En el juicio del Supremo por las mascarillas

Ábalos solicita que declaren como testigos Marlaska, Torres y Armengol

Insiste en que no ha cometido ningún delito y presenta una pericial contra la auditoría del ministro Puente

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que llame a declarar como testigos en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia a los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, además de a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

 

Lo ha hecho en un escrito presentado por el que hasta este miércoles era su abogado en el 'caso Koldo', el exfiscal Carlos Bautista, que ha renunciado a defenderle por "diferencias contractuales".

 

Ábalos, que está en prisión provisional desde noviembre y defiende su inocencia señalando que los hechos por los que será juzgado "no son constitutivos de delito alguno", reclama que comparezcan como testigos Marlaska, por las mascarillas adquiridas en el Ministerio del Interior, así como Torres y Armengol por las que compraron Canarias y Baleares, comunidades que presidieron.

 

La lista de testigos planteada por Ábalos incluye a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al exdirector de Carreteras Javier Herrero, imputados en la rama del 'caso Koldo' que investiga la Audiencia Nacional y a los que quiere llamar entre otros investigados de la causa con pasado en el Ministerio de Transportes o en entes dependientes.

 

También pide que comparezcan la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; el ex secretario de Estado de Interior Rafael Pérez, que fue mano derecha de Marlaska, o el presidente de Correos, Pedro Saura, que fue 'número dos' de Transportes con Ábalos.

 

Asimismo, pide que testifiquen, entre otros, su hijo Víctor Ábalos; el hermano de Koldo García, Joseba; el ex CEO de Air Europa Javier Hidalgo, o el exgerente del PSOE Mariano Moreno y la trabajadora del partido Celia Rodríguez, que declararon como testigos en el Supremo sobre los pagos en metálico de la formación.

 

El magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, acordó el procesamiento de Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama al entender que "se concertaron" para aprovechar la condición del entonces ministro y su "influencia".

 

Se habían concertado, según expuso en un auto, para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia".

 

Puente dio este paso después de que el pasado septiembre decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

 

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

 

LA COMPRA DE MASCARILLAS SE HIZO "CONFORME A LA LEGALIDAD"

 

Ábalos también ha presentado un informe pericial contra la auditoría que el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, encargó tras estallar el 'caso Koldo'. En el mismo, Ábalos incide en que el Tribunal de Cuentas ya realizó en 2022 "un análisis exhaustivo" de los procesos de adjudicación para la compra de mascarillas.

 

Así, según su pericial, el Tribunal de Cuentas estableció que el encargo de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada De Aldama, "se hizo conforme a la legislación dentro de la situación de excepcionalidad que provocó la pandemia".

 

Y añade que esta compañía "no aportó" el aval del 50% necesario para "dejar constancia de la capacidad de obrar y la solvencia técnica y financiera suficiente del adjudicatario", sino que adelantó "el pago del importe de la mitad del precio total de la compraventa", lo que, a su entender, acreditaba "su solvencia financiera".

 

Asimismo, la pericial del exministro manifiesta que la adjudicación de compraventa a Adif y Puertos del Estado, dependientes de Transportes, también "se realizó conforme a la legalidad vigente" y que el precio de las mascarillas "fue por debajo de la media de mercado".

 

Ábalos critica el informe presentado por Puente por carecer de "los principios fundamentales de auditoría, tales como la independencia, objetividad y evidencia suficiente".

 

Además, argumenta que no se documentaron "los protocolos específicos utilizados para llevar a cabo la investigación, lo que impide evaluar la adecuación y cumplimiento de los mismos", así como que no consta "si se comunicó a las personas interrogadas que se estaba llevando a cabo una inspección de control interno".

 

"El informe de auditoría no cumple con los principios fundamentales de auditoría debido a la presencia de sesgos evidentes. Además, las argumentaciones presentadas no están debidamente justificadas y el contenido del informe contiene subjetividades, lo que compromete su objetividad y fiabilidad", concluye la pericial.

 

Según la auditoría de Transportes, Ábalos duplicó la compra de mascarillas "en 38 minutos" a la empresa de la 'trama Koldo' sin justificarlo adecuadamente y apuntaba a falta de control.