Viajar a buen precio, en el aire

La aerolínea, que es líder en tráfico de pasajeros en España, acusa al gestor aeroportuario de actuar con "voracidad recaudatoria" tras anunciar una subida del 6,62% en sus tarifas a partir de 2026. Y no solo amenaza con reducir su oferta de asientos, sino también con encarecer los billetes. 

 

El daño no afecta únicamente a los potenciales viajeros, también es un duro golpe al turismo. De hecho, expertos del sector ya hablan de que va a costar renovar las cifras que hemos tenido este verano y que llegar a los 100 millones de visitantes se aleja. Parece una broma de mal gusto que Aena, consciente de lo que supone para España el turismo, tanto en términos de ingresos como de empleo, haya decidido penalizar a las aerolíneas y a los pasajeros. La patronal del sector ya ha mostrado su preocupación y ha advertido de que se van a encarecer los viajes, con lo que la factura de Aena se traslada a los consumidores. El gestor aeroportuario, por supuesto, se justifica alegando la necesidad de mejorar las infraestructuras.

 

En todo caso, empobrecer a los ciudadanos y hacer inviable que miles y miles de españoles puedan viajar gracias a los precios bajos que se pagan en las aerolíneas "low cost" es ya una política de este gobierno. Lo han hecho no deflactando la tarifa del IRPF, a pesar de la elevadísima inflación que hemos padecido los últimos años, o vanagloriarse de dar a muchas personas el Ingreso Mínimo Vital. Eso sin contar la voracidad de Hacienda, que lleva varios años de récord en recaudación fiscal. Mientras, no arreglan los problemas cotidianos. El principal, el acceso a la vivienda, que acaba de batir los precios de hace 18 años, en plena burbuja inmobiliaria. Tampoco parecen muy preocupados por el caos en el ferrocarril o el estado de las carreteras.

 

Se ha puesto sobre la mesa un dilema que, a mi modo de ver, tiene fácil solución. Sí que hay que mejorar las infraestructuras, pero se puede hacer con los fondos europeos y la brutal recaudación. Sin ir más lejos, tanto Aena, como Renfe o el propio Ministerio de Transportes están en los primeros puestos de la lista de mayores perceptores de esos fondos. Y, desde luego, mejorar las infraestructuras no tiene por qué dañar la competitividad de un sector que, hoy por hoy, está salvando la economía española.