El Gobierno abre el proceso para ilegalizar la Fundación Franco

 

El proceso para ilegalizar esta fundación arrancó en junio de 2024, cuando Cultura abrió un periodo de actuaciones previas para obtener información y elementos de juicio destinados a motivar el inicio del procedimiento. Lo hizo el departamento de Urtasun, puesto que de él depende el Protectorado de Fundaciones, organismo al que corresponde instar judicialmente la extinción.

 

Así, tras la notificación a la FNFF este 31 de octubre se abre el trámite de alegaciones de la fundación -tienen 10 días hábiles- y un periodo de prueba -sí es que la fundación desea aportar documentación- tras la que llegará una propuesta de resolución nueva y se solicitará un informe a la Abogacía General del Estado a partir del cual Urtasun firmará la resolución final -con toda la información- con la que se instará a la extinción judicial. Así, se elevará a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil.

 

Fuentes de Cultura confían en que llegue al juez lo "más rápido posible" -mínimo pasarán 9 meses hasta que eso ocurra- pero han avisado de que todo dependerá de la estrategia que tome la fundación y de los documentos que aporte para defender sus intereses. Aun así, razonan que el acuerdo de inicio para la ilegalización está "blindado" y que las pruebas que presentan ahora serán "muy parecidas" a lo que se encontrará el juez.

 

Para armar el expediente se han solicitado informes sobre la Fundación Franco a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática -que firma un informe con fecha del 13 de mayo de 2025-, el Registro de Fundaciones de competencia estatal y la Abogacía del Estado.

 

Así, en el informe realizado por la Dirección General de lo Consultivo de la Abogacía General del Estado se explica que las dos causas distintas por las que se podría extinguir una fundación son, por un lado, que esta no persiga fines de interes general y, por otro, que la fundación haga apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado de 1936 y la dictadura, además de menospreciar y humillar la dignidad de las víctimas de ese golpe, de la guerra y del posterior franquismo. También contempla la incitación -directa o no- al odio o violencia de estas víctimas.

 

Aunque el informe reconoce que puede parecer que la FNFF tiene fines culturales, históricos, biográficos y documentales, la Abogacía del Estado lo niega alegando que en la página web de la entidad indican que entre sus actividades está mantener el archivo personal de Franco y asegurar su acceso público, cosa que Cultura rechaza añadiendo que el acceso es "opaco".

 

La fundación también tiene entre sus objetivos el mantenimiento de una biblioteca de más de 2.000 ejemplares, la lucha contra "la mal llamada Ley de Memoria Histórica" y la participación en el debate cultural y político de España actual para poner "de manifiesto la vida y obra de Francisco Franco y la España que creó".

 

Por eso, en la investigación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática concluyen que los fines de los Estatutos de la FNFF están vinculados "fundamentalmente" a la difusión y promoción de las actuaciones de Franco, pero dando un punto de vista "inequívocamente positivo" del franquismo, lo que va en contra de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Histórica, que, junto con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, conforman la normativa aplicable a este caso de ilegalización de la entidad.

 

Con el informe de la Abogacía, así como un informe realizado por el catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Javier García Fernández, que ha investigado sobre la extinción de la FNFF, un informe sobre la presencia y representación mediática de la fundación y un compendio de testimonios recabados de víctimas del franquismo en relación con las actividades de la fundación, Cultura espera que el juez les de la razón.

 

Lo importante, según explican fuentes de Cultura, es que los españoles no "paguen" a esta fundación que tiene incentivos fiscales y beneficios para recibir donaciones por el hecho de estar constituida como fundación y amparada en dicha ley. Aun así, están "seguros" de que la FNFF encontrará la manera de constituirse con otra fórmula que asegure su continuidad.

 

Fuentes de Cultura han adelantado que cuando llegue el momento -cuando los jueces reciban el acuerdo de inicio- pedirán medidas cautelares para que la fundación no pueda tocar el archivo histórico ni destruir pruebas.

 

Asimismo, han apuntado que la "idea" del departamento de Urtasun es denunciar a la FNFF para proteger los documentos de "naturaleza pública" que les consta que tienen en dicho archivo, siguiendo el procedimiento que el Gobierno llevó a cabo en el caso del Pazo de Meirás, en la provincia de A Coruña.