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Viernes, 07 de Noviembre de 2025
Lamentaba los "grandes perjuicios económicos" porque Canarias las vetó tarde
La empresa de la trama se quejó de que no pudo reubicar mascarillas no aptas
El Servicio de Salud avisaba de que parte del material cumplía el estándar sanitario chino, pero no el español
Soluciones de Gestión --la empresa vinculada al presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama-- se quejó durante la pandemia al entonces asesor de Transportes Koldo García de que el Servicio Canario de Salud (SCS) le avisara "dos meses después" de que recibió un pedido de mascarillas que las consideraba no aptas. También trasladó su disgusto a la Administración insular porque podía haber "derivado" el material sanitario a "otros clientes estatales" que lo reclamaban "con urgencia".
![[Img #165820]](https://madridpress.com/upload/images/11_2025/2995_mascarillas.jpg)
Así consta en la documentación que nutre el último informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentado ante la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Koldo', en el que se analiza la compra de material sanitario por parte de Canarias a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la presunta trama de mascarillas, por 12 millones de euros.
Entre dichos anexos, a los que ha tenido acceso Europa Press, figura un correo que Íñigo Rotaeche --de Soluciones de Gestión-- envió el 22 de julio de 2020 desde su cuenta corporativa a Koldo con el asunto "Pedidos de mascarillas del Servicio Canario de la Salud".
"Te remito la comunicación que hemos recibido esta tarde de la señora (Ana) Pérez, D.G. de Recursos Económicos de SCS sobre el estado de los dos contratos de suministros", se lee en el 'email'.
Rotaeche relató a Koldo que según el SCS había varios modelos de mascarillas "no aptas" y defendió que en su empresa habían tenido "muy buenos resultados" con dicho material. Con todo, criticó que no le diesen "mucha información sobre el modelo de mascarilla" del que se quejan, "por lo que se hace complicado intuir qué mascarilla debe ser".
"Nos parece muy grave que hemos recibido noticia HOY que todo el segundo pedido había sido considerado NO APTO, 2 meses después de la última entrega, lo que genera graves perjuicios para esta empresa, que es una PYME. Cuando hay una incidencia se debe comunicar a la mayor urgencia, de otra forma no se trata de una incidencia y se estima aceptado el pedido", recalcó.
Al final del correo, el empresario avisó a Koldo de que le haría llegar la comunicación que envió también a Antonio Olivera, quien fuera viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias y director del SCS.
La UCO sostiene que Olivera garantizó la adquisición de mascarillas mientras que por parte de los responsables de la tramitación de la compra en la Administración canaria "aún se estaba dilucidando la viabilidad de la operación" ante las "dudas" por el precio y la calidad del material sanitario.
En su informe, los agentes aseguran que la propuesta de contratación de Soluciones de Gestión por parte del Gobierno canario habría llegado desde el Ministerio de Transportes a través de Olivera.
20 MILLONES DE MASCARILLAS "SIN NINGÚN TIPO DE INCIDENCIA"
Entre la documentación consta también una misiva que la empresa envió al día siguiente de remitir el correo a Koldo --el 23 de julio de 2020-- a la entonces directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez.
Se trata de una carta en la que se da respuesta a un escrito de dicha entidad sobre dos pedidos: uno de 2.750.000 de mascarillas y otro de 2.000.000 de mascarillas facturados en abril y mayo de 2020.
La empresa criticó que la Administración canaria aportase para su queja un "informe genérico" de Prevención de Riesgos del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias que no menciona a Soluciones de Gestión. "Por lo que no podemos identificar ningún material identificado por nosotros", apuntó.
En este sentido, la compañía sostuvo que tuvo "muchas dudas y dificultades a la hora de identificar las mascarillas" que Canarias detallaba como "no aptas", "ya que no se identifica el fabricante ni se aporta fotografía ni se detalla el modelo". "Incluso creemos que alguna de las mascarillas del informe no se refiere a cualquier modelo de mascarillas que hayamos entregado", añadió.
En la misma línea, recalcó que "todas las mascarillas" que suministró a Canarias estaban "bajo el estándar KN95" e incidió en que también las facilitó "a terceras empresas públicas y privadas, así como a organismos públicos, incluidos servicios de salud, sin que haya habido ningún tipo de rechazo". "Hemos suministrado hasta la fecha más de 20 millones de mascarillas KN95", subrayó.
De igual forma, recalcó que "otras empresas" habían suministrado dichas mascarillas "tanto en España como en Italia sin incidencia alguna". Y manifestó que no entendía por qué tardaron "dos meses" desde que recibieron el pedido en informar de que no eran aptas. "Además la razón para no considerarlas aptas por ausencia de certificado, no es correcta pues ya se había aportado diligentemente en su día por email", añadió.
