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Lunes, 03 de Noviembre de 2025
Se enfrenta a una condena de hasta 6 años de cárcel
García Ortiz, primer fiscal general del Estado en sentarse en el banquillo
Se le acusa de filtrar un 'email' sobre las negociaciones del novio de Ayuso para pactar con Fiscalía
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado sobre las 9.40 horas del lunes a la sede del Tribunal Supremo (TS) para ser juzgado por presuntamente haber filtrado información relativa a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
![[Img #165736]](https://madridpress.com/upload/images/11_2025/7182_fiscalg.jpg)
Solo y con traje, el jefe del Ministerio Público se ha bajado del coche oficial que le ha trasladado desde la sede de la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny de Madrid, donde le han despedido un grupo de fiscales como muestra de apoyo. Ha entrado al tribunal por la puerta principal, destinada al uso exclusivo de las autoridades, arropado por los aplausos de algunas personas.
Desde primeras horas de la mañana, la prensa esperaba la llegada de García Ortiz, quien ha optado por no hacer declaraciones. Fuentes del alto tribunal han confirmado que más de 200 periodistas de 59 medios de comunicación se han acreditado para dar cobertura a las sesiones que se extenderán, previsiblemente, hasta el 13 de noviembre.
PRIMER FISCAL GENERAL JUZGADO
Es la primera vez que un fiscal general del Estado es juzgado mientras ejerce sus funciones en el cargo. García Ortiz llega al juicio acusado de haber cometido un delito de revelación de secretos por, presuntamente, facilitar a la Cadena SER el contenido confidencial del correo electrónico que el abogado Carlos Neira envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía, en el que ofrecía que la pareja de Díaz Ayuso reconociera dos delitos fiscales a cambio de un pacto con para evitar su ingreso en prisión.
A lo largo del juicio se prevé que declaren unos 40 testigos, entre fiscales, abogados políticos, periodistas, directores de comunicación y agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
"VÍCTIMA DE UNA PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD"
La abogada del Estado que defiende al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha denunciado en el marco del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo que el jefe del Ministerio Público ha sido víctima de una presunción de culpabilidad que ha devenido en numerosas irregularidades durante las pesquisas, por lo que ha pedido anular el material obtenido en los registros, clave para la causa.
Así se ha pronunciado la abogada del Estado Consuelo Castro, en el arranque del juicio que celebra contra García Ortiz por, supuestamente, haber filtrado información relativa a Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--. El fiscal general se enfrenta a una condena de hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros.
Desde el estrado donde se sientan sus dos abogados defensores y los dos fiscales --que reivindican también su inocencia--, y togado, García Ortiz ha empezado negando su culpabilidad, al ser preguntado por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, si "se considera autor responsable de los delitos que se le imputan". "No", ha contestado.
Por su parte, la abogada del Estado ha llamado la atención sobre "las irregularidades cometidas en la instrucción". Tantas, ha subrayado, que "nos permite sostener que el fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto.
Para Castro, García Ortiz "no ha podido defenderse en las condiciones exigibles" en ningún momento porque el magistrado instructor, Ángel Hurtado, descartó cualquier "otra alternativa". Así, le ha recriminado actuar con "la idea preconcebida de que era culpable" buscando únicamente "pruebas incriminatorias".
Ha destacado las supuestas irregularidades en los registros efectuados el 30 de octubre de 2024 en el despacho de García Ortiz y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, entonces investigada. En dichos registros se obtuvieron los indicios clave contra García Ortiz: las comunicaciones en el seno de Fiscalía la noche de la presunta filtración, el 13 de marzo de ese año, y el borrado del contenido del teléfono móvil del jefe del Ministerio Público.
Además, la abogada del Estado ha reprochado que "la defensa nunca ha sabido con certeza qué hechos eran objeto de investigación", para recordar que en algún momento el foco estuvo puesto en la filtración de la denuncia de Fiscalía contra González Amador, luego en el correo del 2 de febrero en el que su abogado ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto y después de la nota que difundió la Fiscalía.
En la misma línea, ha asegurado que en la investigación se vulneró el principio de igualdad de armas con la negativa del instructor a acordar varias diligencias que beneficiarían al fiscal general; y, a su juicio, también "se vulneraron derechos a la vida privada", toda vez que se permitió conocer información personal que considera que no era necesaria para la causa.
