La organización de juristas ha denunciado que el documento "carece de validez jurídica ya que fue firmado por una autoridad eclesiástica sin competencia para ello". Según Abogados Cristianos, aunque el arzobispo de Madrid podía actuar como interlocutor en las conversaciones con el Gobierno, "no tenía potestad" para firmar un acuerdo que afecte a la naturaleza sagrada de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, "una basílica pontificia cuya modificación requiere la intervención expresa de la Santa Sede".
Abogados Cristianos ha indicado que esta "falta de competencia" convierte el documento en un "acuerdo informal, sin rango normativo, no publicado en el Boletín Oficial del Estado y sin capacidad para producir efectos jurídicos válidos".
La fundación ha advertido de que "si el acuerdo es nulo, todas las actuaciones administrativas que se apoyan en él deben decaer, incluido el concurso de ideas y cualquier proyecto derivado del mismo". El concurso de ideas fue resuelto en el mes de noviembre con el proyecto 'La base y la cruz', de Pereda Pérez Arquitectos y Lignum S.L, como ganador.
Pero Abogados Cristianos ha recordado que la sacralidad de un templo "no puede fragmentarse, y que no es jurídicamente admisible distinguir entre zonas 'religiosas' y zonas 'civiles' dentro de una basílica". "La Basílica del Valle de los Caídos es un lugar sagrado en su totalidad, y cualquier intervención que limite o condicione el culto vulnera la libertad religiosa y el derecho de los fieles", ha añadido la entidad denunciante.
Por todo ello, la fundación ha solicitado a la Audiencia Nacional la suspensión cautelar del acuerdo firmado entre Bolaños y Cobo, así como de todas las actuaciones administrativas que traen causa del mismo, incluido el concurso de ideas y cualquier intervención material en el recinto, hasta que se resuelva el fondo del asunto.
"No se puede desacralizar un lugar sagrado mediante un acuerdo informal ni de forma parcial", ha argumentado la presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, que ha insistido en que "existe una falta absoluta de legitimación y competencia por parte de quienes firmaron este documento".
Castellanos ha expresado, no obstante, su confianza para que los tribunales "frenen este nuevo intento del Gobierno de utilizar el Valle de los Caídos como cortina de humo para desviar la atención de sus problemas políticos, vulnerando derechos fundamentales y el respeto debido a un lugar de culto".
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