La Ordenanza ZBE entrará en vigor el 1 de enero de 2026

Las nuevas restricciones de circulación afectarán a más de 300.000 vehículos

Supondrá un coste de entre 6.000 y 9.000 millones para las familias, autónomos y pymes afectados

La entrada en vigor de las nuevas restricciones de circulación asociadas a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad de Madrid con el arranque de 2026 afectará a más de 300.000 vehículos sin etiqueta que circulan diariamente por la capital, el 15% del parque motorizado censado, y supondrá un coste de entre 6.000 y 9.000 millones de euros para las familias y trabajadores autónomos y pymes afectados, según un estudio de Dvuelta.

 

Según este estudio, sustituir un vehículo que no cumple con las condiciones de la Ordenanza que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 implica a día de hoy una inversión de entre 20.000 y 30.000 euros, "en una estimación muy prudente", lo que supone "un castigo económico" para muchos de los afectados".

 

"Se está imponiendo a decenas de miles de madrileños un gasto forzoso que no responde ni a la realidad medioambiental ni a la situación económica actual", en palabras de Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta. En este sentido, se destaca que "resulta especialmente injusta porque discrimina a la población en función de su poder adquisitivo".

 

En este sentido, según el estudio, la aplicación de las ZBE afectará especialmente a los distritos periféricos y a las poblaciones con menor renta media, con Carabanchel, Villaverde, Usera, Vallecas o Vicálvaro como distritos que concentran un elevado número de vehículos con más de diez años de antigüedad, muchos de ellos sin etiqueta ambiental. Según las estimaciones de Dvuelta, en estas zonas más del 35% de los hogares utilizan a diario un vehículo que quedará vetado a partir del 1 de enero de 2026.

 

"OBSESIÓN REGULATORIA"

 

Además, las pequeñas y medianas empresas, se recuerda en el informe, tendrán que asumir un sobrecoste que puede comprometer su supervivencia. "Una furgoneta diésel que hoy funciona perfectamente no dejará de ser útil el 1 de enero: simplemente dejará de poder circular. No hay nada sostenible en obligar a destruir un vehículo operativo cuando el problema real está en la falta de planificación y en la obsesión regulatoria del poder político", insiste Javaloyes.

 

Desde Dvuelta rechazan además que el argumento de la "calidad del aire en Madrid" sea el "mejor" para justificar esta medida y recalcan que "no hay transporte público adaptado" para muchos de los afectados que trabajan en polígonos, a turnos o precisan desplazar mercancías. Todo ello, además, unido a la falta de ayudas "suficientes" para renovar los vehículos.

 

Al hilo, recalca que más de la mitad de los 230 millones de euros recaudados por el Ayuntamiento en concepto de multas de circulación corresponden a sanciones en ZBE, lo que considera la "verdadera motivación del Ayuntamiento para las restricciones a los vehículos".

 

"En ningún momento se está teniendo en cuenta la huella ecológica del achatarramiento de un vehículo, y mucho menos, la de la fabricación del que lo sustituirá, con un balance medioambiental mucho más desfavorable que utilizar vehículos correctamente mantenidos y revisados", defiende en el estudio.

 

RECURSO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

 

El régimen de las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid ha sido objeto de varios recursos judiciales y la ordenanza municipal que las regula fue anulada hace un año en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Actualmente, el litigio se encuentra pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo tras el recurso de casación interpuesto por el consistorio madrileño.

 

"Resulta incomprensible que el Ayuntamiento se mantenga firme en poner en marcha una medida de este calado cuando ya ha habido un pronunciamiento judicial que declara que la norma es ilegal", ha explicado Javaloyes.

 

Considera que "lo prudente y coherente sería suspender la entrada en vigor hasta que haya una sentencia firme". "Imponer restricciones que han sido anuladas jurisdiccionalmente no solo es una temeridad política, sino una irresponsabilidad administrativa, aun estando pendiente un recurso ante el Supremo", ha añadido.

 

En este contexto, Dvuelta reclama la suspensión cautelar de la aplicación de la norma "al menos" hasta que el Tribunal Supremo resuelva definitivamente el recurso, así como establecer un calendario progresivo de aplicación que permita a los ciudadanos y a las empresas planificar la sustitución de sus vehículos "en un plazo razonable, evitando así la exclusión abrupta de cientos de miles de vehículos".

 

En la misma línea, también aboga por implantar un plan de ayudas directas y reales para la renovación del parque automovilístico, "dirigido específicamente a familias con menor renta, autónomos y pymes que dependan de su vehículo para trabajar", y reconocer la vigencia de los vehículos bien mantenidos, "mediante un sistema de verificación técnica y medioambiental que determine su nivel real de emisiones".

 

Dvuelta también considera necesario mejorar las alternativas de transporte público y aparcamiento disuasorio, de forma que desplazarse desde los barrios periféricos al centro sea una opción viable, eficiente y segura e impulsar medidas de eficiencia y movilidad compartida como incentivos al carsharing, transporte colectivo y vehículos eléctricos de uso conjunto en las comunidades de vecinos o áreas empresariales.

 

Finalmente, reclama garantizar la transparencia en los datos medioambientales, de forma que la ciudadanía pueda conocer el impacto real de las medidas adoptadas y fiscalizar su eficacia.