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Miércoles, 08 de Octubre de 2025
Cree que hubo un perjuicio económico
La Complutense se persona como perjudicada en el 'caso Begoña Gómez'
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) se ha personado como perjudicada en el 'caso Begoña Gómez' al considerar que la actuación de la esposa del presidente del Gobierno y exdirectora de su cátedra de Transformación Social Competitiva pudo haberle "causado un perjuicio económico".
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de la UCM sostiene que adopta esta decisión para ejercer la acción civil con el fin de reparar el daño presuntamente causado a la casa de estudios.
"Considerando que los hechos de investigación pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos para los intereses de la Universidad Complutense de Madrid, vengo a personarme, en concepto de perjudicado, para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado a la administración universitaria en el marco del procedimiento incoado", apunta el letrado.
Al hilo, la universidad solicita al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que le dé traslado de todas las actuaciones para estudiar, si procediera, "la práctica de aquellas diligencias que puedan conducir al mejor éxito de la acción y la debida cuantificación de los daños".
El letrado de la UCM adjunta al escrito la resolución del rector Joaquín Goyache por la que se autoriza el ejercicio de la acción civil por parte de la universidad en la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado desde abril de 2024.
PEINADO VE A LA UCM COMO "PERJUDICADA"
La Complutense se pronuncia así después de que el instructor señalara el pasado 3 de octubre que debía considerarse a la universidad como "perjudicada" en la causa en la que se investiga el delito de apropiación indebida, "en concreto de un supuesto 'software', cuya financiación estaba destinada para que fuera a favor de la UCM".
Aunque en junio de 2024 el propio Peinado rechazó que la institución educativa se personara como acusación particular, al considerar que en ese momento no constaba que hubiese podido sufrir una perjuicio económico; en un movimiento de última hora, el juez dio la opción a la universidad para que se personara como perjudicada al
El juez, además, citó a la universidad para que estuviera presente en la vista que celebró el 6 de octubre en la que informó a Begoña Gómez, a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés de que, si van a juicio, serán juzgados por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal conformado por jueces.
En aquella vista, las defensas pidieron al juez que archive la investigación que dirige contra ellos por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. La Fiscalía también pidió el archivo al descartar, entre otras cuestiones, que Begoña Gómez se haya apropiado indebidamente del 'software' de la Complutense.
MÁS DE MEDIO MILLÓN DE EUROS EL VALOR DEL 'SOFTWARE'
Por su parte, las acusaciones populares, dirigidas por Hazte Oír, reclamaron al instructor que siguiera adelante con la causa y que citara a declarar como testigo al jefe del Ejecutivo por la línea de investigación relativa a la presunta apropiación del 'software' de la UCM.
Entre sus argumentos, además, resaltaron el "'know-how' generado en el marco de la cátedra" y la "estructura creada" en torno al 'software', elementos que a su juicio "constituyen un capital intelectual e institucional susceptible de explotación comercial y académica, cuya apropiación indebida priva a la Universidad de un activo estratégico".
Según estimaron las acusaciones populares, el valor económico del 'software' vinculado a la cátedra y su ecosistema supera con creces el medio millón de euros" si se tiene en cuenta "la inversión directa" y "el potencial de explotación del 'know-how' acumulado, la legitimación institucional derivada de la participación de Google, Telefónica e Indra, y la capacidad de escalar el producto, habiendo la investigada Gómez presentado el sistema en diferentes foros".
"Desde esta óptica, resulta jurídicamente indudable que nos hallamos ante un bien patrimonial de alto valor, cuya apropiación indebida a través de su explotación bajo titularidad privada (Transforma TSC, S.L. y el dominio 'transformatsc.org') genera un perjuicio directo para la Universidad Complutense y constituye un indicio sólido de ánimo de lucro y apoderamiento ilícito", expusieron.
Y, al hilo, incidieron en que "se utilizó de manera consciente la misma denominación y conceptualización que el Máster, la Cátedra y el dominio web, en un entramado de nomenclaturas que, sin lugar a duda, generan una confusión clara y evidente".
BEGOÑA NEGÓ IRREGULARIDADES
A lo largo del año y medio que lleva la investigación, Gómez ha negado que hubiese cometido un delito de apropiación indebida de marca al inscribir el logo 'TSC Transformación Social Competitiva' y el 'software' de la cátedra que fue financiado por empresas en el marco de la cátedra de la UCM.
Del mismo modo, la esposa del presidente del Gobierno ha descartado delito alguno en la inscripción del dominio de Internet transforma.org y ha explicado que fue la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense la que le indicó cómo podía registrarlo.
