La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros los requisitos para la regularización y ha destacado que el Gobierno lleva "toda la legislatura trabajando para encontrar terrenos comunes que mejoren la vida de la gente".
Asimismo, Saiz ha reivindicado la regularización como una medida de orden y responsabilidad frente al que mira "hacia otro lado". "Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado", ha asegurado.
De la misma manera, ha apuntado que se trata de la primera medida y "una de las más relevantes" del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, que ha avanzado que "verá la luz próximamente". "Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social", ha apuntado.
En cuanto a los requisitos, la medida se dirige a solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y a personas que llevaran un mínimo de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025.
Otro de los requisitos, según ha informado Saiz es no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho. Igualmente, la permanencia en España podrá acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.
En cuanto a la autorización, será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.
"LA INTEGRACIÓN NO ES INDIVIDUAL, ES FAMILIAR"
Saiz ha defendido que "la integración no es individual, es familiar". Por ello, ha añadido que el proceso permite regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España. En este caso, han añadido que su vigencia será de cinco años.
También permitirá a los extranjeros en situación irregular solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.
Igualmente, Saiz ha recalcado que el proceso que se inicia "no es una excepción" y ha recordado que en España hay "una larga trayectoria abordando esta realidad". En concreto, se han llevado a cabo dos impulsadas por el PP (2000 y 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005). Mientras, a nivel de la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.
De esta manera, la ministra ha indicado que se retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos menos Vox, pero que "ha permanecido bloqueada demasiados meses".
OCTAVA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA
Este será el octavo procedimiento extraordinario que se lleve a cabo en España. La anterior a esta es la regularización extraordinaria aprobada en febrero del año pasado para 25.000 extranjeros afectados por la dana que asoló Valencia el 28 de octubre del año pasado y en la que murieron más de 200 personas.
Previamente, en España se habían llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de migrantes. La primera "regularización colectiva" de extranjeros en España surgió en 1986 y permitió a 38.181 personas acceder a un permiso de residencia, según explica la Revista 5W. Esta misma publicación recuerda que, según el archivo del abogado José Luis Rodríguez Candela, las Cortes franquistas ya aprobaron en 1974 un decreto que permitió la regularización de 11.000 ciudadanos extranjeros. Es más, señala que, según otro trabajo de documentación de Mikel Mazkiaran, hay que remotarse a 1852 para encontrar el primer decreto de extranjería aprobado en España.
Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321. En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352.
En el año 2001 fue denominado "regularización por arraigo" y otorgó papeles a 239.174 inmigrantes de los más de 350.000 que lo solicitaron.
El último proceso de regularización extraordinaria lo llevó a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, en 2005, y en él obtuvieron la documentación más de medio millón de migrantes.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han asegurado a Europa Press que esta nueva regularización extraordinaria, que ha avanzado este lunes la formación morada, es para extranjeros que ya se encuentran en España y han añadido que se realizará "con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente". Al ser por decreto, no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso.
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