El Gobierno debe dar muchas explicaciones

 

En primer lugar, Pedro Sánchez debe aclarar si viajar en tren hoy en España no es jugarse la vida. Los maquinistas llevan años avisando a Adif -el gestor de la infraestructura ferroviaria- de deficiencias muy graves en muchos puntos de la red, sin obtener ningún tipo de respuesta. Algo de razón tendrán en su denuncia cuando, tras la catástrofe de Córdoba, el organismo público ha ordenado reducir la velocidad a 160 km/h en la línea Madrid-Barcelona y, otro tanto, en la de Madrid-Valencia, dos de los ejes con más tráfico de trenes y de personas, mientras la de Madrid-Andalucía está suspendida sin fecha. 

 

El Ministerio de Transportes también tiene que dar muchas explicaciones porque está en el ojo del huracán. Un departamento que ha sido un auténtico nido de corrupción desde la etapa de Ábalos, que no se conformaban con el negocio de las mascarillas en plena pandemia, y que exigían mordidas a empresas por adjudicación de obra pública. Precisamente, la UCO investiga contratos de Adif con una de las empresas que renovó la vía de Adamuz -justo en la 'zona cero' del siniestro- y que las realizó una constructora que supuestamente pagaba a Koldo, 

utilizando materiales de menor coste que lo previsto inicialmente para aumentar el margen de beneficio. 

 

Ya con Óscar Puente en ese ministerio, los accidentes e incidentes en la red ferroviaria se dispararon. Descarrilamientos, parones interminables en medio del recorrido, retrasos, suspensiones del servicio... ponían a prueba la paciencia de los usuarios. La tragedia se veía venir y llegó en Adamuz, que el domingo 18 de enero registraba el accidente más grave de la alta velocidad en España. Ahora el ministro se limita a derramar lágrimas de cocodrilo, lejos de su acostumbrada actitud chulesca, prepotente y faltona con la oposición y con los ciudadanos.

 

Cualquier jefe de Gobierno europeo hubiera comparecido en el Parlamento a las 24 horas de una tragedia como la de Córdoba. En España, el inquilino de la Moncloa rechaza todo control democrático y huye de las explicaciones. Y, sin embargo, tiene mucho de qué dar cuenta a los españoles. El PP se pregunta en manos de quién estamos y Abascal apunta al Gobierno "corrupto" como responsable directo de los accidentes ferroviarios. España no se merece un Gobierno corrupto, sostenido por un partido que ha sido calificado por los tribunales como una organización criminal para delinquir. La crisis se agrava ya que los españoles no nos merecemos jugarnos la vida cada vez que viajamos en un tren porque el Gobierno se ha desentendido de sus obligaciones. Si tuviera un mínimo de vergüenza, Sánchez presentaría hoy mismo su dimisión, librándonos del Gobierno más corrupto e incapaz de la historia.