Retirada de bajantes de amianto en comunidades de Madrid

 

Esta sustancia, fabricada con fibrocemento y amianto, fue vetada en España en 2002, pero de manera asombrosa aún forma parte de las tripas de edificios anteriores a ese año. Mientras el temor en las comunidades aumenta por la información disponible sobre los daños a la salud, la burocracia no siempre resulta clara; saber cómo y cuándo actuar genera confusión.

 

De hecho, muchos optan por contactar primero con fontaneros expertos en Madrid para aclarar dudas o incluso planear una modernización más allá de lo estrictamente legal. Por otra parte, no se puede ignorar el papel que juega la Comunidad de Madrid, ya que este organismo fomenta la actualización y retirada progresiva de materiales peligrosos para garantizar condiciones habitacionales más seguras. Es curioso cómo la presión normativa y la conciencia ciudadana van de la mano, a veces obligando a actuar incluso antes de que las leyes lo pidan expresamente.

 

 

Una pregunta que asalta a cualquier presidente de comunidad o propietario con mínima inquietud por el bienestar general suele ser la forma de detectar estos materiales en su edificio. El dato clave es el año de construcción: si el bloque se levantó antes de 2002, lo más sencillo es asumir que probablemente haya bajantes de uralita en algún rincón, aunque no las vea a simple vista. Esto es como cuando tu coche antiguo comienza a fallar; puede que no notes nada en el motor, pero el desgaste silencioso está ahí.

 

Por supuesto, quien busque certezas rápidas se topará con la realidad: ninguna base de datos pública, ni del Catastro ni de los ayuntamientos deMadrid, Móstoles o Alcorcón, señala con claridad si hay amianto en las tuberías. Así, la única “lupa” verdaderamente efectiva es la inspección técnica hecha por profesionales, que suele ser sencilla pero contundente. Es frustrante para muchos, aunque los expertos recomiendan no demorarla cuando hay sospechas.

 

 

Las leyes españolas no se andan con rodeos respecto al amianto, y la razón es muy clara: sus peligros para la salud son tan graves que el Ministerio para la Transición Ecológica ha impulsado serios controles y recomendaciones. Las comunidades tienen un peso legal nada desdeñable en sus hombros y pasar por alto el tema puede resultar, francamente, catastrófico si surge algún incidente.

 

 

El riesgo mayor aparece cuando la uralita ya ha cumplido su vida útil. Imagínelo como una cuerda que se va deshilachando y acaba esparciendo fibras invisibles en el aire del edificio. Inhalar esas fibras es una verdadera lotería negativa, provocando enfermedades extremadamente graves, de las que destacan:

 

En definitiva, si los materiales del edificio muestran signos de deterioro o si se observa polvo sospechoso en bajantes viejas, la retirada debe ser inmediata. Es un paso incómodo pero vital, pues cualquier retraso pone en juego la vida de ocupantes y operarios.

 

 

Por si fuera poco, desde su prohibición, ignorar los protocolos de retirada puede acarrear multas de hasta 600.000 euros: un castigo económico nada lejano para comunidades que actúen con desgana. Aunque la ley no obliga a una retirada masiva en todos los casos, sí exige intervención inmediata en obras o cuando el material se descompone, y de hecho, este aspecto preocupa especialmente a los administradores y gestores de finca que buscan evitar denuncias y litigios.

 

 

La retirada de bajantes con amianto no es tan sencilla como llamar a cualquier empresa de reformas: solo compañías inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) pueden encargarse legalmente del proceso. Además, elaborar un plan de trabajo específico y cumplir protocolos de seguridad rigurosos es obligatorio. Los restos, considerados residuos peligrosos, deben gestionarse bajo normativa estricta y transportarse a vertederos autorizados, lo que obliga a las comunidades a confiar en profesionales que no improvisan.

 

 

Sorprende, pero ni los portales de transparencia pueden considerarse una enciclopedia fiable: los datos sobre edificios afectados brillan por su ausencia. Sin embargo, cualquier ciudadano o representante de una comunidad puede iniciar una solicitud formal, explicando con detalle la información sobre bajantes de uralita con amianto en una calle o distrito determinado, aunque el éxito de la respuesta dependa de la precisión y paciencia con la que haya sido formulada la petición.

 

No disponer de información centralizada obliga a las comunidades a elegir entre la pasividad y la iniciativa, aunque cada vez más optan por la segunda opción. Además de proteger la salud colectiva, resolver el problema de las bajantes suele ser la excusa perfecta para modernizar gran parte de las instalaciones, atacando también de raíz averías viejas, fugas o malos olores, y de paso revalorizando la vivienda.

 

Con el eco de la ley y la presión social sumándose, a nadie escapa que informarse y contar con profesionales es la única vía eficaz para desterrar el amianto y dormir tranquilos. Al final, la responsabilidad de actuar (y el coste) recaen sobre los vecinos, pero la recompensa es vivir en hogares mucho más seguros y preparados para el futuro.