El Congreso constituye dos comisiones de investigación del apagón ante la falta de acuerdo para fusionarlas

 

Ambas comisiones de investigación fueron aprobadas por el Pleno del Congreso, pero una la impulsaron los partidos del Gobierno y la otra la registró el PP: la de PSOE y Sumar contó con el voto en contra de PP y Vox, mientas que la del Grupo Popular fue rechazada por socialistas y Sumar. Si las dos salieron adelante en el hemiciclo fue porque Junts y Podemos decidieron apoyar ambas.

 

Aquello ocurrió a finales del pasado mes de mayo y después las comisiones de investigación se metieron en un cajón hasta que en septiembre se pidió a los grupos parlamentarios que inscribieran a sus representantes.

 

Al ser comisiones de investigación sobre los mismos hechos, los grupos pequeños inscribieron a los mismos diputados para ambas, confiando en que se impusiera el sentido común y hubiera un acuerdo para fusionarlas. Pero de momento no ha sido posible y las dos comisiones de investigación han sido convocadas para el próximo martes, con media hora de diferencia.

 

La sesión constitutiva es en la que toma nota de los diputados adscritos y se elige a los miembros de la Mesa: una Presidencia, dos Vicepresidencias y dos Secretarías.

 

UNA LEGISLATURA RÉCORD EN COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

 

Y todo ello cuando el Congreso ha batido ya su récord de comisiones de investigación trabajando al mismo tiempo. Actualmente están abiertas las dos que el PSOE pactó con ERC y Junts a cambio de su voto para la Presidencia del Congreso (una sobre los atentados yihadistas de 2017 en Cataluña y otra sobre las 'cloacas' de Interior, a la que se añadió el 'caso Pegasus') y la relativa a la gestión de la dana, que acaba de empezar con las comparecencias.

 

Asimismo, están pendiente de su debate en el Pleno otras dos: la que lanzó el PSOE antes del verano tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán, dedicada otra vez al caso Koldo (ya se constituyó una que se cerró sin conclusiones), y la que Sumar registró en marzo para investigar el modelo público-privado de gestión sanitaria y que Más Madrid quiere centrar en Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, procesado por fraude fiscal.