Empezará a aplicarse en Madrid en septiembre

El Plan Reside declara la guerra a las viviendas turísticas ilegales

El Ayuntamiento tiene constancia de 16.100 VUT, pero sólo el 7% funcionan con licencia

Miles de inspecciones, cientos de sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Madrid a partir de 30.000 euros y que pueden escalar hasta los 100.000, sentencias como la que hace pocos días instaba a poner fin a la actividad de una decena de pisos turísticos por vulnerar el derecho a la intimidad de una familia de la calle Toledo y el visto bueno que la Comunidad de Madrid dará en septiembre al Plan municipal Reside sumarán para que las más de 14.969 viviendas de uso turístico (VUT) ilegales dejen de hacer su agosto en la capital.

 

En toda la ciudad, de Centro a Puente de Vallecas, de Carabanchel a Tetuán, el sonido de las ruedas de las maletas es un denominador común que, como identifica el Ayuntamiento, se reactivó con el fin de la pandemia. En lo que no hay consenso es en el número de VUT en Madrid. Las últimas cifras aportadas por Cibeles indicaban que eran 16.100 viviendas turísticas pero sólo 1.131, apenas el 7%, funcionaban con licencia municipal. Esa cifra se eleva por parte de la vecindad y grupos políticos hasta las 25.000 anunciadas en plataformas.

 

El impacto de las VUT en el mercado residencial es palmario. Entre los años 2007 y 2024, la población censada en la ciudad de Madrid se ha incrementado un 9% (268.660 habitantes) pasando de 3.184.988 a 3.473.648. En el distrito Centro, con datos del Consistorio y teniendo en cuenta que los pisos turísticos representan el 42% de todas las viviendas turísticas de la ciudad, el crecimiento ha sido tres veces inferior al resto de la ciudad, con un incremento del 3,36 (4.743 habitantes).

 

"En Centro hay un turista alojado por cada dos residentes", indicaba el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente. Tampoco se queda atrás la destrucción del comercio: de 2015 a 2024, años en los que ha aplicado el Plan de Hospedaje de 2019 firmado por el equipo de Manuela Carmena, 3.306 locales se han transformado en viviendas o pisos turísticos.

 

SIN VUT DISPERSA EN CENTRO Y ACCESOS INDEPENDIENTES EN TODO MADRID

 

Plan Reside, esa es la respuesta del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para poner coto a la explosión de VUT ilegales en la ciudad. Los votos en solitario del PP aprobaron inicialmente en el Pleno de mayo una norma que busca "ordenar las VUT e impulsar el ámbito residencial", resumía Carabante.

 

Pone fin a los pisos turísticos dispersos en el cogollo histórico y extiende a toda la ciudad la obligatoriedad de contar con acceso independiente en pisos turísticos, que sólo podrán instalarse en planta sótano, baja o primera. El documento ya se elevó a la Comunidad de Madrid para su revisión y aprobación definitiva. "Queremos que haya pisos turísticos en la ciudad de Madrid porque hoy uno de cada tres turistas que duerma en Madrid lo hará en una VUT. Pero lo queremos sin perjudicar la convivencia, sin expulsar al residente", argumentaba Carabante.

 

Ya desde abril de 2024, antes de la aprobación inicial del Reside, el equipo de Almeida y Carabante activó un plan de acción que incluía la suspensión de las licencias para VUT y el endurecimiento del régimen sancionador porque "hoy en la ciudad de Madrid, por el desarrollo de una actividad ilegal, se podrán imponer hasta 190.000 euros de sanción por vivienda ilegal frente a los 6.000 raquíticos" del Plan de Hospedaje promovido por la izquierda.

 

Carabante se refería al plan puesto en marcha en forma de anillos por el Gobierno de Manuela Carmena en 2019, cuando las VUT ilegales en Madrid empezaban a crecer pero en un número todavía muy alejado de las que contabilizaba Barcelona, por ejemplo.

