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Jueves, 11 de Diciembre de 2025
Gastó un millón de euros para influir en Ábalos, Koldo y De Aldama

La UCO apunta que la trama de hidrocarburos se infiltró en la cúpula de los ministerios de Ábalos, Maroto y Ribera

Sitúa a Aldama y al dueño de Villafuel, Claudio Rivas, al frente de "una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas como presuntos cabecillas de la trama de hidrocarburos vinculada a Villafuel que investiga la Audiencia Nacional, indicando que no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente. Asimismo, apunta que gastó un millón de euros para influir en Ábalos, Koldo y De Aldama.

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En un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO describe "una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector".
 
Los investigadores precisan que, "de forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas".
 
La Benemérita no alberga duda de que "la máxima dirección de esta organización criminal" eran Aldama y Rivas, el dueño de Villafuel. "Ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras", afirma.
 
Y asegura que hay "indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO)".
 
La infiltración se habría vehiculado a través de Aldama, "persona con acceso al entorno" de Ábalos, con la finalidad de "influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a la Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos". "Todo ello a cambio de una contraprestación económica", subraya.
 
La UCO establece el inicio de la supuesta trama en diciembre de 2020, cuando por parte del "entorno de la presunta organización criminal" se habría pedido a Aldama "que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes", para que Villafuel obtuviera la licencia de operadora en el sector de los hidrocarburos.
 
Y ello porque Rivas se habría visto obligado a reestructurar el entramado empresarial encabezado por Gaslow tras la detención de "los grupos que conformaron" lo que la UCO define como otra organización criminal dedicada al sector de los hidrocarburos que habría actuado hasta finales de ese año. Esto "fue determinante" para que Rivas "se viera abocado" a idear "una nueva operadora y suministradora que le permitieran reactivar la operativa fraudulenta perdida".
 
ÁBALOS COMO LLAVE PARA OTROS MINISTERIOS
 
El Instituto Armado explica que "se trata de un sector cuya regulación y supervisión implica la participación de diversos ministerios y organismos públicos", entre ellos Transición Ecológica, porque es quien otorga o deniega el inicio de actividad para operar como mayorista en el mercado de hidrocarburos; e Industria porque "las empresas autorizadas tienen la obligación de remitir periódicamente información sobre precios, descuentos y volúmenes de comercialización".
 
La dinámica detallado por la UCO refleja que el objetivo de la presunta trama era que Aldama llegara a "un acuerdo" con Ábalos y "su entorno" para que "el ministro ejerciera su influencia en los órganos competentes del MITECO y del MINCOTUR".
 
De acuerdo con la UCO, el propio Aldama ofreció "sus contactos en el Gobierno" para ayudar a Rivas y sus socios, entre ellos Carmen Pano y su hija Leonor González. Esta última tenía una "relación estrecha de amistad" con el empresario, por lo que fue quien le avisó.
 
"Tú tienes tu reunión y ya ves si puedes hacer lo que te van a proponer. Porque si aceptas, te pagarán", le dijo el 19 de diciembre de 2020. "Puedes adelantarme algo?", pidió él. "Sí, pero no te he dicho nada. Es para las licencias de los gasocentros. Agilizar los trámites con Industria", contestó ella. Aldama avanzó que lo tenía "muy fácil" y que la cuestión era saber "cuánto pagan" para ver si le interesaba "mover todo". "Te pagan MUY MUY MUY bien", aseveró González.
 
EL JEFE DE GABINETE DE INDUSTRIA, PRESUNTO INTERLOCUTOR DE LA TRAMA
 
Según recoge el informe, "los contactos iniciales que dieron lugar a las primeras reuniones fueron dinamizados a través de Koldo, quien facilitó las gestiones con Juan Ignacio Díaz Bidart", entonces director de gabinete de Maroto, del que la UCO dice que "podría haber sido designado por Ábalos para mantener la interlocución institucional con los miembros de la organización criminal".
 
No obstante, la propia Benemérita cree que se debió a una equivocación, "al atribuir erróneamente al citado Ministerio la competencia sobre la gestión que requerían".
 