En total, la defensa ha pedido la nulidad de varias medidas acordadas por el instructor: el secreto de las actuaciones, al considerar que no estaba suficientemente motivado; las entradas y registros en los despachos mencionados, al entender que era una medida desproporcionada; y las comisiones rogatorias cursadas para solicitar a Meta --propietaria de WhatsApp-- y a Google información sobre los chats y los correos electrónicos del fiscal general.
"IMPOSIBLE" SABER QUÉ BORRÓ
La defensa ha aprovechado para aportar un informe pericial, que se negó en instrucción, que --a su juicio-- acredita que "es imposible saber qué mensajes fueron borrados el 16 de octubre de 2024". Y es que ese día, según la Guardia Civil, el fiscal general borró el contenido de su teléfono móvil hasta dos veces.
Además, ha pedido incorporar una serie de mensajes publicados en la red social 'X' en la cuenta de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Para Castro, dichas publicaciones "ponen de manifiesto la difusión de una idea de confabulación entre Fiscalía, Hacienda y Gobierno para perjudicar" a la presidenta madrileña, porque "constituyen un contexto importante".
Un "bulo", conforme ha afirmado siempre García Ortiz, al que reaccionó, dando lugar a la nota de prensa con la que estalló el caso. Y, según el instructor, a las presuntas filtraciones de 'emails' sobre las negociaciones de González Amador con Fiscalía para pactar a cambio de evitar la cárcel.
La abogada del Estado también ha solicitado incorporar a la causa el "resultado negativo" que dio la búsqueda de la palabra "Campos" en los dispositivos de García Ortiz. Asimismo, ve necesario sumar los "correos ofensivos" que el fiscal general recibió en sus cuentas personales tras difundirse sus direcciones y que, de acuerdo con Castro, "le obligaron" a cerrarlas en diciembre de 2024, "no antes".
UNA "FICCIÓN" DEL JUEZ INSTRUCTOR
En la misma línea, la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, ha atacado dichos registros, alegando que vulneraron los derechos fundamentales de García Ortiz porque ha aseverado que partió de una "ficción" de Hurtado que "no tiene ni el más mínimo sustrato fáctico ni jurídico".
"Todavía está esperando la Fiscalía que nos dé un solo dato de que la filtración se dio por medios telemáticos", ha dicho la 'número dos' del Ministerio Público.
Sánchez Conde ha incidido en que el magistrado instructor fue "consciente de la insólita" entrada y registro que acordó, así como del "eco mediático insoportable" que esta medida tuvo en la causa, por lo que finalmente limitó el análisis de los documentos y comunicaciones intervenidas a un periodo más reducido al acordado en un principio.
Con todo, ha reprochado que el magistrado insistiera en mantener la copia y el volcado del contenido de los dispositivos electrónicos, toda vez que entiende que no había indicios suficientes para afirmar que el fiscal general hubiese cometido los delitos que se le imputan a través de medios telemáticos. En este sentido, ha afeado también la respuesta que dio en su momento la Sala de Apelación: "Aceptó sin pestañear que los hechos se habían cometido por medios telemáticos".
Asimismo, la fiscal ha subrayado que Hurtado reconoció que "su magnífica instrucción ha sido poco fructífera". "A excepción del informe de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), todas las pruebas eran las del Tribunal Superior de Justicia de Madrid", ha añadido.
Así las cosas, ha defendido que no hay indicios contra el fiscal general porque las pruebas incautadas en las entradas y registros deberían considerarse nulas. "Los únicos indicios que va a poder hacer uso la Sala (de lo Penal) serán los de la Sala de Admisión", ha apuntado.
En este punto, ha recordado que los cinco magistrados que integraron dicha Sala de Admisión forman ahora parte del tribunal que juzga al fiscal general. A su juicio, "es lógico" que los mencionados magistrados no deberían participar en el juicio ni en la redacción de la sentencia que se acuerde.
"Nosotros no hemos podido recusar a la Sala porque nuestra petición depende de que se estime que la entrada y registro es nula", ha agregado la fiscal. El tribunal ya ha resuelto este lunes que se pronunciará al respecto en la sentencia que dicte.
