Recibe otros 13 del "reparto forzoso"

Madrid pide repatriar a 56 menores no acompañados por su "imposible" integración

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha solicitado a la Delegación del Gobierno la repatriación de un total de 56 menores no acompañados ante su "imposible" integración y ha recibido a 13 jóvenes del reparto "forzoso" entre las comunidades autónomas que el Ejecutivo central aprobó a finales de agosto.

 

Así lo ha detallado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en un encuentro informativo con los medios de comunicación en el que ha recordado que la Comunidad de Madrid ha recurrido el decreto estatal de reparto de menores ante el Tribunal Constitucional.

 

Este recurso judicial se une a los dos anteriores presentados contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo y el segundo, contra el Decreto de desarrollo aprobado en la misma línea en Consejo de Ministros el 22 de julio.

 

En concreto, la Comunidad ha pedido al delegado, Francisco Martín, la repatriación de 56 menores por tener "dificultades amplias y variadas" a la hora de integrarse, por lo que "procede técnicamente la reunificación familiar de estos menores".

 

"Hemos trasladado al competente, que es la Delegación del Gobierno, y la respuesta de momento ha sido ninguna", ha lamentado Dávila. Desde la Consejería han apuntado que algunos de los problemas que han detectado en estos menores son graves consumos de drogas y problemas psicológicos por la separación de la familia o falta de integración.

 

124 EXPEDIENTES DE TRASLADO

 

Por otro lado, el Gobierno central ha iniciado ya 124 expedientes de traslado a la Comunidad de Madrid y todos ellos han sido alegados por parte del Ejecutivo autonómico al considerar que ese real decreto es "un reparto forzoso que no ha tenido en cuenta las circunstancias de las comunidades autónomas, ni si quiera las circunstancias del menos".

 

Y es que, los centros de la región están "sobresaturados", con una ocupación del 130%, lo que pone en "riesgo" el sistema de protección. A ello se suma el "caos" en los expedientes, puesto que llegan mayores de edad, personas con un trabajo o vínculos familiares en otras regiones o cuyo traslado procedía a otra comunidad autónoma. De los 124, cerca del 30% han sido desestimados.

 

"Lo que tiene que hacer el Gobierno es empezar a poner medidas para evitar esta situación de llegada masiva que no provoca más que un riesgo extremo en el sistema de protección de menores de todas las regiones", ha recalcado Dávila.

 

En lo que llevamos de año, la región ha atendido más de 1.500 jóvenes, cifras similares a las del año pasado. Cada vez llegan menores no acompañados en situación más complejas, por lo que la adaptación es complicada. En el caso de los 56 que han pedido su repatriación, el Gobierno autonómico considera que "es mejor que sea atendido en su entorno".