Un fiscal ante el banquillo

El barco en medio de la tormenta. No estamos ante el juicio contra un fiscal que puede dejar de serlo -aunque el caso, como decía, no tiene precedentes- el problema añadido es el agua que desplaza el caso, el limo de acritud, incluso de odio que procede de uno y otro bando. El barco en medio de la tormenta. Todo a babor o todo a estribor, no hay término medio.

 

García Ortiz está siendo investigado en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Se investiga su presunta responsabilidad en la difusión de información confidencial sobre un fraude fiscal que afecta a un ciudadano (Alberto González Amador) novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero el asunto tiene una derivada que hace de este caso una suerte de bomba de relojería porque, según las informaciones que se han ido conociendo, la filtración está bajo indicios muy fundados de que podría haber actuado siguiendo indicaciones de La Moncloa.

 

El núcleo del caso remite en sí mismo a lo peor de la política. Al manejo del poder para perjudicar a los rivales políticos. En este caso una dirigente muy señalada del Partido Popular. Ni que decir tiene que el fiscal se declara inocente. Inocencia que también proclama el presidente del Gobierno, en una insólita intromisión en el ámbito judicial que ha sido muy criticada por la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales por el carácter intimidatorio que se deriva de una afirmación de la que se infiere una acusación de prevaricación.

 

El fiscal puede acabar sentado en el banquillo. Puede ser condenado e inhabilitado o puede ser absuelto, pero parece que nadie va a esperar. El caso está instalado en el solar de la política y unos y otros ya tienen sentencia. Arranca así la segunda parte de una legislatura que no augura más que crispación a resultas de la abultada serie de casos llamados a convertir en crónica política la que, en principio, solo debería ser crónica de tribunales.