Quintero, integrante de la Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela, ha insistido en que no puede pasarse por alto “la rendición de cuentas”, ya que “ninguna transición sostenible puede construirse sobre la impunidad”.

 

En esta línea, ha reclamado “reformas estructurales para desmantelar el marco legal” venezolano, así como “las prácticas que han permitido la persecución por motivos políticos, a fin de prevenir nuevas detenciones arbitrarias y otras violaciones de Derechos Humanos”.

 

Permanece igualmente sin resolver qué ocurrirá con los responsables vinculados al entorno del Gobierno de Maduro que hayan participado en graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana, incluidos casos de ejecuciones extrajudiciales y otras privaciones arbitrarias de la vida; torturas; tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de violencia sexual y de género.