Martes, 18 de Noviembre de 2025

Actualizada Martes, 18 de Noviembre de 2025 a las 18:43:57 horas

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Martes, 18 de Noviembre de 2025
Presenta una proposición no de ley en el Congreso

Más Madrid reclama retirar el nombre de Juan Carlos I de calles, universidades y hospitales

Más Madrid, cuyas diputadas están adscritas al grupo Sumar, ha registrado en el Congreso una proposición no de ley que insta a retirar honores, distinciones y denominaciones oficiales vinculadas al rey emérito Juan Carlos I en el callejero e instituciones públicas.

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Concretamente, la formación madrileña demanda que se elimine el nombre del emérito de universidades, infraestructuras, centros de investigación, vías públicas y hospitales. Por ejemplo, esto afectaría a la Universidad Rey Juan Carlos, con campus en diversos municipios de Madrid, y al hospital universitario homónimo ubicado en la localidad madrileña de Móstoles.
 
Más Madrid impulsa esta iniciativa parlamentaria en unos días de "fuerte carga simbólica", según resaltan a Europa Press fuentes de la formación, al coincidir con el 50º aniversario de su proclamación como monarca (el 22 de diciembre de 1975) tras la muerte del dictador Francisco Franco (el 20 de diciembre de ese año).
 
Las dos efemérides, destacan en Más Madrid, "refuerzan la necesidad de revisar críticamente los símbolos todavía vigentes en la administración pública". Es más, la formación subraya que mantener estas denominaciones que evocan a Juan Carlos I "resulta incoherente con el distanciamiento institucional hacia el rey emérito, evidenciado en su ausencia del acto institucional que el Congreso celebrará este viernes".
 
De esta forma, aluden al coloquio organizado por la Cámara Baja titulado '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia', que tendrá lugar en la Sala Constitucional presidido por los reyes y que será moderado por los periodistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo.
 
En la ceremonia, a la que acudirán también la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, participarán Miquel Roca y Miguel Herrero, padres vivos de la Constitución, así como la académica Adela Cortina y la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.
 
RECLAMA TAMBIÉN RETIRARLE TÍTULOS Y CONDECORACIONES
 
De cara al evento ya han confirmado su ausencia Sumar (el grupo al que se adscriben las dos diputadas de Más Madrid Tesh Sidi y Alda Recas), así como Esquerra Republicana (ERC), Junts, Bildu, Podemos, PNV y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), algunos de los principales socios del Gobierno de Pedro Sánchez.
 
Para Más Madrid, "actualizar estos símbolos conforme a los principios de integridad, ejemplaridad y ética pública es esencial para reforzar la credibilidad democrática y avanzar en una memoria pública coherente".
 
En el texto de la iniciativa impulsada por las diputadas de Más Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, aseveran que el emérito ha sido "excluido" de este evento que conmemora la restauración de la monarquía, que se unen a otras medidas contra Juan Carlos I como la retirada de su asignación presupuestaria con cargo a la Casa Real y el cese de toda su agenda institucional tras las sospechas de presuntas irregularidades fiscales.
 
Sin embargo, pese a este claro distanciamiento institucional Más Madrid cuestiona que el rey emérito "continúa presente" en la onomástica oficial de universidades públicas, hospitales, infraestructuras, centros de investigación y otros espacios públicos.
 
"Mientras el Estado se distancia de su figura, estos centros siguen vinculados simbólicamente a ella, una contradicción que erosiona la coherencia y credibilidad del sistema público", ahonda la proposición que fundamenta el cambio de nombre también al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
 
Así, ahondan a que el cambio de denominación de equipamientos, galardones o calles debe hacerse asumiendo principios de "ejemplaridad, integridad y ética pública", unido a la revisión y eliminación de condecoraciones, títulos y distinciones otorgados por el Estado a Juan Carlos I. A su vez y en caso de ser aprobada, la iniciativa estipula un plazo de seis meses para evaluar el grado de cumplimiento.
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