El excargo del PSOE y del Gobierno fue apartado por acoso

El PSOE tarda cuatro meses en contactar con las denunciantes de Salazar

El secretario general del PSOE de Torremolinos, expedientado por una denuncia de acoso sexual

Las denuncias contra el excargo del PSOE y del Gobierno Francisco Salazar y su posterior gestión por parte del partido están provocando una crisis por el "error" que supone tardar cuatro meses en contestar a las mujeres que dieron el paso de contar su caso a través del canal interno.

 

Fuentes socialistas admiten que ha sido una equivocación no ponerse en contacto con las víctimas hasta esta misma semana, toda vez que las denuncias se presentaron el pasado mes de julio y consideran que deben solucionarlo cuanto antes.

 

Aunque consideran que no ha habido intención de ocultar el caso ni de restar credibilidad al testimonio de las denunciantes, reconocen que el problema no se ha gestionado bien y ha desembocado en una situación perjudicial para el partido que tienen que enmendar.

 

No obstante, defienden que Salazar fue apartado de inmediato, el pasado mes de julio después de los primeros testimonios en su contra, de mujeres jóvenes a su cargo que describían comportamientos inadecuados en su puesto de trabajo en Moncloa, donde ejercía de asesor del presidente Pedro Sánchez.

 

Salazar desempeñó varios cargos en Moncloa durante la etapa de Sánchez y en el momento en que estalló el caso era secretario de Coordinación Institucional. Además tenía asiento en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretario de Análisis y Acción Electoral.

 

Fue obligado a apartarse cuando iba a ser ascendido al equipo de la Secretaría de Organización para suplir la baja de Santos Cerdán tras su entrada en prisión por un presunto caso de corrupción.

 

CONTRICIÓN Y EXPLICACIONES

 

Ese mismo mes de julio el PSOE recibió dos denuncias de forma anónima ante la comisión Anti-acoso, pero en estos meses no se han puesto en contacto con ellas y además el expediente llegó a desaparecer de la plataforma informática donde se registran los avances.

 

En el partido explican que el expediente no se ha borrado ni ha desparecido --aunque durante unos días no estuvo visible-- y aseguran que continuarán con la investigación hasta el final. De hecho recalcaron que seguirán adelante aunque Salazar ya no sea militante socialista, puesto que se dio de baja la semana pasada.

 

Las fuentes consultadas consideran que no se ha explicado bien y piensan que solo se puede solucionar haciendo un ejercicio de contrición y dando una explicación adecuada de lo que ha sucedido y de los pasos que ha dado el partido para ayudar a las víctimas.

 

REUNIÓN TENSA EN FERRAZ

 

En esa línea ha ido la secretaria de Igualdad socialista, Pilar Bernabé, que ha pedido perdón a las afectadas y ha admitido un "fallo" en el canal de denuncia interna, al que, asegura, ya han puesto solución.

 

La propia Bernabé convocó en la víspera una reunión telemática de urgencia con las responsables de Igualdad de las federaciones socialistas, en las que varias expresaron sus discrepancias con el modo en que Ferraz estaba llevando esta situación.

 

Las voces discrepantes continúan y este mismo jueves la 'ex número dos' del PSOE y actual delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha pedido elevar a la Fiscalía los presuntos casos de acoso sexual, una postura que en este momento no comparte la dirección socialista.

 

OTRO DIRIGENTE, DENUNCIADO POR ACOSO SEXUAL

 

Por otro lado, el PSOE ha acordado abrir expediente disciplinario a Antonio Navarro, secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga), al que suspende cautelarmente de militancia tras la denuncia de una militante de dicha localidad por supuesto acoso sexual presentada ante el propio partido y ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, que ha abierto diligencias preprocesales.

 

 

Así consta en una resolución de la Comisión Ejecutiva Federal, a la que ha tenido acceso Europa Press, que se dicta tras solicitar la Secretaría de Organización Provincial del PSOE de Málaga dicha suspensión cautelar de militancia al tener conocimiento de la apertura de las referidas diligencias por parte del ministerio fiscal.

 

El documento precisa que del análisis de la información conocida por la Comisión Ejecutiva Federal, "sin perjuicio de otros hechos que podrían aparecer", se desprende que presuntamente podría haber incurrido en lo establecido en dos artículos del Estatuto Federal, calificados como falta grave y como falta muy grave por supuesta "mala conducta cívica o ética".

 

La denuncia de la militante ante la Fiscalía --de noviembre de este año-- señalaba que en el último trimestre de 2021, comenzó a recibir "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas", que le generaron "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante". Unos mensajes enviados en el entorno laboral y también fuera y en horario nocturno.

 

En la denuncia, la militante explica que el denunciado también realizaba otras acciones que, en su opinión, "atentaban a la intimidad" y que aprovechaba cualquier ocasión para "sobrepasarse también físicamente" y aludía la supuesta naturaleza "misógina, intimidatoria y agresiva" del denunciado.

 

Siguiendo los cauces internos del PSOE, la denunciante puso los hechos en conocimiento de la organización en junio de este año y reiterados en octubre, siendo instruidos según el protocolo frente al acoso de la formación, pero sin que hubiera tenido respuesta sobre estas denuncias internas en el momento de la presentación de la denuncia en Fiscalía.

 

En la resolución del PSOE Federal se detalla que en concreto Navarro podría haber incurrido en lo que establece el artículo 85.j, que alude a la "mala conducta cívica o ética que contradiga los principios del partido, el Código Ético y de Conducta o el Código de Comportamiento y Buenas Prácticas en Redes Sociales, que sea considerada grave por el daño causado a la imagen o los intereses del PSOE".

 

Y también en el 86.i, que señala a una "mala conducta cívica o ética que contradiga los principios del partido, el Código Ético y de Conducta o el Código de Comportamiento y Buenas Prácticas en Redes Sociales, que sea considerada muy grave por el daño causado a la imagen o los intereses del PSOE y/o cuando contravengan nuestras resoluciones relativas a violencias contra las mujeres o contra cualquier colectivo vulnerable".

 

De hecho, según consta en la denuncia ante la Fiscalía, consultada por Europa Press, para la militante, los hechos denunciados podrían constituir un delito de acoso sexual y delitos de coacciones y acoso reiterado; además de que en su caso podrían enmarcarse dentro de la violencia de género.

 

Por otro lado, el documento del PSOE Federal nombra instructor y señala que las medidas cautelares e internas adoptadas en esta resolución se toman "dada la naturaleza y repercusión pública" de lo imputado a Navarro y "sin perjuicio de la presunción de inocencia y del resultado del expediente que habrá de seguirse" para determinar los hechos.

 

Al tiempo, se hace constar "el derecho del expedientado a indicar los medios de prueba de los que pretenda valerse en su defensa, así como proponer la práctica de las pruebas que considere necesarias para la adecuada resolución del expediente". También se le informa de su derecho de presentar recursos contra esta resolución ante la Comisión Federal de Ética y Garantías.