Madrid estrena ordenanza de terrazas y quioscos de hostelería

 

La Junta de Gobierno del pasado 23 de noviembre aprobaba definitivamente el texto de la nueva ordenanza con la que se buscaba, en palabras de la vicealcaldesa, Inma Sanz, la "conciliación de dos intereses especialmente relevantes en la ciudad, el descanso vecinal y el apoyo a un sector como es la hostelería, tan simbólico, tan significativo y que tanto empleo y riqueza económica genera".

 

El nuevo texto nace de la estructura de la ordenanza de 2013, actualmente en vigor, y los cambios que se introdujeron en 2022 después de haber sido anulada judicialmente "por motivos formales", en palabras de Vicealcaldía. Se incorporan elementos demandados por la ciudadanía en la consulta pública previa de 2024, así como los pronunciamientos de la Comisión de Terrazas.

 

NO ES UNA MERA MODIFICACIÓN

 

Desde el equipo de Gobierno han dejado claro que no se trata de una mera modificación. "Se genera una estructura completa respecto a todo el articulado dado que se trata de una ordenanza nueva", han indicadi, poniendo el foco en que "no es una modificación, como ocurría en el año 2022".

 

En total se presentaron 106 alegaciones y finalmente se incorporaron tres a propuesta de particulares --relativas a distintos aspectos técnicos de redacción y también a la entrada en vigor de la norma-- y cuatro más por parte del sector de hostelería --relativas al periodo de adaptación de la norma y a los flujos de peatones--.

 

UN RECURSO DEL PSOE TUMBÓ LA ORDENANZA FIRMADA POR VILLACÍS

 

En abril de 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulaba "por no ser conforme a derecho" la modificación de la ordenanza de terrazas aprobada el mandato pasado por el equipo de Gobierno liderado por José Luis Martínez-Almeida (PP) y Begoña Villacís (CS) tras el recurso presentado dos años antes por la entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento, Mar Espinar.

 

Los socialistas recurrieron a la Justicia ante la "ausencia de justificación de informe sobre el impacto presupuestario y de evaluación estratégica ambiental". El TSJM remarcaba en su sentencia "la inexistencia o insuficiencia de determinados informes".

 

El Ayuntamiento recurrió en casación ante el Supremo pero fue inadmitido confirmando la anulación y derogación de facto de la ordenanza de 2022.