Sensación de bochorno

Desde que se inició el procedimiento que culminará sentándole en el banquillo no han cesado las voces que desde las diferentes asociaciones de jueces y fiscales han reclamado su dimisión por entender que su situación de imputado afectaba a la apariencia de imparcialidad que debe ser seña de identidad de quien es el máximo representante del Ministerio Público.

 

Nadie le niega la presunción de inocencia, pero por una cuestión de decoro Álvaro García Ortiz debería haber dado un paso al lado presentando la dimisión. No lo ha hecho y su situación procesal salpica a la institución que encabeza. Un hecho que conecta con el sarcasmo si tenemos en cuenta que, a tenor de lo establecido en el estatuto que rige la carrera fiscal, el procesamiento de un fiscal apareja el cese automático en sus funciones. La norma afecta a todos los fiscales menos al fiscal general del Estado. Está claro que el legislador nunca pensó que podría llegarse a una situación como la que salpica el caso en este momento.

 

Y llegados a este punto se abre paso la derivada política del asunto: ¿por qué no dimite quien sabe mejor que nadie el daño que está causando a la institución que preside? Pues porque hay sobradas pistas de que sobre este asunto planea la sombra de la presunta implicación de La Moncloa en el origen de la filtración de los datos del caso que dio pie a la denuncia contra Álvaro García Ortiz por la presunta revelación del procedimiento judicial contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Justicia le han instado a que resista. ¿Por qué? Pues porque instándole a no dimitir, se protegen. O eso piensan . Estamos en la víspera de un escándalo. Uno más de los que jalonan esta legislatura. Lo malo es que parece que nos estamos acostumbrando.