El juez del 'caso Begoña Gómez' imputa a una alto cargo de Moncloa

 

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez Juan Carlos Peinado rechaza la petición de las defensas y de la Fiscalía de archivar la causa y asume la orden de la Audiencia Provincial de Madrid de unir las dos piezas en las que había dividido la causa.

 

También mantiene el procedimiento del tribunal del jurado por si el caso acaba llegado a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación.

 

Sobre la alto cargo a la que imputa, Peinado la llama para el próximo 12 de noviembre a fin de "informarla del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan", así como para "ser oída en declaración en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos", añadiendo que "no puede ser en calidad de testigo".

 

González se convierte así en la quinta persona actualmente investigada en la causa, junto con Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

 

El instructor apoya su decisión de imputarla aludiendo al "comportamiento de carácter pasivo" de Martín, que fue secretario general de la Presidencia desde julio de 2021 hasta marzo de 2023, cuando asumió ese puesto González.

 

A su juicio, "cualquiera de las personas que teniendo la capacidad de controlar las labores realizadas por las personas contratadas o designadas para funciones concretas vinculadas a un servicio de carácter público, y que lo conozca, por ser notorio y de dominio público, puede cometer, pudiendo evitarlo y no haciéndolo, esta modalidad de malversación".

 

Peinado atribuye al cargo de la Secretaría General de la Presidencia ser "conocedor" de los "actos de carácter institucional sobradamente conocidos por su proyección mediata" y que "además lleva a cabo una labor de carácter privado en una universidad, en este caso la Universidad Complutense de Madrid".

 

De esa forma, sostiene, se "puede cometer el delito de malversación, en la modalidad de comisión por omisión, por su posición de garante, impartiendo las correspondientes órdenes o instrucciones para que dicha persona", en alusión a Álvarez, la asesora de Gómez, "se abstenga de continuar con esas labores de carácter privado".

 

El juez, además, pide a Moncloa las agendas de la esposa de Pedro Sánchez y de su asesora para que las analice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el objetivo de "determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc., realizadas por ambas a la vez, o solo por la investigada Álvarez, estaban en relación a actividades personales o profesionales de la otra investigada, Gómez".

 

Y solicita que aporten sus pasaportes para "precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas".

 

En este sentido, reclama a la Secretaría General de la Presidencia que remita, de forma íntegra y detalladamente, toda la información relativa a los viajes de Álvarez sufragados con fondos públicos "entre el periodo comprendido desde su contratación, el 16 de julio de 2018, hasta la fecha actual".

 

Peinado incluye en sus requerimientos que Gómez y Álvarez aporten "todos los correos electrónicos y los soportes cruzados" entre ambas, además de pedir a la Seguridad Social que remita certificado de la vida laboral de la asesora y a Moncloa que le entregue datos salariales actualizados de ella durante 2025, así como "todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno, con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo, así como el número de asistentes nombrados de forma simultánea a cada cónyuge".

 

"INÚTIL" LLAMAR A SÁNCHEZ PORQUE NO QUISO DECLARAR LA PRIMERA VEZ

 

En el auto, Peinado se opone a la petición de las acusaciones populares de volver a llamar al presidente del Gobierno como testigo, algo que considera "inútil, y por tanto, impertinente".

 

"Las razones que justifican esa consideración tienen su fundamento en el hecho de que ya se realizó, en el curso de esta investigación, la tentativa de conseguir un testimonio por parte de esta persona", señala, para agregar que "no es descartable que, como el mismo ha manifestado públicamente, puede cambiar de opinión en cualquier momento, al igual que cualquier otro ciudadano".

 

Peinado incide en que "lo cierto es que, en la ocasión en la que tuvo la oportunidad de colaborar con la Administración de Justicia", Sánchez "se acogió a la dispensa que le otorga el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", es decir, a su derecho a no declarar ante el juez por ser cónyuge de la investigada.

 

Y añade que el jefe del Ejecutivo "nada aportó para el esclarecimiento de unos hechos que se están investigando y pueden alcanzar otra fase posterior dentro del presente procedimiento, postura totalmente legítima, pero igualmente previsible que reiterara el mismo comportamiento, ante la hipótesis de acordar esta diligencia de investigación, mostrando su escasa o nula voluntad de colaborar con la Administración de Justicia".

 

En la misma línea, Peinado rechaza citar otra vez al ministro Bolaños, al considerarlo "igualmente impertinente" por "cuanto que ya tuvo la oportunidad de declarar en su momento, y su testimonio de poco sirvió, con reticencias o evasivas".

 

"Y nada hace pensar en que cambiara en su posible posterior declaración, conociéndose ya lo que ha trasmitido, y las deducciones que puedan hacerse de esa declaración", apunta.

 

Lo que sí acuerda Peinado es convocar una nueva ronda de testificales, citando a Diego de Alcázar, Miguel Escassi y Juan Carlos Doadrio el próximo 12 de noviembre, así como a María José Sánchez, María Elvira Gutiérrez, María Jesús, Mercedes, Zulma Escalante y Carmen Mitxelena el próximo 28 de noviembre.

 

Asimismo, el instructor requiere a las empresas Minsait, Indra Business Consulting, Telefónica, Deloitte y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) que remitan todos los correos, WhatsApp o cualquier otra comunicación escrita en la que aparezca la asesora de Gómez "como emisora o destinataria, o simplemente en copia".