"GRANDES PERJUICIOS ECONÓMICOS"
Otra de las críticas que Soluciones de Gestión trasladó al SCS fue que aún estaban pendientes de un cobro. "De este pedido no hemos recibido ni el pago anticipado contractualmente requerido", precisó.
A ello, añadió que para los dos pedidos de mascarillas se hicieron "desvíos exclusivos de aviones a Tenerife Norte por la situación de urgencia" que comunicaron y podrían haber servido "en aquel periodo de alarma para suministrar a terceras entidades que lo estaban requiriendo".
"La demora en su valoración nos está generando grandes perjuicios económicos y comerciales, pues no permitió a la empresa poder tomar las acciones más adecuadas, después de pasado el estado de alarma y la pandemia que motivó los suministros, pudiendo haber derivado esta mercancía a otros clientes estatales que requerían con urgencia de ello", remarcó.
Así las cosas, la empresa reiteró su "buena fe" y "diligencia en el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales", al tiempo que solicitó "la resolución de estas incidencias de forma equitativa".
"NON MEDICAL"
Desde el SCS, Pérez envió un correo el 29 de octubre de 2020 a la empresa de De Aldama insistiendo en que una de las cajas de mascarillas que recibieron en abril estaban catalogadas como "non medical". "Es por ello, ruego que nos aclare esta cuestión", añadió.
Entre la documentación que figura como anexo al oficio de la Guardia Civil, figura el informe de Prevención de Riesgos del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias de 27 abril de 2020 en el que se analizan hasta cinco modelos de mascarillas.
Sobre uno de los modelos, se avisa de que "si bien marca en el envase que está certificada según la norma preceptiva según el estándar chino, según indicación en el propio envase no es de uso médico, por lo que se descarta su idoneidad".
"Después de tanta falsedad ya da hasta miedo valorar un producto solo con la foto y los poquitos datos técnicos que dan. Ya sé que no hace falta ahora marcado CE pero sería bueno", decía Paloma García, del SCS, en un correo de 21 de abril de 2020, donde pedía comprobar que "al menos no traspasan líquidos".
"¿POR QUÉ NOS SALIMOS DEL CIRCUITO?"
Las suspicacias de ésta y otros funcionarios llevaron a paralizar los pagos. "No pagar de momento, porque el servicio de prevención del HUC (Hospital Universitario de Canarias) está haciendo el informe y unas cumplen y otras no", dijo Pérez el 27 de abril.
Ya en mayo, esta última informaba a Soluciones de Gestión de que los dos primeros envíos no cumplían: 837.800 mascarillas, de las 2,7 millones encargadas por 4,7 millones de euros. "No adquirimos mascarillas no aptas para el consumo sanitario", zanjó.
Y ello frente a las peticiones de Olivera para "chequear las técnicas y aceptar la oferta para poder hacer esta operación relativamente rápido". "¿Pero por qué nos salimos del circuito?", se quejó otro funcionario del SCS, Sebastián Fuentes.
Así consta en la documentación que nutre el último informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentado ante la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Koldo', en el que se analiza la compra de material sanitario por parte de Canarias a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la presunta trama de mascarillas, por 12 millones de euros.
Entre dichos anexos, a los que ha tenido acceso Europa Press, figura un correo que Íñigo Rotaeche --de Soluciones de Gestión-- envió el 22 de julio de 2020 desde su cuenta corporativa a Koldo con el asunto "Pedidos de mascarillas del Servicio Canario de la Salud".
"Te remito la comunicación que hemos recibido esta tarde de la señora (Ana) Pérez, D.G. de Recursos Económicos de SCS sobre el estado de los dos contratos de suministros", se lee en el 'email'.
Rotaeche relató a Koldo que según el SCS había varios modelos de mascarillas "no aptas" y defendió que en su empresa habían tenido "muy buenos resultados" con dicho material. Con todo, criticó que no le diesen "mucha información sobre el modelo de mascarilla" del que se quejan, "por lo que se hace complicado intuir qué mascarilla debe ser".
"Nos parece muy grave que hemos recibido noticia HOY que todo el segundo pedido había sido considerado NO APTO, 2 meses después de la última entrega, lo que genera graves perjuicios para esta empresa, que es una PYME. Cuando hay una incidencia se debe comunicar a la mayor urgencia, de otra forma no se trata de una incidencia y se estima aceptado el pedido", recalcó.
Al final del correo, el empresario avisó a Koldo de que le haría llegar la comunicación que envió también a Antonio Olivera, quien fuera viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias y director del SCS.
La UCO sostiene que Olivera garantizó la adquisición de mascarillas mientras que por parte de los responsables de la tramitación de la compra en la Administración canaria "aún se estaba dilucidando la viabilidad de la operación" ante las "dudas" por el precio y la calidad del material sanitario.
En su informe, los agentes aseguran que la propuesta de contratación de Soluciones de Gestión por parte del Gobierno canario habría llegado desde el Ministerio de Transportes a través de Olivera.
