La 'fontanera' socialista, investigada por tráfico de influencias y cohecho

Un fiscal dice que en la reunión con Leire Díez le dijeron que Sánchez ordenó "limpiar" tras el caso Begoña Gómez

Stampa asegura que le trasladaron que el presidente del Gobierno quería revertir la situación "caiga quien caiga"

El fiscal Ignacio Stampa aseguró en la denuncia que presentó ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid que en la reunión que mantuvo el 7 de mayo con la exmilitante del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset le dieron a entender que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "había dado la orden de limpiar, sin límite", tras trascender la investigación a su esposa, Begoña Gómez.

 

Así consta en la denuncia incorporada al sumario de la causa que dirige el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press. Se trata del procedimiento en el que Díez está citada a declarar como investigada el próximo 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

 

Las pesquisas parten de sendas denuncias de Hazte Oír, una que se derivó desde los juzgados de instrucción de Badajoz, después de que se dieran a conocer los audios en los que se escucha a Díez ofrecer favores a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía.

 

Según el relato de Stampa, se reunió con Díez y Pérez Dolset el pasado 7 de mayo. "Cuando, además de para qué me llamaban, pregunté por qué ahora, el señor Pérez Dolset expresó que 'cuando salió la imputación de Begoña (Gómez), Leire (Díez) le llamó porque el presidente había dado la orden de limpiar, sin límite' y que 'la situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente", apunta el que fuera fiscal del 'caso Villarejo'.

 

Además, asegura que al preguntarle a Díez quién era ella, la mujer le contestó que era "la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo eso". Stampa incide en que le preguntó a qué se refería: "¿Detrás de qué?". Díez le habría contestado que se trataba de "las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción".

 

En el documento, Stampa explica que, aunque no le propusieron "ninguna actuación de naturaleza delictiva de forma directa", sí le preguntaron "en varias ocasiones, tan insistente como veladamente, por irregularidades" que pudiera conocer "de los tres funcionarios contra los que dirigieron sus continuas y más graves críticas: los fiscales anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y el magistrado Manuel García Castellón".

 

"La reunión concluyó sin que consiguieran de mí ni una sola de las 'informaciones' que equivocadamente esperaban obtener como tampoco ninguna otra", agrega.

 

LE INDICARON QUE CERDÁN ESTARÍA EN LA REUNIÓN, PERO NO ACUDIÓ

 

Stampa avisó a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid el pasado 3 de junio de que se había reunido con Díez y Pérez Dolset el 7 de mayo. Indicó que le habían citado a través de un tercero que le trasladó "el interés del Gobierno" en contactar con él "con el fin de disculparse" por el trato "injusto" que recibió durante su salida de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020.

 

Según señala el fiscal, le comunicaron que "la reunión se mantendría con la persona que actuaba como intermediaria, el empresario Javier Pérez Dolset, así como con el (entonces) secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien lo haría en nombre del Gobierno".

 

Stampa destaca en la denuncia su "perplejidad", pero sostiene que, con el fin de "conocer sus verdaderas intenciones", acudió a la reunión. Según relata, "a la cita programada no acudió el señor Cerdán, sino una mujer que se presentó con el nombre de Leire, quien ha resultado ser la misma Leire Díez sobre quien se vienen publicando las noticias referidas".

 

Así, sostiene que "fue Leire quien, de inicio, excusó la ausencia de Santos Cerdán, afirmando que le trasladaría después todo lo que se dijera". Y precisa que la reunión "duró más de tres horas y durante todo ese tiempo pretendieron demostrar tener un conocimiento profundo de diversos sumarios de interés para el Gobierno". Con todo, recalcar que "algunos de esos asuntos, como el denominado 'caso hidrocarburos' o el 'caso Begoña'" le son "absolutamente ajenos".

 

CALIFICA DE "GROSERA FALSEDAD" LAS AFIRMACIONES DE DÍEZ

 

No obstante, Stampa asegura que también aludieron al 'caso Villarejo' y que Pérez Dolset manifestó que el ya jubilado juez Manuel García Castellón --quien fuera instructor de dicho procedimiento-- "le entregó dispositivos intervenidos al excomisario José Manuel Villarejo en el marco del asunto con el fin de que los desencriptara". Según el fiscal, el empresario afirmó "haberlo conseguido".

 

Asimismo, relata que Pérez Dolset le informó de que se había perdido "un dispositivo que contenía todo lo que podría ir en perjuicio del Partido Popular (como la "Operación Cataluña") y/o su exsecretaria general, Dña. María Dolores de Cospedal, o la llamada 'Operación Kitchen".

 

De acuerdo a la denuncia, el empresario y Díez "se mostraron muy indignados porque se ocultaran todas las ilegalidades desencriptadas" y "puestas a disposición de la Policía y del juzgado", así como del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, "quien las habría rechazado". Sin embargo, Stampa asegura que ha podido "confirmar" su "sospecha sobre la grosera falsedad que constituyen afirmaciones de hechos tan graves".

