El purgatorio del fiscal
Garcia Ortiz, el Fiscal General del Estado, que lleva viviendo meses de purgatorio por haber, supuestamente, filtrado datos del novio de Ayuso referidos a su presunto fraude fiscal, se enfrenta ahora al banquillo. Tan seguro está el juez Hurtado de su presunta culpabilidad que, saltándose la doctrina del Tribunal Constitucional, le ha impuesto una fianza de ciento cincuenta mil euros para cubrir la multa que supondría su condena.
Dando por hecho que va a ser condenado. Convertido en el pin pan pun de la la batalla política entre el PSOE, que le defiende a ultranza y el PP que le querría en el exilio, cabe preguntarse si merece la pena su resistencia a abandonar el cargo, cuando la crispación política ha hecho desaparecer la presunción de inocencia.
Es lógico que él defienda, incluso en el acto de apertura del año judicial, que no ha cometido ningún delito. Pero, resulta inexplicable que un experto jurista, como se le supone, borrara todas las llamadas y mensajes de su móvil, justo en las fechas de los hechos que se le imputan. Contribuyendo así a la sospecha de que actuó para favorecer al Gobierno que le nombró y no a la Fiscalía que representa.
En cualquier caso, su nombre y su trayectoria van a quedar en la historia de la Justicia patria como la primera vez que el máximo representante de la Fiscalía se sentó en un banquillo. Es difícil que esta imagen no le persiga en su vida profesional, cuando deje el cargo.
Pero también el daño a una institución, que ya Pedro Sánchez se ocupó de recordar de quién depende. Por eso la reforma legislativa, que quiere que sean los fiscales y no los jueces los que realicen las instrucciones en los procesos, despierta tantas suspicacias. La separación de poderes es la seña de identidad de un Estado democrático y en el mundo convulso que estamos viviendo hay cientos de ejemplos de como mandatarios como Trump, por poner un ejemplo, confían en que un Tribunal Supremo, con mayoría de magistrados nombrados por él, ratifique sus decisiones al margen de la Ley.
Si el curso político, que ha empezado con una nueva sesión bronca en el Congreso de los Diputados, se presenta plagado de incertidumbres, entre ellas la aprobación de los presupuestos, el curso judicial no le anda a la zaga. Los enfrentamientos entre los sectores conservador y progresista de la magistratura llegan hasta las salas de vistas del Supremo. Y que decir del Tribunal Constitucional.
En cuanto a Garcia Ortiz, muchos pensamos que es mejor marcharse que pasar por esto.
Dando por hecho que va a ser condenado. Convertido en el pin pan pun de la la batalla política entre el PSOE, que le defiende a ultranza y el PP que le querría en el exilio, cabe preguntarse si merece la pena su resistencia a abandonar el cargo, cuando la crispación política ha hecho desaparecer la presunción de inocencia.
Es lógico que él defienda, incluso en el acto de apertura del año judicial, que no ha cometido ningún delito. Pero, resulta inexplicable que un experto jurista, como se le supone, borrara todas las llamadas y mensajes de su móvil, justo en las fechas de los hechos que se le imputan. Contribuyendo así a la sospecha de que actuó para favorecer al Gobierno que le nombró y no a la Fiscalía que representa.
En cualquier caso, su nombre y su trayectoria van a quedar en la historia de la Justicia patria como la primera vez que el máximo representante de la Fiscalía se sentó en un banquillo. Es difícil que esta imagen no le persiga en su vida profesional, cuando deje el cargo.
Pero también el daño a una institución, que ya Pedro Sánchez se ocupó de recordar de quién depende. Por eso la reforma legislativa, que quiere que sean los fiscales y no los jueces los que realicen las instrucciones en los procesos, despierta tantas suspicacias. La separación de poderes es la seña de identidad de un Estado democrático y en el mundo convulso que estamos viviendo hay cientos de ejemplos de como mandatarios como Trump, por poner un ejemplo, confían en que un Tribunal Supremo, con mayoría de magistrados nombrados por él, ratifique sus decisiones al margen de la Ley.
Si el curso político, que ha empezado con una nueva sesión bronca en el Congreso de los Diputados, se presenta plagado de incertidumbres, entre ellas la aprobación de los presupuestos, el curso judicial no le anda a la zaga. Los enfrentamientos entre los sectores conservador y progresista de la magistratura llegan hasta las salas de vistas del Supremo. Y que decir del Tribunal Constitucional.
En cuanto a Garcia Ortiz, muchos pensamos que es mejor marcharse que pasar por esto.
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