En la sesión de este lunes, Sánchez Conde también ha apoyado la aportación documental solicitada por la abogada del Estado al considerar que es fundamental para acreditar las tesis de la defensa, de que "ha habido una actuación conjunta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, su gabinete de prensa, 'El Mundo' y otros medios afines para construir un relato deliberado para perjudicar al fiscal general".
Solo y con traje, el jefe del Ministerio Público se ha bajado del coche oficial que le ha trasladado desde la sede de la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny de Madrid, donde le han despedido un grupo de fiscales como muestra de apoyo. Ha entrado al tribunal por la puerta principal, destinada al uso exclusivo de las autoridades, arropado por los aplausos de algunas personas.
Desde primeras horas de la mañana, la prensa esperaba la llegada de García Ortiz, quien ha optado por no hacer declaraciones. Fuentes del alto tribunal han confirmado que más de 200 periodistas de 59 medios de comunicación se han acreditado para dar cobertura a las sesiones que se extenderán, previsiblemente, hasta el 13 de noviembre.
PRIMER FISCAL GENERAL JUZGADO
Es la primera vez que un fiscal general del Estado es juzgado mientras ejerce sus funciones en el cargo. García Ortiz llega al juicio acusado de haber cometido un delito de revelación de secretos por, presuntamente, facilitar a la Cadena SER el contenido confidencial del correo electrónico que el abogado Carlos Neira envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía, en el que ofrecía que la pareja de Díaz Ayuso reconociera dos delitos fiscales a cambio de un pacto con para evitar su ingreso en prisión.
A lo largo del juicio se prevé que declaren unos 40 testigos, entre fiscales, abogados políticos, periodistas, directores de comunicación y agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
"VÍCTIMA DE UNA PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD"
La abogada del Estado que defiende al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha denunciado en el marco del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo que el jefe del Ministerio Público ha sido víctima de una presunción de culpabilidad que ha devenido en numerosas irregularidades durante las pesquisas, por lo que ha pedido anular el material obtenido en los registros, clave para la causa.
Así se ha pronunciado la abogada del Estado Consuelo Castro, en el arranque del juicio que celebra contra García Ortiz por, supuestamente, haber filtrado información relativa a Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--. El fiscal general se enfrenta a una condena de hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros.
Desde el estrado donde se sientan sus dos abogados defensores y los dos fiscales --que reivindican también su inocencia--, y togado, García Ortiz ha empezado negando su culpabilidad, al ser preguntado por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, si "se considera autor responsable de los delitos que se le imputan". "No", ha contestado.
Por su parte, la abogada del Estado ha llamado la atención sobre "las irregularidades cometidas en la instrucción". Tantas, ha subrayado, que "nos permite sostener que el fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto.
Para Castro, García Ortiz "no ha podido defenderse en las condiciones exigibles" en ningún momento porque el magistrado instructor, Ángel Hurtado, descartó cualquier "otra alternativa". Así, le ha recriminado actuar con "la idea preconcebida de que era culpable" buscando únicamente "pruebas incriminatorias".
Ha destacado las supuestas irregularidades en los registros efectuados el 30 de octubre de 2024 en el despacho de García Ortiz y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, entonces investigada. En dichos registros se obtuvieron los indicios clave contra García Ortiz: las comunicaciones en el seno de Fiscalía la noche de la presunta filtración, el 13 de marzo de ese año, y el borrado del contenido del teléfono móvil del jefe del Ministerio Público.
Además, la abogada del Estado ha reprochado que "la defensa nunca ha sabido con certeza qué hechos eran objeto de investigación", para recordar que en algún momento el foco estuvo puesto en la filtración de la denuncia de Fiscalía contra González Amador, luego en el correo del 2 de febrero en el que su abogado ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto y después de la nota que difundió la Fiscalía.
En la misma línea, ha asegurado que en la investigación se vulneró el principio de igualdad de armas con la negativa del instructor a acordar varias diligencias que beneficiarían al fiscal general; y, a su juicio, también "se vulneraron derechos a la vida privada", toda vez que se permitió conocer información personal que considera que no era necesaria para la causa.
En total, la defensa ha pedido la nulidad de varias medidas acordadas por el instructor: el secreto de las actuaciones, al considerar que no estaba suficientemente motivado; las entradas y registros en los despachos mencionados, al entender que era una medida desproporcionada; y las comisiones rogatorias cursadas para solicitar a Meta --propietaria de WhatsApp-- y a Google información sobre los chats y los correos electrónicos del fiscal general.
