La Fiscalía pide 9 años de prisión y 29 para su hijo mayor

La Audiencia juzga a Jordi Pujol por el enriquecimiento de su familia

Les acusan de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes

La Audiencia Nacional (AN) sentará en el banquillo desde este lunes al que fuera presidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol, junto a sus siete hijos y más de 15 presuntos colaboradores, por haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

 

Un tribunal presidido por el magistrado José Ricardo de Prada, con las magistradas María Fernanda García como ponente y Mercedes del Molino juzgará a los acusados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.

 

La Fiscalía pide la pena más alta, 29 años de prisión, para el hijo mayor de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, y una multa de más de 6,5 millones, según su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press. Para su exmujer Mercé Gironés, quien la fiscal señala que compartió el patrimonio con el que fue su marido, pide 17 años de cárcel y más de 600.000 euros de multa.

 

En el caso del 'expresident', Anticorrupción solicita 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros. Para sus otros seis hijos, pide penas de entre 8 y 17 años de prisión.

 

Al margen de las multas, el Ministerio Público reclama también que la familia Pujol devuelva el dinero del que presuntamente dispuso, más de 45 millones de euros.

 

Para el resto de acusados, que son empresarios, la Fiscalía pide penas de dos y tres años de prisión por delitos de falsedad de documento mercantil en relación medial con un delito de blanqueo de capitales. Y, además, solicita se les imponga multas que van desde los 200.000 euros hasta los 8 millones.

 

En el marco de su escrito, la entonces fiscal de Anticorrupción Belén Suárez relata las actuaciones presuntamente delictivas que atribuye a la familia Pujol. Sostiene que Pujol, "aprovechando" su condición de presidente de la Generalitat y líder de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), "tejió una red de clientelismo, hasta el punto de construir un entramado que implicaba que, por una parte, el propio Pujol Soley y, por otra, empresarios afines a CDC, se repartían los sobresalientes beneficios de concursos públicos".

 

LA DEFENSA ASEGURA QUE PUJOL "NO ESTÁ EN CONDICIONES"

 

El juicio se prevé que empiece el lunes con una comparecencia previa por videoconferencia del expresidente para que explique su estado de salud desde su casa de Barcelona, después de haber estado hospitalizado desde mediados de noviembre --y hasta el pasado viernes-- por una neumonía.

 

Un informe forense realizado a petición de su defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, concluyó que Pujol "no está en condiciones" de desplazarse ni de declarar en la sede de la AN en Madrid. Según la pericial, a sus 95 años, presenta "un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)".

 

Los doctores que le examinaron y que redactaron este informe también declararán el lunes de cara a ratificar sus conclusiones. Está previsto que durante el juicio, que se extenderá hasta mediados de 2026, comparezcan más de 200 testigos. Entre ellos, la Audiencia Nacional aceptó las testificales del actual conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y de los dueños de la Banca Privada de Andorra, entre otros.

 

SE APROVECHABAN DE SU "POSICIÓN PRIVILEGIADA"

 

Esta causa llega a juicio después de que el magistrado José de la Mata culminara su investigación en julio de 2020, después de ocho años de pesquisas.

 

El juez propuso juzgar a la familia al completo por formar una presunta organización criminal que, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumuló un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas", según el auto de imputación, al que tuvo acceso Europa Press.

 

En dicho auto, el magistrado señaló que parte de esas "actividades corruptas" que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003, aunque se habrían prolongado más allá de su salida del cargo, generándoles "cantidades millonarias".

 

El instructor situó el origen del dinero en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas a distintas empresas, que realizaban entregas millonarias a la familia, disimuladas bajo estructuras societarias. Y ello, según De la Mata, a cambio de una "contraprestación" que pasaba por que los Pujol ejercieran "concretas influencias" para adjudicaciones y concesiones "a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán".

 

El expresidente de la Generalitat admitió en 2014 tener dinero en el extranjero, pero lo achacó a una herencia de su padre, Florenci Pujol. En un comunicado, explicó que éste quiso dejarle ese dinero fuera de España porque, habiendo vivido de cerca los años 30 y 40, "tenía miedo de lo que podía pasar, y más de lo que le podía pasar a un político muy comprometido".

 

LIDERAZGO DE PUJOL Y LA 'MADRE SUPERIORA'

 

De la Mata concretó el papel que cada miembro de la familia habría desempeñado en este entramado. El liderazgo estaba "encarnado" en Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola, su mujer, que también estuvo imputada pero falleció en 2024 y que se autodenominaba, según recordó el juez, 'la madre superiora de la congregación'.

 

En el siguiente escalón estaba su hijo mayor, 'el capellán de la parroquia', que siguiendo las instrucciones de sus padres "asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas" dentro del grupo familiar, indicó.

 

Según el magistrado, Pujol Ferrusola "ha admitido que todas las operaciones que se llevaron a cabo en las cuentas de Andorra, todos los movimientos que se realizaron en las mismas y buena parte de los negocios en los que invirtió durante años estuvieron directamente relacionados con el patrimonio económico que gestionaba para sí y su familia".

 

Del resto de los hermanos (Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia), sin perjuicio de su participación individual en determinados negocios u operaciones, el juez determinó que "seguían las instrucciones" del mayor, "abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran distribuidos" por el primogénito y "tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito".

 

Pero aunque "el rol más preeminente" era el de Pujol Ferrusola, ya que ostentaba un "carácter de responsable principal de la recepción y distribución de dinero entre los miembros de la familia", en alguna ocasión fueron Josep, Oleguer o Pere los que realizaron las transferencias a sus hermanos, precisó el juez.

 

EL PAPEL DEL RESTO DE PROCESADOS

 

Sobre los procesados fuera del clan Pujol, De la Mata concluyó que "colaboraron estrechamente con la organización, con carácter transversal, permanente y sistémico, aportando sus estructuras mercantiles y como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios".

 

Asimismo, explicó que se cumplen los requisitos doctrinales del delito de organización criminal con diversos niveles jerárquicos, una estructura planificada y permanencia en el tiempo desde que se abrieron las primeras cuentas corrientes en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014.

 

El juez Santiago Pedraz acordó en 2021 la apertura de juicio oral a toda la familia, a excepción de la mujer del 'expresident', a la que exoneró después de que la defensa presentara un informe médico en el que alegaba que sufría demencia severa.