Además, ha negado que hubiese actuado con ánimo de lucro y ha defendido que no recibió retribución alguna por estar al frente de la cátedra de la UCM.
![[Img #165258]](https://madridpress.com/upload/images/10_2025/9305_bg.jpg)
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de la UCM sostiene que adopta esta decisión para ejercer la acción civil con el fin de reparar el daño presuntamente causado a la casa de estudios.
"Considerando que los hechos de investigación pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos para los intereses de la Universidad Complutense de Madrid, vengo a personarme, en concepto de perjudicado, para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado a la administración universitaria en el marco del procedimiento incoado", apunta el letrado.
Al hilo, la universidad solicita al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que le dé traslado de todas las actuaciones para estudiar, si procediera, "la práctica de aquellas diligencias que puedan conducir al mejor éxito de la acción y la debida cuantificación de los daños".
El letrado de la UCM adjunta al escrito la resolución del rector Joaquín Goyache por la que se autoriza el ejercicio de la acción civil por parte de la universidad en la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado desde abril de 2024.
PEINADO VE A LA UCM COMO "PERJUDICADA"
La Complutense se pronuncia así después de que el instructor señalara el pasado 3 de octubre que debía considerarse a la universidad como "perjudicada" en la causa en la que se investiga el delito de apropiación indebida, "en concreto de un supuesto 'software', cuya financiación estaba destinada para que fuera a favor de la UCM".
Aunque en junio de 2024 el propio Peinado rechazó que la institución educativa se personara como acusación particular, al considerar que en ese momento no constaba que hubiese podido sufrir una perjuicio económico; en un movimiento de última hora, el juez dio la opción a la universidad para que se personara como perjudicada al
El juez, además, citó a la universidad para que estuviera presente en la vista que celebró el 6 de octubre en la que informó a Begoña Gómez, a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés de que, si van a juicio, serán juzgados por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal conformado por jueces.
En aquella vista, las defensas pidieron al juez que archive la investigación que dirige contra ellos por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. La Fiscalía también pidió el archivo al descartar, entre otras cuestiones, que Begoña Gómez se haya apropiado indebidamente del 'software' de la Complutense.
MÁS DE MEDIO MILLÓN DE EUROS EL VALOR DEL 'SOFTWARE'
Por su parte, las acusaciones populares, dirigidas por Hazte Oír, reclamaron al instructor que siguiera adelante con la causa y que citara a declarar como testigo al jefe del Ejecutivo por la línea de investigación relativa a la presunta apropiación del 'software' de la UCM.
Entre sus argumentos, además, resaltaron el "'know-how' generado en el marco de la cátedra" y la "estructura creada" en torno al 'software', elementos que a su juicio "constituyen un capital intelectual e institucional susceptible de explotación comercial y académica, cuya apropiación indebida priva a la Universidad de un activo estratégico".
Según estimaron las acusaciones populares, el valor económico del 'software' vinculado a la cátedra y su ecosistema supera con creces el medio millón de euros" si se tiene en cuenta "la inversión directa" y "el potencial de explotación del 'know-how' acumulado, la legitimación institucional derivada de la participación de Google, Telefónica e Indra, y la capacidad de escalar el producto, habiendo la investigada Gómez presentado el sistema en diferentes foros".
"Desde esta óptica, resulta jurídicamente indudable que nos hallamos ante un bien patrimonial de alto valor, cuya apropiación indebida a través de su explotación bajo titularidad privada (Transforma TSC, S.L. y el dominio 'transformatsc.org') genera un perjuicio directo para la Universidad Complutense y constituye un indicio sólido de ánimo de lucro y apoderamiento ilícito", expusieron.
Y, al hilo, incidieron en que "se utilizó de manera consciente la misma denominación y conceptualización que el Máster, la Cátedra y el dominio web, en un entramado de nomenclaturas que, sin lugar a duda, generan una confusión clara y evidente".
BEGOÑA NEGÓ IRREGULARIDADES
A lo largo del año y medio que lleva la investigación, Gómez ha negado que hubiese cometido un delito de apropiación indebida de marca al inscribir el logo 'TSC Transformación Social Competitiva' y el 'software' de la cátedra que fue financiado por empresas en el marco de la cátedra de la UCM.
Del mismo modo, la esposa del presidente del Gobierno ha descartado delito alguno en la inscripción del dominio de Internet transforma.org y ha explicado que fue la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense la que le indicó cómo podía registrarlo.
Además, ha negado que hubiese actuado con ánimo de lucro y ha defendido que no recibió retribución alguna por estar al frente de la cátedra de la UCM.
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