Peinado la cita a comparecer el lunes para informarle de su decisión

Un jurado popular juzgará a Begoña Gómez por los cinco delitos si va a juicio

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, será juzgada por un jurado popular por todos los delitos por los que la está investigando --tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo--, no solo por la supuesta malversación, si el caso llega a juicio.

 

Así lo ha acordado en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado este mismo jueves en el que le cita a comparecer para informarle de su decisión el próximo lunes 6 de octubre.

 

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid se ha pronunciado de la misma forma respecto a la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Según señala en su resolución, los tres investigados "deberán comparecer necesariamente asistidos de su letrado" para ser informados.

 

Peinado ha acordado transformar las diligencias de investigación de la pieza principal del conocido como 'caso Begoña Gómez' para que, en caso de que sea enviada a juicio, sea juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no un tribunal compuesto por jueces.

 

Cabe recordar que el juez abrió la pieza principal en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios, como el investigado Juan Carlos Barrabés, que se presentaban a licitaciones públicas.

 

Por dichos hechos, el instructor imputó a Gómez presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Es por este último delito que el juez entiende que todo el caso debe ser juzgado por un jurado popular, porque está incluido en la lista de delitos que son competencia exclusiva del tribunal del jurado y arrastra al resto a ser juzgados bajo la misma fórmula.

 

Tras abrir la pieza principal, el juez fue abriendo nuevas ramas de investigación consecuencia de otra querella presentada por Vox por presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigía Gómez. En este punto, el instructor imputó a la esposa de Pedro Sánchez los presuntos delitos de apropiación indebida de marca e intrusismo.

 

LA AUDIENCIA DE MADRID VIO SIGNIFICATIVA LA RELACIÓN DE GÓMEZ-BARRABÉS

 

En octubre de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid avaló que Peinado investigara a Gómez por los hechos que se circunscriben a los contratos adjudicados a Barrabés que se encuentran bajo sospecha --aquellos que no fueron sufragados con fondos europeos y que no están siendo investigados en la Fiscalía Europea--, así como los hechos relativos a la cátedra.

 

El órgano consideró "llamativa" y "verdaderamente significativa" la "variación, cuantitativa y cualitativa", que experimentó "la relación de las empresas del grupo Barrabés con la administración pública en proximidad temporal con la obtención de la cátedra y despegue de los masters".

 

Así las cosas, dio su visto bueno a que Peinado siguiera investigando "otras conductas relacionadas con otras empresas y entidades respecto de la creación, ideación, promoción, implementación y desarrollo de la cátedra y los másteres asociados".

 

No obstante, la esposa de Sánchez y la asesora de Moncloa están a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid conteste a los recursos que presentaron contra la formación de la pieza separada relativa a la malversación, así como contra la imputación por malversación y la decisión de juzgar dicho delito con un jurado popular.

 

BEGOÑA NEGÓ IRREGULARIDADES

 

En año y medio de investigación, Begoña Gómez ha sido citada a declarar en cuatro ocasiones. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a guardar silencio; en la tercera y cuarta citación optó por contestar únicamente a las preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.

 

La esposa de Pedro Sánchez se desvinculó de los contratos adjudicados a Barrabés. Aunque reconoció que firmó dos cartas de recomendación que, según dijo, son habituales para procesos de contratación pública, insistió en que las misivas no apoyaban a la UTE que conformaba al 50% una empresa de Barrabés, sino que destacaban la importancia del proyecto que se licitaba.

 

Asimismo, recalcó que otras instituciones y administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Madrid, y grandes tecnológicas, como Microsoft o IBM, firmaron la misma carta modelo.

 

Gómez también negó que hubiese cometido un delito de apropiación indebida de marca al inscribir el logo 'TSC Transformación Social Competitiva' y el 'software' de la cátedra que fue financiado por empresas en el marco de la cátedra de la UCM. Del mismo modo, descartó delito alguno en la inscripción del dominio de Internet transforma.org y explicó que fue la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense la que le indicó cómo podía registrarlo.

 

Además, negó que hubiese actuado con ánimo de lucro y recordó que no recibió retribución alguna por estar al frente de la cátedra de la UCM. Respecto a la acusación de malversación, su defensa ha negado que se le pueda atribuir dicho delito al no ser una funcionaria pública y ha insistido en que su asesora en Moncloa, además de cumplir con sus funciones, le ha realizado algún "favor" excepcional, como enviar un correo a Reale sobre el patrocinio de la cátedra, lo que no considera delito.

 

LA PIEZA SEPARADA DE MALVERSACIÓN

 

Ya el pasado 25 de septiembre, el juez adoptó la misma decisión de transformar las diligencias de la pieza separada, en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa y si ésta desempeñó funciones privadas para Gómez, para que sea juzgada por jurado popular.

 

En dicha pieza solo figuran como investigados Gómez, Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por su etapa como 'número dos' de Presidencia durante la designación de la asesora de Moncloa.

 

Al transformar las diligencias relativas a la malversación, Peinado citó a Gómez, a Álvarez y a Martín Aguirre a comparecer el pasado sábado. Los tres investigados optaron por no acudir presencialmente y enviar a sus letrados en representación. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, en dicha vista las defensas rechazaron las acusaciones y mostraron su oposición a ser juzgados por un jurado popular.

 

Gómez, Álvarez y Martín Aguirre están pendientes de que el juez responda en un auto a las alegaciones que plantearon el sábado sus defensas, así como la Fiscalía --que también mostró su oposición al juicio con jurado y pidió el archivo-- y las acusaciones populares --que pidieron las testificales del presidente del Gobierno y del ministro Félix Bolaños--.