El magistrado atiende el criterio de la Fiscalía Anticorrupción

El Supremo rechaza enviar a Koldo a prisión tras guardar silencio sobre los fondos "opacos"

El fiscal le afea que no hable ante el juez pero sí en los medios

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) ha rechazado enviar al que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes a prisión provisional, ratificando las medidas cautelares vigentes --prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y firma periódica en sede judicial--, tras una nueva comparecencia en la que ha optado por guardar silencio sobre su presunto papel de "gestor y custodio" de los fondos "opacos" que habrían ingresado por mordidas.

 

El magistrado Leopoldo Puente ha seguido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que no ha pedido el ingreso en prisión provisional para Koldo al considerar que, aunque hay riesgo de fuga, está suficientemente mitigado con las cautelares acordadas. En cambio, las acusaciones populares encabezadas por el PP sí han reclamado al instructor que le enviara a la cárcel recalcando que el dinero al que se refería Koldo en sus conversaciones como "chistorras" aún no ha aparecido.

 

Se trata de las mismas posturas que las partes adoptaron en la vistilla celebrada el pasado miércoles respecto a Ábalos. En su caso, Puente confirmó idénticas cautelares, si bien observó un riesgo de fuga "creciente" que cree que aumentará conforme se acerque el juicio. Entonces, avisó, sí podría endurecerlas.

 

En cualquier caso, fuentes del entorno de García aseguraban que se encontraba preparado por si debía entrar en prisión provisional, medida que hasta la fecha solo ha prosperado con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, por el riesgo de fuga y de destrucción, ocultación y manipulación de pruebas debido a su "papel principal" en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

 

En un breve auto, el instructor dice que en estos momentos no concurre en Koldo "ninguno de los elementos que podrían determinar la procedencia de tan grave limitación de su derecho fundamental a la libertad", es decir, "riesgo de fuga, posibilidad de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva".

 

Puente analiza uno a uno cada uno de estos riesgos centrándose en el de fuga, que al igual que con Ábalos cree que es "creciente", "conforme el conjunto de indicios de la posible comisión de graves delitos, sancionados con penas privativas de libertad muy significativas, se robustece; y conforme también se aproxima la fecha de celebración del juicio oral".

 

De hecho, el magistrado subraya que "Koldo pudiera, tal vez, disponer de una cierta cantidad de dinero, que hasta la fecha no ha sido hallada", así como que "mantuvo en el pasado ciertos vínculos con otros países, que se desconoce si persisten".

 

Pero, para el juez, el riesgo de fuga no se da con la "intensidad" suficiente como para privarle de libertad. Y, para ello, tiene en cuenta que desde que estalló el caso en la Audiencia Nacional --que investiga una parte-- Koldo ha cumplido "rigurosamente" con las medidas cautelares impuestas.

 

"Por lo que respecta, finalmente, al riesgo de posible alteración, ocultación o destrucción de fuentes de prueba, lo avanzado de la investigación permite ahora excluirlo", añade Puente, que descarta asimismo que en estos momentos haya "riesgo alguno de que pudiera cometer nuevos hechos delictivos de naturaleza equivalente a los investigados".

 

Con todo, el magistrado razona que "la prisión provisional constituye una medida cautelar de carácter excepcional", por lo que "los indicios racionales, o motivos bastantes, para creer responsable a una determinada persona de la posible comisión de uno o varios hechos delictivos de significativa gravedad constituyen un presupuesto necesario para adoptar la prisión provisional, pero no suficiente".

 

INDICIOS "SERIAMENTE CONSOLIDADOS"

 

El instructor volvió a llamar a Koldo y Ábalos a sede judicial tras un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala a García como "gestor y custodio" de fondos "opacos" que habrían ingresado de las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.

 

Para el magistrado, tras este último informe los indicios contra Koldo "aparecen seriamente consolidados", apuntando a delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y, "tal vez, también de un delito de malversación de fondos públicos".

 

En concreto, incide en "la posible tenencia" por parte de Koldo "de importantes cantidades de dinero en metálico, indiciariamente procedentes de las actividades delictivas que se le imputan", con las que se haría cargo "regularmente de obligaciones económicas correspondientes a Ábalos" como el pago de las pensiones alimenticias de uno de sus hijos o "regalos u otras atenciones a personas que integraban el círculo personal" del exdirigente socialista.

 

"Todo ello por una cantidad final de 94.883,63 euros", además de otros posibles pagos efectuados en beneficio de Ábalos, "tales como el disfrute familiar de un chalet en la localidad de Marbella por importe de 9.800 euros" o ingresos en metálico al exministro por el alquiler de una vivienda en Madrid que sumarían 32.300 euros, precisa el magistrado.

 

También ve consolidados los indicios derivados de las "muy expresivas y elocuentes grabaciones, aparentemente efectuadas por el propio Koldo, de conversaciones de las que resultaría la posible adjudicación indebida de diversas obras públicas, en connivencia con quien era entonces titular del Ministerio de Transportes" y "de terceras personas, a cambio de diversos premios económicos".

 

EL FISCAL LE AFEA HABLAR EN LOS MEDIOS PERO NO EN EL SUPREMO

 

Ataviado con una boina y mochila en mano, Koldo ha llegado puntual a la cita en el Supremo, que se ha prolongado durante cerca de una hora, si bien la mayoría del tiempo se lo ha llevado la vistilla para revisar las medidas cautelares, ya que Koldo ha seguido la misma estrategia que en su última comparecencia, del pasado junio, y ha optado por guardar silencio.

 

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, García ha explicado que no iba a declarar porque considera que sufre indefensión al no tener acceso al contenido íntegro de los dispositivos electrónicos que le fueron incautados en la entrada y registro que se hizo en su domicilio en febrero de 2024, incluidas las conversaciones que grabó entre 2019 y 2023 y que se han convertido en uno de los principales indicios del caso.

 

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha reprochado a García que no hable ante el Supremo pero sí en los medios de comunicación, a lo que ha contestado la propia abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, replicando que las intervenciones de su cliente en la prensa son necesarias para defenderse de las acusaciones que se han lanzado en su contra en estos meses, entre ellas algunas de violencia de género y acoso sexual.

 

Puente les ha frenado a todos, advirtiendo tanto a Luzón como a la abogada de que tales consideraciones no eran objeto de este procedimiento, mientras que a Koldo le ha subrayado que no era necesario que diera explicaciones sobre por qué ha decidido no declarar, aunque todo ello, de acuerdo con las referidas fuentes, en un ambiente de cordialidad.

 

Cabe recordar que la causa arrancó en la Audiencia Nacional, centrada en la supuesta adjudicación irregular a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Víctor de Aldama, de contratos públicos para comprar material sanitario en plena pandemia, pero desde que saltó al Supremo, hace casi un año, el caso se ha ido enredando, aflorando también la existencia de posibles ilegalidades en contratos de obra pública.