 

Al hilo, apunta que también pretendían sacarle información "o algún comentario que le desprestigiara" sobre el fiscal José Grinda. "Me hablaban de algunas intervenciones procesales suyas y, con especial saña y mal gusto, de otras supuestas y sórdidas actuaciones personales", agrega.

 

Con todo, Stampa señala que "la mayor prueba" de que el objetivo de Díez y Pérez Dolset "no era disculparse" --sino "conocer irregularidades" de Luzón, García Castellón y Grinda-- fue "su desconocimiento sobre la existencia y circunstancias de los litigios judiciales que aún a día de hoy" dice que sigue manteniendo contra el Ministerio de Justicia, "en restablecimiento, precisamente, de lo que los convocantes a la cita supuestamente consideraban una injusticia".

 

Según la denuncia, el fiscal preguntó si el fiscal general del Estado --sobre quién le pidieron su opinión-- "iba a conocer la reunión", a lo que Díez contestó que lo sabría más adelante. "Igualmente me contestó que lo sabría 'el jefe del fiscal general', respuesta que dio lugar a que le preguntara si se refería al ministro de Justicia o al presidente del Gobierno, respondiéndome que 'ambos", detalla.

 

Por último, indica que Díez le aseguró que se iban a tomar las medidas necesarias para que "las cosas fueran a mejor" y que volviera a asumir el 'caso Villarejo' en la Fiscalía Anticorrupción. Y recalca que le contestó que su intención no era volver a dicho trabajo.

 

El fiscal señala que después de aquel encuentro le pidieron una nueva reunión y que, "convencido" de que le harían una propuesta que debía ser denunciada formalmente, aceptó, pero luego la canceló.

 

FISCALÍA PIDE INVESTIGAR A DÍEZ POR INTENTO DE SOBORNO A DOS FISCALES

 

Tras recibir la denuncia de Stampa, el Ministerio Público pidió que se investigaran los hechos en los juzgados madrileños por presunto intento de soborno a dos fiscales, en referencia al exfiscal del 'caso Villarejo' y a Grinda, quien también presentó denuncia. Además, instó a que se reclamase a Stampa la "grabación de las conversaciones mantenidas con los investigados Leire Díez y Javier Pérez Dolset".

 

El juez Arturo Zamarriego asumió el caso y lo acumuló con las diligencias que ya tenía abiertas --y tras rechazar en un primer momento la petición de Fiscalía-- aceptó tomar declaración como testigos a Grinda y Stampa el próximo 5 de noviembre.

 

ACTUACIÓN COORDINADA CONTRA LA UCO Y ANTICORRUPCIÓN

 

El juez Zamarriego considera que la exmilitante del PSOE Leire Díez "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para "recabar información comprometida o irregular de los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción" con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

 

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 accede a la petición de la Fiscalía Provincial de Madrid y acumula las denuncias presentadas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda en la causa que mantiene abierta contra Díez.

 

Se trata del procedimiento en el que Díez está citada a declarar como investigada el próximo 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, y en el que el juez aceptó acumular las denuncias y tomar declaración como testigos a Stampa y Grinda, entre otras personas.

 

Las pesquisas parten de sendas denuncias de Hazte Oír, una que se derivó desde los juzgados de instrucción de Badajoz, después de que se dieran a conocer los audios en los que se escucha a Díez ofrecer favores al empresario investigado Alejandro Hamlym a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO y de la Fiscalía.

 

Tras estudiar el recurso de reforma de la Fiscalía, el juez ve pertinente acumular las denuncias de Stampa y Grinda "sin que la acumulación dé lugar a una gran macrocausa que impida su normal tramitación".

 

El Ministerio Público sostenía que era necesario investigar los hechos "conjuntamente" porque "el patrón de actuación es exactamente el mismo" en las reuniones mantenidas con Hamlyn, Stampa y Grinda: "recabar información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales fundamentalmente".

 

Para el fiscal Juan Pablo Nieto, también es "fundamental" en este caso la "singularidad de que estas presuntas ofertas de soborno tienen como fuerza principal, que les da credibilidad, la supuesta apariencia que ha conseguido crear la señora Leire Díaz Castro, de que ella habla en nombre de altas instancias del Estado". "Esto es determinante", remarcaba.

 

A su juicio, es "evidentemente" que la conexión entre los denunciados --Díez, Pérez Dolset y Rusiñol-- trata presuntamente de "manipular pleitos heterogéneos que unas veces afectan a políticos y otras a empresarios, pero los tres colaborarían en un plan delictivo unidos por la coincidencia y necesidad de denigrar a las dos instituciones mencionadas", en referencia a la UCO y Anticorrupción.