La Guardia Civil asegura que esta circunstancia quedó "evidenciada" en un mensaje de WhatsApp que Aldama envió a González tras "la primera reunión". "Anda que decirme que era Industria y luego ser Energía. Menos mal que el padrino manda", dijo, en lo que la UCO entiende como una alusión a Ábalos.
 
La Guardia Civil recoge una "reunión informal" a las 21:00 en el restaurante madrileño 'La Tragantía', "al menos", entre Díaz Bidart, Aldama, el entonces asesor de Ábalos, Koldo García, y "una cuarta persona cuya identidad se desconoce".
 
La "primera reunión" oficial con Industria se produjo poco después, ese 28 de diciembre. "Me ha llamado mi madre para contarme la reunión de hoy con Industria. Está todo hecho, que no nos preocupemos por los permisos, que está ya hecho", escribió la hija de Pano a su entonces pareja, Natán González.
 
De ello, la UCO deduce que "finalizó de modo bastante satisfactoria para los intereses de la organización criminal", que asegura que "era plenamente consciente de que no cumplían" los requisitos legales.
 
El Instituto Armado plasma que "el principal obstáculo que la organización criminal pretendía sortear" era la obligación de disponer de los tres millones de euros que necesitaban acreditar ante el MITECO.
 
KOLDO TAMBIÉN CONTACTÓ CON EL JEFE DE GABINETE DE RIBERA
 
Los agentes también recalcan que Koldo contactó con Marc Pons, director de gabinete de Ribera, durante la tramitación del expediente de Villafuel, y tras diversos requerimientos para subsanar "las deficiencias advertidas".
 
La UCO sostiene que el 8 de abril de 2021 Koldo reenvió a Pons una imagen con los datos de registro de la documentación sobre Villafuel. Dicha fotografía se la había reenviado Aldama a Koldo dos días antes, cuando ambos mantuvieron una reunión en el Ministerio junto a Rivas para "tratar temas relacionados con la validación del contenido de la declaración responsable que otorgar a la autorización de operador mayorista de hidrocarburos a Villafuel".
 
Los agentes aseguran que el hecho de que Koldo le enviara la imagen a Pons, "sin que mediara comentario alguno, sugiere que dicho envío obedeció al resultado de una conversación previamente sostenida entre ambos".
 
Según la Guardia Civil, el 8 de julio de ese año Koldo volvió a contactar con Pons para solicitar una reunión para entregarle unos documentos relacionados con una solicitud.
 
El Instituto Armado ve "llamativa" esta reunión al considerar que no parecía necesario el encuentro para recibir "papeles" porque ya sabía de la existencia del expediente y tenía "capacidad para disponer y tener acceso al mismo por los cauces ordinarios de su Ministerio". Dos días después, Ábalos fue cesado como ministro de Transportes.
 
UN MILLÓN PARA ABALOS, KOLDO Y ALDAMA
 
Por otra parte, la UCO de la Guardia Civil sostiene que la trama de fraude en el sector de los hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional y por la que está investigado Víctor de Aldama habría gastado un millón de euros para influir en el empresario, en el exministro José Luis Ábalos y en su exasesor Koldo García.
 
Así se desprende del último informe aportado por el Instituto Armado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y al que ha tenido acceso Europa Press. Los agentes, en concreto, sostienen que "la organización criminal dirigida por Claudio Rivas dispuso" de esa cantidad de dinero para abonar una serie de "contraprestaciones económicas ilícitas".
 
Parte de ese millón de euros, en concreto 585.000 euros, fue destinado a la compra de un chalet "previamente elegido" por Ábalos: el de La Alcaidesa, en Cádiz. "El ministro dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico, todo ello bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento instrumentalizado cuyas cuotas no fueron satisfechas, con excepción de la primera mensualidad y la fianza", apunta el informe.
 
La adquisición del inmueble "se produjo tras un proceso de búsqueda y selección de una propiedad que se adecuara a las preferencias personales del ministro, proceso en el que intervino activamente su asesor Koldo García", que había intercambiado previamente diversos anuncios de propiedades con Ábalos.
 
