Busca la "máxima seguridad" de las vías y los edificios

La Comunidad monitorizará a diario la Línea 7B de Metro cuando reabra

La Línea 7B de Metro tiene previsto reabrir en su totalidad el próximo mes de noviembre tras más de tres años sin servicio y después de acumular nueve cierres desde su inauguración en 2007 y, con el objetivo de alcanzar las "máximas garantías de seguridad", la Comunidad de Madrid ha previsto seguir realizando labores de vigilancia y monitorización diaria tanto de la vía como del terreno y las edificaciones.

 

En concreto, la L7B recuperará la totalidad del servicio a finales de noviembre, con la reapertura entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares, y lo hará "con todas las garantías de seguridad" y "con el mayor rigor técnico", según ha apuntado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en un desayuno informativo en la Consejería.

 

Actualmente, el Gobierno regional está acometiendo los últimos detalles para poder recuperar el servicio. Hasta que reabra toda la línea en noviembre, se están realizando trabajos de renovación, solado y actuaciones menores, así como labores de inspección por parte de Metro de todas las instalaciones y finalmente, pruebas para la explotación ferroviaria.

 

En este marco, el Ejecutivo regional también ha previsto medidas de seguimiento y de monitorización diaria para garantizar la seguridad, con 511 elementos y cinco estaciones robotizadas en la zona que facilitarán datos diariamente sobre su estado actual.

 

Una vigilancia, una computación y una estabilización, no solamente de la vía, sino también del terreno y de la edificación, gracias a dos contratos por un importe total de 8,2 millones de euros, según ha explicado el director general de Infraestructuras de Transporte Colectivo de la Comunidad, Miguel Núñez.

 

El primero de ellos, de seguimiento y auscultación de la instalación, por valor de 2,5 millones de euros, al que se une otro por valor de 6 millones adjudicado a finales de 2024 de conservación y mantenimiento de la infraestructura.

 

De este modo, ante cualquier tipo de incidencia, se puede actuar de manera inmediata sin necesidad de recurrir a contratos de urgencia o emergencia. Además, estos dos contratos se complementará con una comprobación de los datos vía sátelite gracias al convenio firmado con la Universidad Política de Madrid.

 

En concreto, este convenio contempla la realización de estudios y análisis con datos satelitales de movimientos del terreno y edificaciones en las inmediaciones de las trazas de los túneles de Metro de Madrid en los términos municipales de Coslada y San Fernando de Henares.

 

Así, se examinará la evolución de los movimientos del terreno, edificaciones e infraestructuras en dichos municipios utilizando tecnología InSAR satelital --Interferometría Radar de Apertura Sintética-- en superficie a lo largo del tiempo en el entorno próximo al túnel de la línea 7B de Metro y su comparativa con otras zonas adyacentes.

 

COMPLETADO EL PLAN INTEGRAL DE LA 7B

 

En cualquier caso, los trabajos de seguimiento técnico continuo en el terreno previos han confirmado que desde febrero de 2023 ya no hay movimientos en el terreno, tras haber inyectado más de 11.000 toneladas de mortero. De esta forma, la Comunidad de Madrid ha completado las obras del Plan Integral de la Línea 7B, iniciado en 2022, con una inversión de más de 120 millones de euros.

 

En este sentido, Rodrigo ha recalcado que desde el primer momento ha sido una prioridad del Gobierno regional la atención a los vecinos "que tuvieron que vivir una difícil situación" por estas obras de ampliación de la 7B de Metro en San Fernando de Henares y Coslada y ha adelantado su intención de seguir colaborando "para continuar solventando esos problemas que pueden llegar a existir en algún momento puntual respecto los pagos que se están realizando de la reclamaciones patrimoniales".

 

Hasta el momento, la Comunidad ha pagado 11,5 millones de euros en los más de 80 expedientes de responsabilidad patrimonial tramitados. Actualmente, hay 37 denuncias agrupadas en el Tribunal Superior de Justicia para reclamar incrementos en las compensaciones. El pasado mes de junio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Madrid dio la razón a un afectado por un garaje y ordenó incrementar la indemnización por los daños ocasionados.

 

Precisamente, este ha sido uno de los principales motivos de consulta que los afectados han realizado en el último año en la Oficina de Atención a los afectados habilitada en 2022, que ha recibido un total de 1.650 consultas. El Gobierno regional ya ha avanzado que renovará el contrato para que siga prestando esa asistencia más allá de principios de 2026.

 

Asimismo, el Ejecutivo autonómico estableció una línea de ayudas para pymes y empresarios individuales de los sectores comercial y de servicios afectados por las obras de la 7B, para cubrir las inversiones en infraestructuras y equipamientos para aquellos establecimientos perjudicados en su normal funcionamiento, con el objetivo de contribuir a la recuperación y revitalización de sus negocios. La dotación económica fue de 500.000 euros.

 

COMPLEJO DOTACIONAL EL PILAR

 

En paralelo a estas actuaciones, el Ejecutivo madrileño continúa trabajando en la construcción de un nuevo parque urbano de 12.000 metros cuadrados que estará ubicado en el antiguo emplazamiento del complejo dotacional El Pilar. Las obras comenzaron en enero y se prolongarán hasta el primer trimestre de 2026.

 

En una primera fase, se acondicionarán las calles limítrofes con nuevos pavimentos garantizando la supresión de barreras y al mismo tiempo, dando prioridad al peatón sobre el vehículo. En la segunda, se construirá una zona infantil con columpios y áreas de juegos, además de incorporar una instalación para la práctica de calistenia, adaptadas a diferentes edades.

 

En cuanto a la construcción de nuevos edificios públicos para albergar los servicios públicos a la ciudadanía que se prestaban en inmuebles que fueron derribados en San Fernando, desde la Comunidad se ha alegado falta de terreno público, tanto por parte de la Administración local como regional.