El PP plantea atajar la "propaganda" oficial sobre desinformación y el uso de bulos

 

Las proposiciones no de ley (PNL) piden poner fin a lo que describen como "ideologización" de los informes oficiales, elaborar un nuevo análisis sin sesgos y reforzar los mecanismos de respuesta ante bulos vinculados a operaciones de seguridad o actuaciones policiales.

 

La primera propuesta, registrada por el Grupo Popular en el Congreso, solicita abordar el problema de la desinformación "con rigor y sentido de Estado", acabar con la "ideologización y propaganda progubernamental" de los informes y foros sobre desinformación impulsados desde el Gobierno y desde el Departamento de Seguridad Nacional, realizar un nuevo Informe sobre desinformación "basado en datos e información y sin sesgos ideológicos" y garantizar que cualquier estrategia nacional contra la desinformación se elabore con "criterios objetivos y científicos".

 

El PP critica que los Informes de Seguridad Nacional de 2023 y 2024 "mezclen" desinformación con discursos del odio y medios de comunicación, así como referencias del Foro contra campañas de desinformación que vinculan el fenómeno a ejemplos políticos, mediáticos o sociales. Denuncia que recoja declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y pasajes de la ponencia marco del 41 Congreso del PSOE, por lo que concluyen que el Ejecutivo "ha convertido un problema real en un instrumento de propaganda contra la oposición".

 

EXPLICACIONES POR EL 'BULO DE LA BOMBA LAPA'

 

La segunda moción pide al Gobierno que "reconozca expresamente la gravedad de la propagación de bulos sobre supuestas operaciones de seguridad o actuaciones policiales" y que comparezca ante las Cortes para informar de la difusión y validación pública hecha por algunos ministros del llamado 'bulo de la bomba lapa', en alusión a la noticia falsa de que el exagente de la UCO de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla, contratado ahora por la Comunidad de Madrid, quisiera poner un explosivo a Pedro Sánchez.

 

El PP también pide al Ejecutivo conocer las medidas adoptadas para preservar la neutralidad institucional, y que refuerce las capacidades del Sistema de Seguridad Nacional para detectar "y neutralizar campañas de desinformación impulsadas desde el propio entorno institucional", incluyendo un protocolo de desmentido obligatorio cuando se difundan datos falsos desde esferas gubernamentales.