Fue en una fecha coincidente con la segunda reunión mantenida por los presuntos líderes de la trama en el Ministerio de Industria y Turismo "cuando Koldo reenvió a De Aldama el enlace a la oferta de venta de La Alcaidesa, evidenciando que fue la que eligió el ministro".
 
"HA SIDO PILLAR LA CASA Y HA DADO AL BOTONCITO"
 
El empresario, según la UCO, actuó "como intermediario entre el ministro y la organización criminal", iniciando "las gestiones necesarias para la adquisición" de la vivienda. "El 17 de junio de 2021, Claudio Rivas, estando convencido de que obtendrían la autorización de operador mayorista, puso a disposición del ministro la referida propiedad", indican los agentes.
 
"La correlación entre la compra de la casa y la firme convicción, por parte de los integrantes de la organización criminal, de que obtendrían la autorización de operador mayorista, fue percibida en su entorno como una relación directa de causa causa-efecto", afirma la Guardia Civil. Ese hecho quedó plasmado en una conversación transcrita en el informe.
 
"Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito", le llegó a decir la empresaria Leonor González a su pareja Natán González. Según los agentes, "los interlocutores atribuían la concesión de la autorización a la compra previa de la vivienda pretendida por el ministro".
 
La UCO señala que Ábalos disfrutó del chalet de julio a noviembre de 2021. Dos meses después del cese del ministro, y "ante la falta de concesión de la autorización pretendida, Claudio Rivas ordenó a su abogado la redacción de una demanda de resolución de contrato de arrendamiento, de desahucio y de reclamación de rentas".
 
DINERO PARA ACTIVAR A DE ALDAMA
 
Parte del mencionado millón de euros también fue a parar al bolsillo de Víctor de Aldama, que "percibió 292.416,66 euros procedentes de la mercantil Have Got Time", la misma que oficializó la compra del chalet de Ábalos y que era propiedad de Rivas. Se trató, en concreto, de un "pago por su intermediación con el ministro en favor de los intereses de la presunta organización criminal, de la cual acabaría formando parte".
 
Ese total fue fraccionado en varios pagos. En junio de 2021, cinco días después de la firma de la escritura del chalet, De Aldama recibió 181.500 euros. Un mes después, percibió 110.916,66 euros. En ambos casos, esos pagos se camuflaron como parte de un contrato de prestación de servicios entre Have Got Time y una mercantil de De Aldama.
 
La UCO señala que, ya con posterioridad e integrado en la trama criminal, De Aldama percibió un total de 925.036,95 euros.
 
Los agentes explican que, antes de estos pagos, en diciembre de 2020 y un día antes de la primera reunión de la trama en el Ministerio de Industria y Turismo, De Aldama habría recibido 5.000 euros. En concreto, la empresaria investigada por la Audiencia Nacional María del Carmen Pano le habría entregado esa cantidad "para activar la influencia" del empresario.
 
PAGOS A KOLDO
 
El informe también da detalles sobre Koldo García que, "si bien demorado en el tiempo, fue beneficiado de un contrato de trabajo instrumentalizado por una mercantil administrada" por Manuel Salles y "vinculada a Claudio Rivas". "Dicha contratación, bajo la apariencia de un puesto de consultor en seguridad y sobre el que no hay constancia de prestación efectiva de servicios, consta acreditado desde el 27 de enero de 2022", señala.
 
La Guardia Civil detalla que el exasesor de Ábalos recibió en marzo de 2022 y en concepto de nómina 1.950,50 euros. Seis días después, se embolsó 5.000 euros en concepto de adelanto. El informe indica que "la influencia del ministro se materializó en las reuniones y conversadores mantenidas por Koldo García con distintos responsables ministeriales".
 
Todos estos pagos tenían como objetivo, apunta la UCO, "obtener para Villafuel la autorización como operador mayorista de hidrocarburos, eludiendo la obligación de justificar, mediante la declaración responsable, la capitalización de la empresa con los tres millones de euros de fondos propios exigidos normativamente".
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