La secretaria general es la quinta persona imputada en la causa

El juez interroga a un alto cargo de Presidencia por la contratación de la asesora de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, interrogará este domingo a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, investigada por la contratación y el desempeño de las funciones de Cristina Álvarez como asesora de la mujer de Pedro Sánchez.

 

Peinado llamó a la alto cargo de Moncloa para "informarla del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan", así como para "ser oída en declaración en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos".

 

El juez indicó en un auto que su declaración "no puede ser en calidad de testigo" y justificó su decisión aludiendo al "comportamiento de carácter pasivo" de su antecesor en el cargo, Francisco Martín Aguirre, que fue secretario general de la Presidencia desde julio de 2021 hasta marzo de 2023, cuando González asumió ese puesto.

 

A su juicio, se "puede cometer el delito de malversación, en la modalidad de comisión por omisión, por su posición de garante, impartiendo las correspondientes órdenes o instrucciones para que dicha persona", en alusión a Álvarez, la asesora de Gómez, "se abstenga de continuar con esas labores de carácter privado".

 

"Cualquiera de las personas que teniendo la capacidad de controlar las labores realizadas por las personas contratadas o designadas para funciones concretas vinculadas a un servicio de carácter público, y que lo conozca, por ser notorio y de dominio público, puede cometer, pudiendo evitarlo y no haciéndolo, esta modalidad de malversación", expuso el instructor en el mencionado auto.

 

González se ha convertido en la quinta persona imputada en la causa, junto a Gómez, Álvarez, Martín Aguirre y el empresario Juan Carlos Barrabés.

 

La secretaria general estaba citada a declarar el pasado miércoles pero Peinado cambió la fecha a este domingo después de que la defensa de Álvarez avisara de que el pasado 12 de noviembre tenía otros señalamientos.

 

TRES TESTIGOS

 

Esta modificación afectó también a la declaración como testigo del presidente del Instituto de Empresa, Diego de Alcázar, que explicó a Peinado en su primer interrogatorio que se contrató a Begoña Gómez porque tenía un currículum adecuado, según indicaron fuentes jurídicas a Europa Press.

 

Tanto él como Miguel Escassi, responsable institucional y políticas públicas de Google, y Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) declararán también el domingo ante el juez.

 

Por su parte, la acusación popular que ejerce el sindicato Hazte Oír pidió en un escrito al que tuvo acceso Europa Press una nueva testifical de Escassi por "por su conocimiento de la cátedra" que codirigía Gómez en la UCM y "por su conocimiento directo del tejido de relaciones para obtener financiación a la hora de desarrollar el software".

 

Fuentes de Google aseguraron a Europa Press tras la declaración de Escassi el pasado 14 de mayo que su colaboración con la plataforma 'Transforma TSC' de la Complutense formaba parte de sus "continuos esfuerzos para apoyar la transformación digital de España", donde cuentan con 150 proyectos con universidades e instituciones en los últimos cinco años.

 

Con respecto a Juan Carlos Doadrio, declaró en julio de 2024 que no tenía competencias sobre las facturas de la cátedra de Gómez, incluidos los pagos derivados del software, según señalaron fuentes jurídicas a esta agencia de noticias.

 

Además, aseguró que recibió la orden del rector de que se tenía que hacer una cátedra a Begoña Gómez. Un proceso en el que declaró que todo estaba en orden, aunque se hizo con premura, según dichas fuentes.

 

PEINADO INVESTIGA CINCO DELITOS

 

Peinado investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación.

 

La malversación y el tráfico de influencias son los delitos por los que el juez considera que el caso debe ser juzgado por un jurado popular, ya que están incluidos en la lista de delitos que son competencia exclusiva del tribunal del jurado y arrastran al resto.

 

Esta causa arrancó en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por la organización Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios, como el investigado Barrabés, que se presentaban a licitaciones públicas.

 

Tras ello, el juez fue abriendo nuevas ramas de investigación por otra querella presentada por Vox por presuntas irregularidades en el registro del 'software' de la cátedra que codirigía Gómez en la Universidad Complutense.

 

Posteriormente, Peinado abrió la pieza separada a raíz de otra querella de Vox para investigar si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Álvarez como asesora de Moncloa y si desempeñaba funciones privadas para Gómez en el marco de sus labores en la Complutense.

 

La Audiencia Provincial de Madrid corrigió la decisión de Peinado de abrir dicha pieza separada, aunque avaló que siguiese adelante con esa línea de investigación, relativa a la malversación, dentro de la pieza principal.

 

También en una reciente decisión, la Audiencia de Madrid ha acordado anular el auto del juez Peinado que requería a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre el rescate de Air Europa en pandemia, estimando el recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez al entender que no tiene fundamentación o se refiere a noticias periodísticas que no se investigan en la causa.