Denuncian la falta de jueces y medios para afrontar una creciente litigiosidad

Asociaciones judiciales proponen un plan de choque ante el "deterioro estructural" de la Justicia

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han propuesto al Ministerio de Justicia un plan de choque para paliar lo que denuncian como un "deterioro estructural" de la Administración de Justicia que achacan a la falta de jueces y medios para afrontar una creciente litigiosidad.

 

Las dos asociaciones han enviado este martes un escrito al departamento que dirige Félix Bolaños "con el fin de fijar un diagnóstico compartido y plantear las actuaciones" que consideran "indispensables para afrontar el deterioro estructural que atraviesa la Administración de Justicia".

 

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, explican que la litigiosidad va en aumento desde hace años "sin signos de estabilización". Al respecto, subrayan que, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), creció un 15,6% solo en el primer trimestre de este año, respecto al mismo periodo que el anterior.

 

A eso suman que, "en paralelo", los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan la "alta probabilidad" de que en 2026 España supere los 50 millones de habitantes, algo que "no es neutro" porque "mayor población conlleva mayor litigiosidad" y nuestro país ya tiene un "déficit estructural de jueces", con 11,6 togados por cada 100.000 habitantes, "una ratio muy alejada de la media europea, cercana a los 17".

 

Además, advierten de "un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años: el aumento de las jubilaciones voluntarias o anticipadas". De hecho, precisan que "en el año 2023 casi la mitad de las jubilaciones de jueces fueron de esa naturaleza --47,47% del total--". A este ritmo, el CGPJ estima que "alrededor de un tercio de la carrera judicial se retirará en la próxima década", reiteran.

 

Apuntan igualmente a un "desgaste profesional significativo" no solo por esas jubilaciones sino también por "el riesgo psicosocial" que supone que "la carga de trabajo excede de forma continuada los límites razonables". "No es casual que aumenten las bajas, incapacidades y jubilaciones anticipadas", dicen.

 

SE NECESITAN 350 NUEVOS JUECES AL AÑO

 

AJFV y FJI indican que "el propio Plan Estratégico del CGPJ para el decenio 2023-2032 señala que España necesita alrededor de 350 nuevos jueces al año para cubrir la reposición y garantizar un crecimiento mínimo de la planta" judicial, pese a lo cual "las convocatorias recientes --120 plazas en 2023, 120 en 2024 y 120 en 2025-- distan considerablemente de ese objetivo".

 

"A ello debe añadirse que el CGPJ ha identificado un déficit estructural superior a 400 unidades judiciales, que no se compensa con las plazas creadas recientemente", apostillan.

 

Asimismo, recuerdan que, para evitar la huelga, en mayo de 2023 se alcanzó un acuerdo que contemplaba un "esfuerzo económico" de unos 10 millones de euros para crear 100 nuevas plazas de acceso para las carreras judicial y fiscal en las convocatorias de oposiciones de 2023 y 2024.

 

Denuncian que "se trata de un compromiso que a día de hoy no ha sido cumplido", a pesar de que "su cumplimiento no quedaba supeditado en modo alguno a la aprobación de una Ley de Presupuestos".

 

REPOSICIÓN AUTOMÁTICA Y DINERO

 

Como remedio, proponen una "reposición automática de todas las vacantes por jubilación y/o fallecimientos mediante la creación anual de tantas plazas de alumnos de la Escuela Judicial para su posterior acceso a la carrera por la categoría de juez como jubilaciones o fallecimientos se hayan producido en el año anterior".

 

"Y ello, de forma adicional y complementaria a las plazas que estén ya previstas en los Presupuestos Generales del Estado aplicables a cada año respectivo", aclaran.

 

Las asociaciones defienden que "la reposición automática es la medida más inmediata y eficaz para evitar una reducción progresiva de la planta judicial", dado que "no supone incremento presupuestario porque se trata de plazas ya existentes; sus retribuciones ya estaban dotadas; y han quedado vacantes por causas sobrevenidas --jubilación o fallecimiento--".

 

También plantean una "modificación presupuestaria extraordinaria", ya que "la Ley General Presupuestaria permite varios mecanismos que habilitan crédito adicional para reforzar servicios públicos esenciales".

 

En concreto, aluden a posibles "ampliaciones de crédito en partidas ampliables; generaciones o incorporaciones de crédito procedentes, entre otros supuestos, de vacantes o remanentes; y transferencias internas dentro de la misma sección presupuestaria".

 

Todos, esgrimen, "son instrumentos ordinarios de gestión, utilizados de manera habitual en la Administración General del Estado", que permitirían "crear nuevas plazas judiciales sin necesidad de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales".

 

Asimismo, exigen "el cumplimiento de los acuerdos adoptados en mayo de 2023", "recuperando las 200 plazas que dejaron de convocarse en las oposiciones a las carreras judicial y fiscal de los años 2023 y 2024".

 

UNA JUSTICIA MÁS LENTA

 

Sin estas medidas inmediatas, advierten de que se "compromete la capacidad del Estado para garantizar un funcionamiento adecuado de la Justicia". "Es imprescindible adoptar medidas que refuercen la planta judicial y permitan prestar un servicio público conforme a los estándares que la ciudadanía tiene derecho a esperar", alegan.

 

Las asociaciones firmantes avisan de que "las consecuencias del actual deterioro se perciben con claridad", exponiendo que "los tiempos de respuesta se alargan de forma significativa", hasta el punto de que "los señalamientos se fijan con demoras que alcanzan varios años", también en "asuntos especialmente sensibles --violencia de género, menores--, donde "los retrasos suponen una merma aún más intensa, si cabe, de derechos fundamentales".

 

El resultado, subrayan, es que "muchos procedimientos quedan paralizados durante años, con perjuicio evidente para quienes dependen de su resolución" y para los operadores jurídicos --Fiscalía, Letrados de la Administración de Justicia, abogacía, procuradores y funcionarios--, "que afrontan cargas crecientes sin una estructura reforzada".

 

"No se trata, por tanto, de una cuestión corporativa: garantizar la tutela judicial efectiva exige disponer de una planta judicial suficiente", reivindican AJFV y FJI, que quedan a la espera de la respuesta del Ministerio de Justicia.