"IMPOSIBLE" SABER QUÉ BORRÓ
La defensa ha aprovechado para aportar un informe pericial, que se negó en instrucción, que --a su juicio-- acredita que "es imposible saber qué mensajes fueron borrados el 16 de octubre de 2024". Y es que ese día, según la Guardia Civil, el fiscal general borró el contenido de su teléfono móvil hasta dos veces.
Además, ha pedido incorporar una serie de mensajes publicados en la red social 'X' en la cuenta de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Para Castro, dichas publicaciones "ponen de manifiesto la difusión de una idea de confabulación entre Fiscalía, Hacienda y Gobierno para perjudicar" a la presidenta madrileña, porque "constituyen un contexto importante".
Un "bulo", conforme ha afirmado siempre García Ortiz, al que reaccionó, dando lugar a la nota de prensa con la que estalló el caso. Y, según el instructor, a las presuntas filtraciones de 'emails' sobre las negociaciones de González Amador con Fiscalía para pactar a cambio de evitar la cárcel.
La abogada del Estado también ha solicitado incorporar a la causa el "resultado negativo" que dio la búsqueda de la palabra "Campos" en los dispositivos de García Ortiz. Asimismo, ve necesario sumar los "correos ofensivos" que el fiscal general recibió en sus cuentas personales tras difundirse sus direcciones y que, de acuerdo con Castro, "le obligaron" a cerrarlas en diciembre de 2024, "no antes".
UNA "FICCIÓN" DEL JUEZ INSTRUCTOR
En la misma línea, la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, ha atacado dichos registros, alegando que vulneraron los derechos fundamentales de García Ortiz porque ha aseverado que partió de una "ficción" de Hurtado que "no tiene ni el más mínimo sustrato fáctico ni jurídico".
"Todavía está esperando la Fiscalía que nos dé un solo dato de que la filtración se dio por medios telemáticos", ha dicho la 'número dos' del Ministerio Público.
Sánchez Conde ha incidido en que el magistrado instructor fue "consciente de la insólita" entrada y registro que acordó, así como del "eco mediático insoportable" que esta medida tuvo en la causa, por lo que finalmente limitó el análisis de los documentos y comunicaciones intervenidas a un periodo más reducido al acordado en un principio.
Con todo, ha reprochado que el magistrado insistiera en mantener la copia y el volcado del contenido de los dispositivos electrónicos, toda vez que entiende que no había indicios suficientes para afirmar que el fiscal general hubiese cometido los delitos que se le imputan a través de medios telemáticos. En este sentido, ha afeado también la respuesta que dio en su momento la Sala de Apelación: "Aceptó sin pestañear que los hechos se habían cometido por medios telemáticos".
Asimismo, la fiscal ha subrayado que Hurtado reconoció que "su magnífica instrucción ha sido poco fructífera". "A excepción del informe de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), todas las pruebas eran las del Tribunal Superior de Justicia de Madrid", ha añadido.
Así las cosas, ha defendido que no hay indicios contra el fiscal general porque las pruebas incautadas en las entradas y registros deberían considerarse nulas. "Los únicos indicios que va a poder hacer uso la Sala (de lo Penal) serán los de la Sala de Admisión", ha apuntado.
En este punto, ha recordado que los cinco magistrados que integraron dicha Sala de Admisión forman ahora parte del tribunal que juzga al fiscal general. A su juicio, "es lógico" que los mencionados magistrados no deberían participar en el juicio ni en la redacción de la sentencia que se acuerde.
"Nosotros no hemos podido recusar a la Sala porque nuestra petición depende de que se estime que la entrada y registro es nula", ha agregado la fiscal. El tribunal ya ha resuelto este lunes que se pronunciará al respecto en la sentencia que dicte.
En la sesión de este lunes, Sánchez Conde también ha apoyado la aportación documental solicitada por la abogada del Estado al considerar que es fundamental para acreditar las tesis de la defensa, de que "ha habido una actuación conjunta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, su gabinete de prensa, 'El Mundo' y otros medios afines para construir un relato deliberado para perjudicar al fiscal general".
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