Un Gobierno sin proyecto

El presidente del Gobierno, cuya imagen personal y polìtica está cada vez más deteriorada, insiste en seguir hasta 2027 aun a sabiendas de que no tiene un proyecto que ofrecer, que sólo puede conseguir lo que sus socios le permitan o le exijan y que en la cuesta abajo está arrastrando a su partido hacia un agujero negro que puede ser fatal para el socialismo español y para España durante muchos años.

 

Esta semana hemos aprendido algunas cosas. La primera, que el Gobierno y su partido están dispuestos a acabar con la independencia judicial mediante la hostilidad, el acoso y el descrédito constante de los jueces y de sus decisiones, el mantenimiento y exhibición contra toda lógica democrática de un fiscal general al borde del banquillo, la desobediencia a los requerimientos de la Unión Europea y una reforma legal que empeorará la difícil situación de una justicia sin medios suficientes y lastrada por medidas para rebajar las exigencias en el acceso a la carrera judicial. Que el presidente del Gobierno y sus lacayos reiteren que "hay jueces haciendo polìtica" -los que están fiscalizando e instruyendo causas contra su mujer, su hermano, su fiscal general o los números dos del PSOE, casualmente- mientras coloca a sus peones en el Tribunal Constitucional para asegurarse el control de sus decisiones es una falacia y un inaceptable ataque al Estado de Derecho y a la separación de poderes.

 

Que el líder de la oposición no haya ido a la esperpéntica apertura del año judicial es un error grave, un feo a la figura del Rey y un arma para sus adversarios. No debería tener miedo a los extremos y sí avanzar en un programa coherente y con propuestas atrayentes.

 

Que el presidente de la Generalitat, después de recibir del Gobierno una quita de la deuda autonómica por 17.000 millones, haya ido a Bruselas como enviado de Sánchez a recibir con "normalidad" y con todos los honores a Puigdemont en la delegación de la Generalitat y a ofrecerle sus respetos y mendigarle sus votos en el Congreso de los Diputados -como antes hicieron Zapatero, Santos Cerdán, la vicepresidenta Díaz- es una deslealtad democrática y un respaldo para quien intentó dar un golpe de estado, huyó cobardemente y hoy es un prófugo de la justicia.

 

Que este Gobierno no tiene proyecto lo demuestra también su incapacidad para presentar y aprobar unos Presupuestos en toda una Legislatura y tener que seguir gobernando con los de 2023. No sólo es insólito sino también inconstitucional. No tener presupuestos significa no tener un techo de gasto consolidado ni partidas para atender las necesidades urgentes y los problemas nuevos -que no son los de 2023, lógicamente- y andar haciendo trapicheos -que me da la sensación de que la oposición no se molesta en controlar- para pasar fondos de unas partidas a otras, lo que además de ser de dudosa legalidad es ineficiente. Por eso hay ministros que se dedican a tuitear en lugar de atender sus responsabilidades y arreglar los problemas de infraestructuras y el mal funcionamiento de los trenes que dependen de él. 

 

El fracaso de las políticas de vivienda, agricultura, inmigración, industria, orden público y prisiones, educación, empleo, cultura, defensa, etcétera y la larga lista de ministros sin nada que hacer tiene sus raíces en un presidente y un Gobierno que no tienen nada que ofrecer y que sólo piensan en sobrevivir. Y esa batalla temeraria, sin medios ni fuerzas para lograr lo que pretende, no puede acabar en victoria sino en fracaso y en suicidio. Al tiempo.