"El problema que está surgiendo es que ahora muchos ayuntamientos españoles, bajo la bandera de la protección del medioambiente y de la seguridad vial han generado un multimillonario negocio de multas de dudosa legalidad, que no quieren devolver, e incluso las siguen cobrando ejecutivamente mediante el embargo de cuentas bancarias, a pesar de que el Tribunal Supremo ya ha confirmado su ilegalidad", denuncia el presidente de AEA, Mario Arnaldo.
Se refiere a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que anuló hace un año las ordenanzas que regulaban las ZBE en diversos municipios catalanes, como el de Barcelona o Cornellá.
Algo similar ha ocurrido en la capital, donde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció en el mismo sentido respecto de la Ordenanza de Movilidad de Madrid, si bien el ayuntamiento recurrió esta decisión ante el Tribunal Supremo.
La organización ha destacado el superávit en la recaudación de multas de circulación debido a estas sanciones. Así, por ejemplo, el ayuntamiento de Madrid ha formulado 2,5 denuncias por un valor económico cercano de los 500 millones de euros entre septiembre de 2021 y julio de 2024.
"El consistorio madrileño ha seguido una injustificada estrategia dilatoria para seguir cobrando unas multas de dudosa legalidad, a la espera de un más que probable resultado negativo del Tribunal Supremo, como ya ha ocurrido en el caso del Ayuntamiento de Barcelona o en el de Esplugues de Llobregat, añade Arnaldo.
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