A la espera del juicio de las mascarillas

Las acusaciones piden al Supremo que Ábalos y Koldo sigan en prisión provisional

Aluden a que se mantiene el riesgo "extremo" de fuga que apreció el juez al enviarlos a Soto del Real

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares lideradas por el PP han pedido al Tribunal Supremo (TS) que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García continúen en prisión provisional ante la proximidad del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

 

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así lo han solicitado en las dos vistas celebradas el jueves para analizar los recursos presentados por el exministro y su exasesor, donde las partes han tenido ocasión de exponer sus argumentos.

 

Las defensas de Ábalos y Koldo han ratificado sus recursos contra la decisión que tomó el pasado 27 de noviembre el magistrado instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, de enviarlos a prisión provisional sin fianza por riesgo "extremo" de fuga, algo en lo que las acusaciones han insistido en ambas vistas.

 

El exministro de Transportes ha estado representado tanto por su anterior abogado, Carlos Bautista, que renunció a seguir con la defensa por "diferencias contractuales" con Ábalos, como por el nuevo, Marino Turiel, puesto que el magistrado instructor ordenó al primero asistir a la vista salvo que pidiera que no se celebrara.

 

En su recurso, Ábalos acusaba al magistrado de hacer un "uso irrazonable del derecho" por enviarle a la cárcel con una "base de vaguedades y excusas procesales".

 

Su defensa pidió a la Sala de lo Penal que lo pusiera en libertad al descartar que exista riesgo de fuga y sostener que, "ante la ausencia de cualquiera de las finalidades propias de la prisión provisional, resulta inevitable no pensar en que la medida cautelar únicamente tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa al estilo de" la del tercer procesado por las mascarillas, el empresario Víctor de Aldama, "tras su paso por un centro penitenciario".

 

Y es que, en su opinión, el magistrado instructor minusvaloró la "realidad de los vínculos laborales, familiares y sociales" de Ábalos, incidiendo en que tiene un "hijo menor que está a su cargo los fines de semana" y que el exministro "tiene residencia fija en territorio español, sobradamente conocida por todos".

 

HASTA 30 AÑOS DE CÁRCEL

 

Igualmente, Koldo pidió al Supremo que lo dejase en libertad y se ofreció a pagar una fianza para poder salir de la cárcel, defendiendo que su incremento patrimonial está "justificado" por sus ingresos y quejándose de que el auto de prisión provisional "asume las conclusiones de la acusación sin verificar la solidez de los elementos incriminatorios ni la justificación del riesgo extremo".

 

La defensa de Koldo descartaba que pudiera obstaculizar la investigación, dado que "las fuentes de prueba ya han sido recabadas y formalizadas", así como que pudiera reincidir, puesto que "los hechos imputados están circunscritos a un contexto temporal y funcional específico (su posición como asesor de un aforado), del que ya se encuentra apartado por lo que la reiteración sería de todo punto imposible".

 

A ello agregaba que el magistrado alude a "una supuesta ingente cantidad de dinero no encontrada sin sustento probatorio y silenciando el reembolso de gastos de la Secretaría de Organización del PSOE" de 127.000 euros "en los años analizados".

 

"Corroborado por dos testigos que por separado afirmaron que mi mandante era el responsable del manejo de ese efectivo procedente del PSOE, y por tanto de origen legal para él, lo que explicaría la procedencia del dinero utilizado por mi mandante", exponía.

 

El magistrado instructor procesó a Ábalos y Koldo, que se encuentran en la cárcel madrileña de Soto del Real, por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.

 

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.