Por servicios públicos que "no paga"

La Comunidad cifra en 10.500 millones la deuda del Gobierno con la región

La Comunidad de Madrid ha cifrado en más de 10.500 millones de euros la deuda del Gobierno central con la región desde 2019 por prestaciones y servicios públicos que no paga como le obliga el ordenamiento legal, entre los que se encuentran el Plan Hidrológico del Tajo, por 1.580 millones, o el Consorcio Regional de Transportes (CRTM), con 268 millones.

 

Así lo ha manifestado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en un encuentro informativo con medios de comunicación en la sede de la Consejería, donde ha alertado de que esta deuda "repercute en los madrileños", ya que "son recursos que van a los servicios públicos".

 

Entre los incumplimientos, destaca el relativo a la Ley de Dependencia, donde el Estado está comprometido a sufragar el 50%, porcentaje que nunca alcanza, lo que eleva el coste para las arcas regionales en 2.430 millones de euros desde 2019.

 

En el caso de los fondos europeos, Albert ha alertado de que Madrid "ha sido infrafinanciada al ser la que menos recibe por habitante". El importe consignado hasta abril de 2025 ha sido de 3.242 millones, el 11,3% del total asignado a las comunidades autónomas, a pesar de que representa el 14,6% de la población nacional. Ese desajuste ha significado 950 millones que la región no ha percibido.

 

INVERSIONES COMPROMETIDAS Y NO EJECUTADAS

 

La consejera también ha denunciado las inversiones comprometidas y no ejecutadas por el Ejecutivo central en medio ambiente, como las 221 actuaciones de la Administración Estatal que afectan a la Comunidad de Madrid correspondientes al tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo, con una inversión de 1.580 millones de euros.

 

Asimismo, los 1.200 millones para obras en las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales (ERAR) de La China, Butarque y Sur, que fueron declaradas de Interés General del Estado y son infraestructuras clave en el sistema de depuración de la cuenca del Tajo, esenciales para cumplir con la normativa comunitaria.

 

En otras áreas, el Gobierno central también debe al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) 268 millones de euros de 2025, incluyendo la subvención ordinaria y las ayudas directas al transporte. La deuda asciende a casi 44 millones correspondientes en relación a la Ley de Eficiencia de la Justicia, que se suma a otra de 27 millones para la asistencia hospitalaria de los presos en las cárceles madrileñas.

 

"Mucho se ha presumido del tema de las subvenciones al transporte, cuando es la Comunidad de Madrid la que paga el 80% del precio. Se establecieron unas subvenciones adicionales como consecuencia del Covid-19, que se han mantenido hasta estos días, pero no se han pagado todavía y se adeudan otros más de 220 millones", ha censurado.