20 MILLONES DE MASCARILLAS "SIN NINGÚN TIPO DE INCIDENCIA"
Entre la documentación consta también una misiva que la empresa envió al día siguiente de remitir el correo a Koldo --el 23 de julio de 2020-- a la entonces directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez.
Se trata de una carta en la que se da respuesta a un escrito de dicha entidad sobre dos pedidos: uno de 2.750.000 de mascarillas y otro de 2.000.000 de mascarillas facturados en abril y mayo de 2020.
La empresa criticó que la Administración canaria aportase para su queja un "informe genérico" de Prevención de Riesgos del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias que no menciona a Soluciones de Gestión. "Por lo que no podemos identificar ningún material identificado por nosotros", apuntó.
En este sentido, la compañía sostuvo que tuvo "muchas dudas y dificultades a la hora de identificar las mascarillas" que Canarias detallaba como "no aptas", "ya que no se identifica el fabricante ni se aporta fotografía ni se detalla el modelo". "Incluso creemos que alguna de las mascarillas del informe no se refiere a cualquier modelo de mascarillas que hayamos entregado", añadió.
En la misma línea, recalcó que "todas las mascarillas" que suministró a Canarias estaban "bajo el estándar KN95" e incidió en que también las facilitó "a terceras empresas públicas y privadas, así como a organismos públicos, incluidos servicios de salud, sin que haya habido ningún tipo de rechazo". "Hemos suministrado hasta la fecha más de 20 millones de mascarillas KN95", subrayó.
De igual forma, recalcó que "otras empresas" habían suministrado dichas mascarillas "tanto en España como en Italia sin incidencia alguna". Y manifestó que no entendía por qué tardaron "dos meses" desde que recibieron el pedido en informar de que no eran aptas. "Además la razón para no considerarlas aptas por ausencia de certificado, no es correcta pues ya se había aportado diligentemente en su día por email", añadió.
"GRANDES PERJUICIOS ECONÓMICOS"
Otra de las críticas que Soluciones de Gestión trasladó al SCS fue que aún estaban pendientes de un cobro. "De este pedido no hemos recibido ni el pago anticipado contractualmente requerido", precisó.
A ello, añadió que para los dos pedidos de mascarillas se hicieron "desvíos exclusivos de aviones a Tenerife Norte por la situación de urgencia" que comunicaron y podrían haber servido "en aquel periodo de alarma para suministrar a terceras entidades que lo estaban requiriendo".
"La demora en su valoración nos está generando grandes perjuicios económicos y comerciales, pues no permitió a la empresa poder tomar las acciones más adecuadas, después de pasado el estado de alarma y la pandemia que motivó los suministros, pudiendo haber derivado esta mercancía a otros clientes estatales que requerían con urgencia de ello", remarcó.
Así las cosas, la empresa reiteró su "buena fe" y "diligencia en el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales", al tiempo que solicitó "la resolución de estas incidencias de forma equitativa".
"NON MEDICAL"
Desde el SCS, Pérez envió un correo el 29 de octubre de 2020 a la empresa de De Aldama insistiendo en que una de las cajas de mascarillas que recibieron en abril estaban catalogadas como "non medical". "Es por ello, ruego que nos aclare esta cuestión", añadió.
Entre la documentación que figura como anexo al oficio de la Guardia Civil, figura el informe de Prevención de Riesgos del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias de 27 abril de 2020 en el que se analizan hasta cinco modelos de mascarillas.
Sobre uno de los modelos, se avisa de que "si bien marca en el envase que está certificada según la norma preceptiva según el estándar chino, según indicación en el propio envase no es de uso médico, por lo que se descarta su idoneidad".
"Después de tanta falsedad ya da hasta miedo valorar un producto solo con la foto y los poquitos datos técnicos que dan. Ya sé que no hace falta ahora marcado CE pero sería bueno", decía Paloma García, del SCS, en un correo de 21 de abril de 2020, donde pedía comprobar que "al menos no traspasan líquidos".
"¿POR QUÉ NOS SALIMOS DEL CIRCUITO?"
Las suspicacias de ésta y otros funcionarios llevaron a paralizar los pagos. "No pagar de momento, porque el servicio de prevención del HUC (Hospital Universitario de Canarias) está haciendo el informe y unas cumplen y otras no", dijo Pérez el 27 de abril.
Ya en mayo, esta última informaba a Soluciones de Gestión de que los dos primeros envíos no cumplían: 837.800 mascarillas, de las 2,7 millones encargadas por 4,7 millones de euros. "No adquirimos mascarillas no aptas para el consumo sanitario", zanjó.
Y ello frente a las peticiones de Olivera para "chequear las técnicas y aceptar la oferta para poder hacer esta operación relativamente rápido". "¿Pero por qué nos salimos del circuito?", se quejó otro funcionario del SCS, Sebastián Fuentes.
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