 

La diana la ha puesto el Gobierno municipal en las críticas de la izquierda. Desde Más Madrid creen que con esta concepción para abordar las VUT ilegales se "destruirán barrios y comercios" cifrando en 315.000 las viviendas que se transformarán en pisos turísticos en el centro. En esta línea, el PSOE sostiene que "no protege a los edificios residenciales de los especuladores", lo que provocará la "expulsión" de los vecinos. Por su parte, Vox cree que el plan "mejorará" el de Manuela Carmena, aunque critica que no se dé "un tratamiento homogéneo" en toda la ciudad.

 

Otro tira y afloja es el que el Ayuntamiento mantiene con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con Pablo Bustinduy al frente, que le envió una segunda remesa de miles de VUT ilegales identificadas en la ciudad a través de anuncios en plataformas como Airbnb y Booking, en total 3.582 publicaciones. El equipo de Carabante contestó asegurando que algunas se corresponden con localidades distintas a Madrid, 119 direcciones se duplican y 314 pisos turísticos ya se han dado de baja como tal en el registro de la Comunidad de Madrid. La primera carta enviada por Bustinduy recogía 16.335 viviendas de uso turístico.

 

PEQUEÑOS PROPIETARIOS EN PIE DE GUERRA

 

Con datos del Ayuntamiento, en lo que va de año se han recibido 943 denuncias, un 37,4% más que el ejercicio anterior, el 73,4% de vecinos. En 2024, del total de las 2.000 inspecciones realizadas se verificó que 448 viviendas se dedicaban al uso turístico. En este ejercicio, hasta mayo, se había ordenado el cese de 356 y logrado revertir 221 a uso residencial.

 

Los pequeños propietarios de pisos turísticos son otro de los colectivos a los que el Plan Reside no convence porque creen que "sólo favorece a los grandes fondos". "Somos familias, no fondos de inversión. Y nos están empujando fuera del sistema para entregárselo a ellos", han venido sosteniendo, al tiempo que apuntan a que "el 90% de las VUT de Madrid no están en manos de fondos ni grandes empresas sino de personas particulares y familias que utilizan su vivienda habitual o una segunda residencia como fórmula de jubilación, complemento de ingresos o incluso como único sustento económico".

 

Con independencia de si detrás de un piso turístico está un gran fondo de inversión o un pequeño propietario, vecinos de Madrid se han unido para dar contestación a los problemas que conlleva convivir con una VUT. La ola de pisos turísticos ilegales multiplica los conflictos entre los visitantes y la vecindad, que se ve expulsada de sus barrios por la imposibilidad de pagar los alquileres, unido a la inseguridad por el descontrol de copias de llaves del portal, el ruido, el trasiego de personas desconocidas a deshoras y la suciedad.

 

Hace algo más de dos años se puso en marcha la Oficina de Afectados por las Viviendas de Uso Turístico, con sede en la Asociación Vecinal La Corrala, en Lavapiés, una herramienta de autodefensa vecinal que ha constatado con su trabajo que este fenómeno ya no es, ni de lejos, algo restringido al centro de la ciudad sino que va de norte a sur y de este a oeste de Madrid.

 

Eso sí, el centro histórico se sigue llevando el premio gordo. Con datos del Ayuntamiento, el porcentaje de los pisos turísticos sobre el parque de viviendas se ha duplicado en 2024 respecto a 2017: en toda la ciudad representa el 1,07% (supone un incremento del 96,32%) pero en el distrito Centro este valor es casi ocho veces superior (con un aumento del 36,51%).

 

Los tribunales son otra de las puertas a las que llamar. Hace una semana se conocía una última sentencia, firmada por el Juzgado de Primera Instancia número 44, que ordenaba poner fin a la actividad de diez pisos turísticos. La afectada y denunciante era una familia, con hijos menores a su cargo, en un edificio de la calle Toledo.

 

Tuvieron que recurrir a la Justicia por el ruido que hacían los turistas. Los problemas de convivencia, recoge la sentencia, eran "notorios, no simples trastornos". El delegado Carabante, tras conocerla, ha animado a la ciudadanía a ir a los tribunales cuando las VUT ilegales "alteren sus derechos y la convivencia".