Lamenta que le impuso una "sentencia popular"

El novio de Ayuso denuncia que el fiscal le convirtió en "moneda política"

La acusación particular que ejerce Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- ha sostenido en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la presunta filtración en su contra destrozó su presunción de inocencia al transmitir que "es un delincuente confeso", lo que ha asegurado que le impuso una "sentencia popular" y le convirtió en "moneda política".

 

Así se ha pronunciado el abogado Gabriel Rodríguez Ramos en su informe final ante el tribunal que juzga en el Supremo a García Ortiz. El jefe del Ministerio Público se enfrenta a seis años de cárcel y doce de inhabilitación por presuntamente haber filtrado a la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024 el correo electrónico que la defensa de González Amador envió el 2 de febrero de ese año a la Fiscalía para ofrecerse a reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un pacto para eludir la cárcel.

 

"No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se transmite que es un delincuente confeso. Se tiene una sentencia pública de condena", ha dicho, en referencia al contenido de la nota de prensa que difundió la Fiscalía Provincial de Madrid, por orden de la Fiscalía General del Estado (FGE), el 14 de marzo de 2024 a las 10.22 horas.

 

Rodríguez Ramos ha señalado que eso convirtió también a González Amador en "moneda política" bajo un "relato institucional" que, según ha denunciado, se ha ido apuntalando "día a día por el Gobierno". "Tenemos a representantes políticos ejecutando esa sentencia popular diariamente", ha subrayado.

 

En este sentido, ha hecho referencia a manifestaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y de otros cargos del Ejecutivo en las que se señala a González Amador como "delincuente confeso".

 

Y ha recalcado que el fiscal general reveló a la Cadena SER el 'email' relativo a la pareja de Díaz Ayuso y difundió la nota institucional con el "relato de confesión y culpabilidad", mientras, en paralelo, dicho "relato" se "actualiza diariamente en la política de comunicación del Gobierno de España, con el ministro de Justicia a la cabeza".

 

En esta línea, ha manifestado que se trata de "una maquinaria de comunicación" que --a su juicio-- le ha generado importantes daños, tanto económicos como personales, al margen de los legales. "¿Pero qué defensa se va a practicar?", ha planteado, en alusión a la causa contra González Amador por fraude a Hacienda.

 

"NO ERA NECESARIO" EL "RELATO INSTITUCIONAL" DE "CONFESIÓN Y CULPABILIDAD"

 

El letrado ha insistido en que "no era necesario" incluir en la nota de la Fiscalía que la defensa de González Amador se había ofrecido a reconocer dos delitos fiscales para "neutralizar ningún bulo", como ha defendido el fiscal general a lo largo del juicio.

 

García Ortiz explicó en su declaración que veía necesario difundir la nota institucional para desmentir la información que había publicado 'El Mundo' la noche del 13 de marzo de 2024. Según recalcó, el "bulo" que circulaba se podía diseccionar en tres partes: Fiscalía propone un pacto, luego lo retira y lo hace por "órdenes de arriba". De ahí que insistiera en que "no es baladí" que intentase desmentir el primer punto, porque si no se podría dar a entender que los otros dos hechos también eran posibles.

 

Este jueves, el abogado de González Amador ha subrayado que "no era necesario para neutralizar ningún bulo" incluir el punto dos de la nota, que recogía lo que ha calificado de "relato público o institucional de confesión y culpabilidad firmado y en boca del Ministerio Fiscal". "Su inclusión jamás podría estar justificado por ningún fin", ha añadido.

 

Además, se ha apoyado en pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para insistir en que se ha cometido una relevación de secretos que ha afectado a González Amador.

 

El abogado ha asegurado que dichos órganos ya han fijado que la publicación de datos que puedan dar a entender que alguien ha cometido un fraude cuando aún no hay sentencia puede vulnerar la presunción de inocencia. "Imagínense si está lesionada la presunción de inocencia en este caso", ha subrayado.

 

"QUE ESTUVIERA EN LOS MEDIOS NO ELIMINABA" LA REVELACIÓN DE SECRETOS

 

Para Rodríguez Ramos, la conducta del fiscal general "se alinea de forma plena con la política de comunicación" del PSOE de Madrid y del Gobierno.

 

El letrado ha recordado que la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera y el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés "impulsaron el uso" de la imagen del correo del 2 de febrero contra Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, al tiempo que ha subrayado las "reticencias" que planteó el exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato.

 

Con todo, ha afeado que Sánchez Acera y Vallés en vez de paralizar la difusión del contenido del mencionado correo, iniciaran una "vía" para poder usarlo "sin consecuencias legales para ellos": "que se publicara antes en un medio".

 

El letrado considera que García Ortiz actuó de la misma forma y que activó "la revelación a un periodista de un 'email' como supuesta cobertura legal para la publicación de la nota" de Fiscalía el 14 de marzo.

 

"Los medios que usan los políticos para la revelación no valen para el Ministerio Fiscal, (...) que tiene el deber de reserva y sigilo (...) Seguramente ese fue el error del acusado", ha aseverado.

 

"DESDE FGE SE FILTRAN COSAS A PERIODISTAS"

 

En este punto, Rodríguez Ramos ha pedido al tribunal que valore con cautela las declaraciones de los periodistas que han comparecido como testigos, toda vez que éstos "no poseen la obligación legal de responder" a algunas presuntas porque tienen la posibilidad de acogerse al derecho constitucional a no revelar su fuente "con la amplitud que consideren".

 

"¿Qué pasa si existe connivencia con una autoridad? (...) No tiene por qué decir la verdad (...) No cabe exigirle declaración veraz", ha recalcado, para luego añadir que "debe tenerse en cuenta que desde Fiscalía General se filtran cosas a periodistas".

 

El abogado ha intentado desvirtuar las declaraciones de los periodistas que han comparecido en el juicio. Ha asegurado que "no existe ni un solo elemento objetivo" que respalde lo manifestado por el periodista de la Cadena SER, quien --según el instructor de la causa-- habría recibido el correo relativo a González Amador del propio fiscal general; es decir, que tenía el 'email' en cuestión la tarde del 13 de marzo, antes que el encausado.

 

Asimismo, Rodríguez Ramos ha reprochado que ni el mencionado periodista, ni la directora de comunicación de la Fiscalía General, ni el jefe del Ministerio Público hayan querido "compartir" las conversaciones que hubieran tenido entre ellos la noche del 13 de marzo. "Sobre todo las que no hubieran tenido. ¿Habría algún problema?", ha dicho.

 

En el caso del redactor de la SER, y sobre el hecho de que no aportase sus chats con el fiscal general, ha espetado: "No hay ningún compromiso con sus fuentes salvo que sea su fuente".

 

AFEA QUE NO HUBIESE INVESTIGACIÓN EN FISCALÍA

 

Al margen, ha criticado que no se haya impulsado en la Fiscalía General una investigación de la "filtración" de la denuncia del Ministerio Público contra González Amador o de su expediente tributario, publicados en 'elDiario.es' el 12 de marzo de 2024. "Ni de la filtración del 'email' del 2 de febrero ni de la filtración de la nota a 'El País'", ha añadido.

 

Por último, también ha rebatido al argumento de la defensa de que el volcado de los dispositivos electrónicos del fiscal general fue desproporcionado. "Siempre se clona todo (...) Lo saben todos los operadores jurídicos que están en esta sala", ha resuelto.