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Martes, 30 de Septiembre de 2025
Recomienda expedir resoluciones provisionales
El Defensor del Pueblo reclama más personal ante los "retrasos" en la valoración de la discapacidad
El Defensor del Pueblo ha pedido a la Comunidad de Madrid "dotar adecuadamente" de personal a los equipos multiprofesionales de valoración y crear nuevos equipos ante los "retrasos" en la tramitación de los expedientes de valoración y revisión del grado de discapacidad en la región.
Así lo ha manifestado en un escrito remitido a la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Madrid (Famma-Cocemfe Madrid), al que ha tenido acceso Europa Press, en el que traslada su preocupación por la situación.
En este sentido, la adjunta primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ha recomendado al Gobierno regional aprobar "con urgencia" el desarrollo normativo que regule tanto la composición y funciones de los equipos como el procedimiento de valoración.
Asimismo, ha planteado establecer criterios objetivos para priorizar expedientes urgentes y garantizar la tramitación en los plazos legales y posibilitar valoraciones telemáticas con garantías, mejorar el acceso de los equipos a la información clínica y social, e informar de forma transparente a los solicitantes sobre los tiempos de espera.
Por otro lado, ha recomendado expedir resoluciones provisionales que mantengan los derechos de las personas en los casos de revisión de grado, mientras se resuelve el expediente definitivo.
El Defensor del Pueblo también ha recordado a la Comunidad de Madrid "su deber legal de dictar y notificar" las resoluciones dentro del plazo de seis meses establecido por la normativa, y ha recalcado que "ya se han emitido varios recordatorios de esta obligación a lo largo del año".
"Este pronunciamiento del Defensor del Pueblo es un respaldo inequívoco a nuestra denuncia y a la voz de los miles de personas que sufren los retrasos injustificados. Ahora exigimos a la Comunidad de Madrid que cumpla las recomendaciones y ponga en marcha medidas inmediatas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad", ha pedido el presidente de Famma, Francisco Javier Font.
CONVENIO PARA AGILIZAR EL PROCESO
Tal y como avanzó la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate del Estado de la Región, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales buscará agilizar la tramitación de solicitudes para valorar el grado de discapacidad.
Para ello, la Consejería que encabeza Ana Dávila va a firmar próximamente un convenio con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid para que preste el apoyo necesario a los profesionales de la red pública que atienden en sus diez centros base.
Con esta medida, que contará con una inversión de 2,3 millones de euros, el Gobierno de Ayuso pretende alcanzar los 80.000 reconocimientos anuales, un 33% más que hasta ahora, entre nuevas valoraciones, renovaciones y revisiones de grado.
Además, a lo largo de 2026 se crearán dos nuevos centros base, en la Sierra Noroeste y el sur de la región, hasta alcanzar los 12; se va a reforzar la plantilla del personal administrativo, y se continuará incorporando a los equipos otros profesionales sanitarios como fisioterapeutas para agilizar los reconocimientos, ante la escasez de médicos que afecta a toda España.
![[Img #165122]](https://madridpress.com/upload/images/09_2025/9239_discapacidad2.png)
Así lo ha manifestado en un escrito remitido a la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Madrid (Famma-Cocemfe Madrid), al que ha tenido acceso Europa Press, en el que traslada su preocupación por la situación.
En este sentido, la adjunta primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ha recomendado al Gobierno regional aprobar "con urgencia" el desarrollo normativo que regule tanto la composición y funciones de los equipos como el procedimiento de valoración.
Asimismo, ha planteado establecer criterios objetivos para priorizar expedientes urgentes y garantizar la tramitación en los plazos legales y posibilitar valoraciones telemáticas con garantías, mejorar el acceso de los equipos a la información clínica y social, e informar de forma transparente a los solicitantes sobre los tiempos de espera.
Por otro lado, ha recomendado expedir resoluciones provisionales que mantengan los derechos de las personas en los casos de revisión de grado, mientras se resuelve el expediente definitivo.
El Defensor del Pueblo también ha recordado a la Comunidad de Madrid "su deber legal de dictar y notificar" las resoluciones dentro del plazo de seis meses establecido por la normativa, y ha recalcado que "ya se han emitido varios recordatorios de esta obligación a lo largo del año".
"Este pronunciamiento del Defensor del Pueblo es un respaldo inequívoco a nuestra denuncia y a la voz de los miles de personas que sufren los retrasos injustificados. Ahora exigimos a la Comunidad de Madrid que cumpla las recomendaciones y ponga en marcha medidas inmediatas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad", ha pedido el presidente de Famma, Francisco Javier Font.
CONVENIO PARA AGILIZAR EL PROCESO
Tal y como avanzó la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate del Estado de la Región, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales buscará agilizar la tramitación de solicitudes para valorar el grado de discapacidad.
Para ello, la Consejería que encabeza Ana Dávila va a firmar próximamente un convenio con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid para que preste el apoyo necesario a los profesionales de la red pública que atienden en sus diez centros base.
Con esta medida, que contará con una inversión de 2,3 millones de euros, el Gobierno de Ayuso pretende alcanzar los 80.000 reconocimientos anuales, un 33% más que hasta ahora, entre nuevas valoraciones, renovaciones y revisiones de grado.
Además, a lo largo de 2026 se crearán dos nuevos centros base, en la Sierra Noroeste y el sur de la región, hasta alcanzar los 12; se va a reforzar la plantilla del personal administrativo, y se continuará incorporando a los equipos otros profesionales sanitarios como fisioterapeutas para agilizar los reconocimientos, ante la escasez de médicos que afecta a toda España.
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